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Por Alfonso García Salaues y Marcelo Renjel Retamozo
Bolivia cierra 2025 con un déficit fiscal proyectado de 10,5 % del PIB —equivalente a Bs 36,540 millones—, el más alto desde la pandemia, financiado principalmente con recursos del Banco Central y de los fondos de pensiones. Implementar en este momento el modelo 50-50, que transferiría el 50% de los ingresos tributarios a departamentos y municipios, implicaría canalizar Bs 32,921 millones adicionales a las regiones —casi dos veces el costo anual del subsidio a hidrocarburos—, lo que dispararía el déficit a un insostenible 20% del PIB. Con reservas internacionales líquidas de apenas $us 170 millones y una deuda pública total de $us 44,060 millones (78.5% del PIB), la pregunta no es si Bolivia necesita descentralización fiscal, sino si puede costearla en este momento sin colapsar sus cuentas públicas.
Bolivia enfrenta una paradoja fiscal que amenaza su desarrollo: mientras el Estado gastó Bs 18,500 millones en 2025 (5.3% del PIB) subsidiando combustibles que benefician principalmente a los sectores que no los necesitan (empresas, clase media y personas de altos ingresos), los gobiernos departamentales controlan apenas el 0.5% de los ingresos públicos, convirtiéndolos en administradores de gasto sin capacidad de política fiscal propia. Esta situación plantea la necesidad de una transformación estructural que complementa el proceso de descentralización fiscal actual y lo mejora, creando un sistema fiscal progresivo, descentralizado y sostenible.
El actual Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) es un impuesto ineficiente que genera 971 millones de bolivianos anuales (0,28% del PIB) según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (BEIT 2024), pero su diseño presenta dos limitaciones críticas: recauda el 13% de los ingresos de las personas sin diferenciar por capacidad de pago y, además, una parte de ese porcentaje puede ser deducida mediante facturas.
Este impuesto debe ser reemplazado por un verdadero Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) con estructura progresiva y domiciliación territorial automática. Esta reforma es especialmente urgente porque Bolivia tiene el IRPF más bajo de América Latina (0,3% del PIB), apenas una sexta parte del promedio regional (1,8% del PIB), lo que evidencia un enorme margen fiscal para aumentar la recaudación sin afectar la competitividad.
El nuevo IRPF aplicaría tasas diferenciadas por niveles de ingreso: 0% hasta Bs 30.000 anuales (protegiendo a trabajadores de menores ingresos), 10% entre Bs 30.000 y Bs 100.000, 15% entre Bs 100.000 y Bs 300.000 y, 25% sobre ingresos superiores a Bs 300.000. Estas tasas son moderadas en comparación con otras de la región: Chile llega hasta 40%, Argentina hasta 35%, Perú hasta 30% y Brasil hasta 27,5%. Esta estructura progresiva garantiza que quienes más ganan contribuyan proporcionalmente más, lo que invierte la regresividad del sistema actual. En cuatro años de transición gradual, con la ampliación progresiva de la base tributaria, se proyecta una recaudación acumulada de Bs 12.040 millones. En el cuarto año, la recaudación alcanzaría Bs 4.940 millones (1,41% del PIB), lo que representaría un multiplicador de 5,1 veces respecto a los ingresos actuales del RC-IVA (Bs 971 millones).
La innovación central radica en la domiciliación territorial: del total recaudado, el 20% permanece en el Tesoro General para servicios nacionales (defensa, relaciones exteriores), el 50% se transfiere automáticamente al departamento donde reside el contribuyente, y el 30% restante al municipio correspondiente. Esta distribución no requiere negociación política: es automática e inmediata y se basa en el domicilio fiscal registrado de los contribuyentes.
En el cuarto año de la reforma, con una base de 750.000 contribuyentes, esto significaría transferencias automáticas de Bs 2.470 millones a los departamentos, Bs 1.482 millones a los municipios y Bs 988 millones al Tesoro General, todas las transacciones procesadas de forma inmediata y transparente.
El subsidio a los hidrocarburos representa una crisis estructural insostenible. Con precios congelados desde diciembre de 2010 (Bs 3,72/litro de diésel, Bs 3,74/litro de gasolina), mientras el Precio Paridad Internacional (PPI) alcanza Bs 8,88 y 8,68/litro respectivamente, el Estado absorbe una diferencia de Bs 5,16 y 4,94 por litro.
En 2025, con un consumo estimado de 4.900 millones de litros (promedio diario de 13,4 millones de litros), el subsidio total asciende a Bs 18.500 millones (USD 2.400 millones), equivalente al 5,3% del PIB. La distribución del subsidio es profundamente regresiva: el 30% beneficia al transporte de carga (empresas grandes), el 25% al transporte público, el 18% a la agricultura mecanizada y el 27% a la industria y la minería. Solo el 20% del subsidio beneficia efectivamente a la población vulnerable.
Con el 90% del diésel y el 60% de la gasolina importados, esta política insostenible consume USD 60 millones semanales y agrava la presión sobre las reservas internacionales, reducidas a apenas USD 170 millones.
Proponemos eliminar este subsidio e introducir el Impuesto a Combustibles Departamental (ICD). Cada departamento establecería su propia tasa dentro de un rango fijado por ley, por ejemplo, de Bs 0,20 a Bs 2,00 por litro, destinando el 100% de lo recaudado a financiar la infraestructura vial departamental. El precio final al consumidor reflejaría el PPI más el ICD departamental.
El rango de tasas del ICD (Bs 0,20 a Bs 2,00 por litro) permite que cada departamento adecue el impuesto a su capacidad y necesidades. Con una tasa promedio nacional de Bs 1,50 por litro, la recaudación del ICD alcanzaría Bs 7.350 millones anuales, destinados íntegramente a financiar y mantener la infraestructura vial departamental. Al eliminar el subsidio a combustibles, el gobierno central reduciría el déficit fiscal en casi la mitad, liberando recursos fiscales que podrían destinarse a servicios esenciales como la salud, la educación, justicia y seguridad pública.
La descentralización fiscal genera naturalmente disparidades: Santa Cruz y La Paz, con mayor actividad económica, recaudarían más IRPF que Potosí o Pando. Sin mecanismos correctores, la brecha per cápita sería muy alta. La solución radica en un sistema automático de igualación inspirado en el modelo alemán, con tres niveles complementarios.
El Fondo de Igualación Vertical, financiado por el TGN, complementa los ingresos de los departamentos con capacidad fiscal inferior al 95% del promedio nacional. Si el promedio nacional de ingresos per cápita departamental es Bs 1.500, un departamento con solo Bs 1.200 recibiría automáticamente Bs 300 por habitante hasta alcanzar el 95% del promedio. El Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH), actualmente en crisis por la caída de la producción gasífera (de Bs 13.500 millones en 2015 a Bs 4.559 millones en 2024), puede reconvertirse parcialmente. Se podría destinar el 40% del IDH al Fondo de Igualación Vertical, garantizando un financiamiento estable para la convergencia territorial sin depender de negociaciones políticas anuales.
El Fondo de Igualación Horizontal redistribuye entre departamentos mediante una fórmula automática: los departamentos con capacidad fiscal superior al 110% del promedio nacional transfieren el 50% de su excedente a los departamentos por debajo del promedio. Crea un mecanismo de solidaridad estructurada sin conflictividad política.
Finalmente, se debe establecer un Fondo de Cohesión Territorial (imitando el existente en Europa) para financiar infraestructura en regiones remotas (carreteras secundarias, electrificación rural, agua potable) mediante créditos concesionales del BID, CAF y FONPLATA. Garantiza que los departamentos pobres no queden atrapados en ciclos de subdesarrollo por la falta de infraestructura básica. Mientras dure el proceso de estabilización de la economía, una parte de los recursos obtenidos mediante financiamiento internacional debe destinarse a las gobernaciones para ejecutar obras de infraestructura necesarias y urgentes. En el futuro, todo endeudamiento de las regiones deberá pagarse con sus propios ingresos, conforme a criterios de responsabilidad fiscal.
Con la implementación completa de la reforma fiscal (IRPF, ICD), los departamentos pasarían de recaudar Bs 150 millones anuales a Bs 9 mil millones en el cuarto año, un incremento de 60 veces, lo que representaría un multiplicador significativo de su autonomía fiscal. Esta cifra comprende el 50% del IRPF y el 100% del ICD recaudado. La dependencia de las transferencias nacionales disminuiría sustancialmente del 98,5% actual, lo que permitiría a los gobiernos departamentales convertirse en actores genuinos de la política pública, con capacidad real de decisión sobre prioridades de inversión y gasto en infraestructura vial y servicios territoriales. El sistema tributario se volvería progresivo: el 80% de los trabajadores con ingresos menores a Bs 30,000 anuales quedaría exento de IRPF, mientras que aquellos con mayores ingresos (superiores a Bs 100,000 anuales) aportarían la mayor parte de la recaudación, garantizando que quienes más ganan contribuyan proporcionalmente más al financiamiento del Estado.
Bolivia necesita transitar de un modelo de estado unitario centralizado —donde el gobierno central decide qué compra, qué invierte y qué subsidia— hacia un federalismo fiscal genuino, en el que las regiones controlan los recursos, toman decisiones y responden ante sus ciudadanos. Una reforma de esta magnitud es complicada de implementar, requiere capacidades institucionales que aún deben fortalecerse y enfrenta resistencias políticas comprensibles. Pero el statu quo es claramente insostenible: un subsidio que principalmente enriquece a unos pocos mientras empobrece al país, y departamentos que administran gasto sin poder definir la política pública.
Para continuar con el debate, se debe partir de una premisa ineludible: el país está literalmente quebrado y no hay recursos para repartir. Por lo tanto, la única manera de avanzar hacia la meta de distribución de recursos del 50%-50% entre el gobierno nacional y las Entidades Territoriales Autónomas es a partir de un punto de reconocimiento: esta meta no es viable a corto plazo con la estructura actual de ingresos. Su materialización requiere, como paso previo e impostergable, discutir y acordar una reforma estructural de los ingresos, tal como propone este artículo. Incluso considerando una reasignación profunda de los recursos que hoy financian competencias clave como salud, educación y policía, en el mejor de los casos, un modelo realista y sostenible en un horizonte inmediato podría alcanzar un nivel de distribución cercano al 22% del gasto. Solo una reforma fiscal integral que genere ingresos propios podrá crear la base para incrementar progresivamente ese porcentaje hacia un federalismo fiscal genuino.
