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Asturizaga se formó como abogado en la UMSA y tiene una especialidad en derecho agrario por la Universidad Euro-Latinoamericana de San José de Costa Rica, además de una especialidad en derecho ambiental por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha ocupado importantes cargos públicos en Bolivia y actualmente es consultor legal internacional y asesor del directorio de ANAPO (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo).
“Hay varias causas principales para que el conflicto por la tierra haya vuelto a estar en ebullición: primero, el retorno del Movimiento Al Socialismo al gobierno, con militantes insatisfechos por el acceso a la tierra; segundo, conflictos que llevan muchos años sin resolución; tercero, que desde el INRA se ha dado un tráfico de información sobre tierras fiscales filtrado hacia ciertas organizaciones, al punto que se ha hablado de un INRA paralelo; y cuarta, la aplicación retroactiva de la Constitución aprobada el 2009”, detalló.
El experto también remarcó la “falta de conformación y llamamiento a la Comisión Agraria Nacional y a las Comisiones Agrarias Departamentales, que son parte de la estructura del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Ese debería ser el espacio de diálogo, concertación y control social institucionalizado, desde donde diseñar políticas”.
“Cuando el Movimiento Al Socialismo llega al poder en 2006, se parte de la premisa de que el 90% del territorio de Bolivia estaba en manos de latifundistas, pero el saneamiento demostró que la situación no había sido tal. Según datos oficiales publicados el 2019 por el mismo INRA, el 27% del territorio es propiedad de pequeños productores campesinos, el 28% está en manos de pueblos indígenas originarios, el Estado es dueño del 25,4% de las tierras y los productores medianos y las empresas ocupan el 14% del territorio titulado”, indicó.
Asturizaga subrayó que “ese 14%, donde también hay propiedades pequeñas que apenas sobrepasan las 500 hectáreas, genera el 70% de la producción alimentaria del país”.
Cuestionó que la normativa actual establezca que las tierras fiscales deben ser destinadas exclusivamente a comunidades indígenas, originarias y campesinas, teniendo en cuenta que “en el oriente el modelo de producción se basa fundamentalmente en la propiedad individual”. “No toda la tierra debería ser distribuida por derecho colectivo a comunidades, además debería darse una adjudicación a productores individuales”, añadió.
El especialista remarcó que “la propiedad comunitaria es de todos y no es de nadie”, y que bajo ese modelo “no hay parcelas que se puedan heredar a los hijos ni que puedan servir para el acceso al crédito”. “Tampoco se está respetando el orden de preferencias legales en la dotación, que debería beneficiar primero a gente sin tierra del lugar”, enfatizó.
Asturizaga dijo que en Bolivia “no hay una propiedad plena”, existiendo un derecho agrario “fuertemente influido por la revolución mexicana y el constitucionalismo social, con una propiedad condicionada”.
“La normativa de la FES (Función Económico-Social) ha ido colocando cada vez mayores restricciones, imposibles de cumplir. Pareciera que hay la intención de hacer desaparecer a la mediana propiedad y a la empresa privada del ámbito agropecuario”, opinó.
El experto agregó que la agenda agropecuaria necesita “seguridad jurídica en la propiedad de la tierra, acceder a biotecnologías, libre exportación sin condicionamientos ni restricciones, y acceso a infraestructura para llevar la producción a mercados internacionales”.
