Gabriela Calderón: “En Ecuador hay un grupo de dirigentes indígenas radicalizados que rechazan la democracia por considerarla burguesa”
Gabriela Calderón habló sobre las consecuencias del conflicto y la violencia experimentada por el Ecuador en las últimas dos semanas, el análisis de las maniobras políticas para la destitución del presidente y el impacto sobre la economía del país.
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Calderón es editora del portal Elcato.org, investigadora del Cato Institute y columnista del periódico El Universo de Ecuador. Es graduada en ciencias políticas con especialidad en relaciones internacionales y tiene una maestría en comercio y política internacional por la George Mason University.
“Esto se veía venir desde el año pasado, por la retórica amenazante de parte de la dirigencia indígena. A raíz de octubre de 2019, antes de los disturbios en Chile, hubo un levantamiento indígena con mucha violencia, con ataques contra pozos petroleros, a la propiedad privada y los edificios públicos, incluso tomaron la Asamblea Nacional. Es un fenómeno nuevo, porque si bien varios presidentes fueron derrocados a principios de los 2000 y fines de los ´90, no había esta violencia organizada, presente en distintas ciudades del país y que parece planificada para paralizar la producción, desestabilizar la economía y al gobierno en general. Antes las protestas se centralizaban en la plaza de Quito y en el resto del país no pasaba nada”, detalló.
La analista dijo que “por semanas se cortó el suministro de alimentos básicos, de medicinas, y el país casi se queda sin producción petrolera. Los manifestantes violentos atacaron convoyes militares que llevaban combustible, en uno de los cuales murió un soldado. El movimiento indígena ratificó la radicalización eligiendo como presidente de la CONAIE a Leonidas Iza”.
“Junto con otros coautores, Iza publicó el libro Estallido, sobre lo que sucedió en 2019, afirmando que el error de la izquierda en Ecuador y en toda América Latina es haberse metido en la cancha de la democracia, que consideran burguesa. Ellos proponen instaurar el comunismo indoamericano y citan como modelo a José Carlos Mariátegui, pensador peruano que promovía métodos violentos para llegar al poder. Es parte de una estrategia de largo plazo: cada vez que vean un presidente al que perciban que no es popular será el momento para caotizar y desestabilizar el sistema”, remarcó.
Calderón indicó que estos grupos violentos están distanciados del brazo político de los movimientos indígenas en la Asamblea Nacional: “Pachakutik es un partido formal que participa en elecciones y no están coordinando con ellos, incluso han sido aliados del presidente Lasso. Es irónico que se rechace la democracia un año después de que obtuvieron el mejor resultado electoral. Nunca habían tenido tanta representación en la Asamblea”.
Sobre los efectos de los conflictos, dijo que “se esperaba crecer a un 4% pero la economía ha sido tremendamente golpeada, se espantaron muchas inversiones. Lo peor es el golpe a las instituciones democráticas. El acuerdo de paz más parece una tregua o una rendición, porque de todas las demandas que presentó Iza no hay una en la que el gobierno no haya cedido. Ganó la democracia por ahora, porque la intención declarada era sacar al presidente y no lo lograron. Luego de firmar el acuerdo, Iza dijo que le daba 90 días al gobierno para hacer efectivas las promesas y si no volverían a las calles”.
“Es un grupo que no tiene representación en el Parlamento, relativamente pequeño, unos miles de personas que paralizaron el país. El paro nacional de este año en comparación con el de octubre de 2019 tuvo mucho mejor organización por parte de las fuerzas violentas. Han mejorado sus tácticas para bloquear el paso de alimentos, insumos médicos y gas. La sensación era que el gobierno perdió el control del territorio nacional”, señaló.
Calderón dijo que ahora “el presidente no va a poder hacer ninguna reforma en la Asamblea y se reduce el espacio de acción en el presupuesto, por el subsidio prometido a los combustibles. Lo que se podría hacer es descentralizar el tema a cada municipio, para que decidan en cada lugar si prefieren el subsidio a los combustibles o hacer obras de infraestructura. Esto podría reducir la escala del próximo conflicto”.
