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Los primeros 100 días de un gobierno suelen ser el termómetro más utilizado para anticipar su rumbo: ¿estamos ante una administración de transición, de ajuste o de transformación estructural? En el caso de Paz y Lara, este periodo ha permitido identificar un estilo marcado por decisiones económicas rápidas, señales contradictorias hacia la inversión privada y una estrategia orientada más a la estabilización inmediata que a reformas de fondo. La tesis es clara: el gobierno ha priorizado recuperar liquidez y abastecimiento en el corto plazo, trasladando parte del costo a la población, pero sin resolver aún los problemas estructurales que originaron la crisis.
Durante la campaña, Paz y Lara ofrecieron un paquete de medidas que combinaba ortodoxia fiscal con incentivos sociales. Anunciaron la eliminación gradual de subsidios, la entrega de bonos para sostener el ingreso de los hogares y el cierre de empresas públicas deficitarias. El mensaje era el de una transición ordenada hacia una economía más sostenible.
Sin embargo, una vez en el poder, la gradualidad fue reemplazada por un ajuste inmediato al precio de los combustibles, sin los paliativos en el transporte público. La medida logró frenar el contrabando hacia el Perú y normalizar el abastecimiento interno, aunque a costa de introducir gasolina de calidad cuestionada y de trasladar el impacto inflacionario a los consumidores. Fue una decisión coherente con el manual de estabilización ortodoxa: primero asegurar oferta y liquidez, luego discutir reformas.
Entre los aciertos destaca la recuperación de la confianza ciudadana en la provisión de combustibles mediante la emisión del DS 5503, posteriormente modificado por el 5516. La escasez, que había erosionado la legitimidad del Estado, dejó de ser el principal tema de preocupación cotidiana.
En el plano externo, la imagen internacional del país mostró una mejora perceptible, reflejada en la caída del índice de riesgo país. Esta señal sugiere que los mercados interpretan las medidas como un giro hacia mayor disciplina macroeconómica.
Asimismo, la devolución de dólares a los ahorristas en moneda extranjera alivió tensiones en el sistema financiero, y estabilizó el mercado cambiario, haciendo que el dólar no sea un bien escaso por ende caro.
Donde los avances son menos visibles es en el empleo. No se perciben cambios en la estructura laboral ni en la captura del empleo público por militantes del partido gobernante anterior. La promesa de meritocracia sigue pendiente.
Las empresas estatales continúan operando sin reformas profundas o permanecen paralizadas, lo que evidencia indecisión respecto a su cierre, capitalización o reestructuración.
En materia de inversión privada, las señales iniciales incluidas en el DS 5503 fueron posteriormente retiradas, generando incertidumbre. El anuncio de nuevas leyes para promover inversiones, realizado el miércoles 18 de febrero, aún no se traduce en instrumentos concretos; mientras no exista aprobación legislativa, permanece en el terreno de las buenas intenciones.
El ajuste aplicado ha reducido solo una parte del déficit fiscal, trasladando a la población costos que antes asumía el Estado mediante subsidios. Paralelamente, la contratación de nueva deuda externa ha permitido sostener la liquidez internacional, pero incrementa las obligaciones futuras sin atacar las causas estructurales del desequilibrio.
El principal reto será transformar la consigna del “50/50” en un mecanismo real de distribución de recursos entre el nivel central y las regiones, y también en un modelo de asociación con el sector privado. Sin reglas claras de coparticipación y utilidades, la inversión seguirá postergándose.
Ese esquema podría replicar la lógica productiva del campo: quien no posee capital aporta tierra y trabajo, mientras el inversionista aporta financiamiento y tecnología, distribuyendo utilidades en partes iguales. Sin embargo, para que funcione a escala nacional se requiere seguridad jurídica y estabilidad normativa.
Finalmente, la población espera una dirección económica clara. Hasta ahora, el gobierno ha administrado la coyuntura con medidas de emergencia, pero aún no presenta un plan integral de desarrollo que permita pasar de la estabilización a la reactivación sostenida.
A cien días, el gobierno de Paz y Lara ha demostrado capacidad para tomar decisiones difíciles y recuperar ciertos equilibrios básicos, pero también ha evidenciado la ausencia de una estrategia estructural. La pregunta que guiará los próximos meses es si esta administración será recordada como la que contuvo una crisis o como la que sentó las bases de un nuevo modelo económico. Sin reformas profundas en empleo, empresas públicas e inversión privada, la estabilización alcanzada corre el riesgo de ser solo un alivio temporal.
