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Luego de la captura de Nicolás Maduro, las advertencias de la Casa Blanca a los presidentes de México y Colombia, sobre eventuales intervenciones contra bases del narcotráfico en sus países, que son utilizadas para enviar cargamentos masivos de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, evidencian las dimensiones de la operación lanzada y de la cual Venezuela sólo parece ser la primera fase.
La nueva orientación geopolítica, que actualiza la Doctrina Monroe, busca desplazar del continente a potencias extra-regionales autocráticas y/o promotoras del terrorismo, un marco en el que también se pretende neutralizar el narcotráfico de gran escala que era utilizado indirectamente como arma de estos nuevos expasionismos, que han contado, como en los viejos tiempos soviéticos, con la Cuba castrista como “subimperialismo” para maniobrar en la región.
Para dar este salto cualitativo, se ha declarado a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que permite un uso mucho más amplio de recursos, incluso militares, habilitando intervenciones puntuales que han convertido a los partidarios del narco-socialismo del siglo XXI en fervientes defensores de última hora del derecho internacional.
En medio de este panorama hemisférico, se produce el retorno de la DEA a Bolivia, necesario para desvincular al Chapare de la influencia de los cárteles y narco-guerrillas. No es casual que, dos días después del regreso de la principal agencia antinarcóticos del planeta, Evo Morales faltara a su programa dominical en la Radio Kawsachun Coca, aduciendo razones de salud. Podría tratarse, tal vez, de una extraña “variante DEA” del dengue, cuyo síntoma es el temor y que aleja al ex mandatario de su ruta y sitios habituales, obligándolo a cambiar de rutina dentro de su feudo chapareño.
El “Señor del Chapare” bajará el perfil y se volverá escurridizo, pero sus articuladores seguirán promoviendo planes de desestabilización política, como se vio en los últimos días. Ya el núcleo duro del “bloque histórico” (al decir de Álvaro García Linera), la lumpen-burguesía cocalera, deja de aparecer en primer plano y le deja un protagonismo temporal a su instrumento, la burocracia sindical de la COB, que intenta reeditar la estrategia del cogobierno.
Será crucial, si no se quiere seguir eternizando la presión antidemocrática de los bloqueos, que la sociedad boliviana se dote de un instrumento jurídico de defensa, una ley antibloqueos que debería ser draconiana en lo económico, revirtiendo sedes, vehículos y otros patrimonios donados por el Estado cuando los sindicatos que los recibieron ocasionen pérdidas millonarias al país, sanciones que podrían extenderse a los mega-salarios de los burócratas sindicales más privilegiados.
