Escucha la noticia
El país ha ingresado en una fase de corrección económica que ya no admite ambigüedades. Más allá de las virtudes y defectos, el DS 5503 responde a una restricción macroeconómica concreta: el esquema de precios, subsidios y financiamiento fiscal que tuvimos es insostenible. Entender este problema es clave para encarar el debate con responsabilidad.
La actual corrección de precios de gasolina y diésel es la mayor alza en el precio de combustibles desde 1997. Intenta corregir un precio relativo crítico que implicó una expansión desproporcionada del parque vehicular y del consumo de combustible.
El impacto fiscal es cuantificable. La reducción del subsidio a combustibles permitiría recortar el déficit fiscal en torno a 3 puntos porcentuales del PIB, equivalente a al menos USD1.500 millones anuales, lo que representa aproximadamente el 20% del déficit fiscal proyectado para 2025. Pocas medidas tienen un impacto fiscal de esta magnitud en tan corto plazo.
La eliminación del subsidio también contribuye a reducir la desigualdad. La evidencia internacional estima que, en promedio, el 20% más rico de la población captura entre 40% y 60% de los beneficios de los subsidios, mientras que los hogares más pobres reciben una fracción mucho menor. Bolivia reproduce este patrón, agravado por el contrabando que desvió hasta el 30% del combustible subsidiado y el sobreconsumo inducido por precios artificialmente bajos.
El ajuste no es neutro en el corto plazo. En materia inflacionaria, habría un impacto directo inicial de alrededor de un punto porcentual, un impacto indirecto adicional de hasta dos puntos por el efecto en el transporte, y efectos de segunda vuelta de hasta cinco puntos porcentuales en un horizonte de 12 meses.
Por tanto, el ajuste bien manejado tendría efectos acotados en la inflación, puesto que cada sector debería elevar sus precios en una magnitud proporcional a sus costos. También implica la necesidad de controlar la inflación con menores presiones fiscales y monetarias, una buena estrategia comunicacional y una disposición al diálogo de todas las partes.
Por ello, el componente social es central. El paquete incorpora un incremento del 20% del Salario Mínimo Nacional (con todos los beneficios y riesgos que implica para el empleo formal y la continuidad de las empresas) y aumentos significativos en transferencias. Estas últimas implicarían un costo fiscal adicional estimado en USD400 millones, pero cumplen un rol clave: amortiguar el impacto regresivo del ajuste.
En este contexto, es fundamental ordenar el debate público. No estamos ante un “ajuste neoliberal”, sino ante una transición necesaria respaldada por evidencia. Redistribuir de forma más eficiente USD1.500 millones anuales hoy concentrados en subsidios regresivos permitirá estabilizar la economía y proteger a los hogares más vulnerables.
En línea con lo que recomiendan entidades especializadas, resulta indispensable avanzar hacia una protección social adaptativa, capaz de responder a choques macroeconómicos. Transferencias temporales y focalizadas no deben verse como gasto improductivo, sino como una inversión que sostiene el consumo familiar y reduce el riesgo de conflictividad social.
En este diseño, merece especial atención la situación de los trabajadores por cuenta propia y de las microemprendedores, que suelen absorber más el impacto del ajuste. Protegerlos no es solo una cuestión ética, sino también de productividad y estabilidad económica.
Bolivia aún tiene margen para que una transición ordenada, dialogada y socialmente justa. Pero ese margen se estrecha. Intentar postergar el ajuste solo lo volverá más costoso. Hacerlo con evidencia y transparencia es la vía responsable para evitar una crisis mayor, recuperar la estabilidad y el crecimiento y fortalecer la democracia.
2026 será desafiante y doloroso, pero también puede ser el punto de inflexión de una crisis a un nuevo comienzo. Dependerá de nuestra capacidad colectiva de actuar con responsabilidad y visión de futuro.
