Henry Oporto: “La reforma judicial puede ser el inicio de un nuevo contrato social”
Conversamos con Henry Oporto sobre el ensayo “La crisis de gobernabilidad y un conflicto de poder latente ponen en riesgo la integridad y viabilidad de Bolivia” (Publico.bo) y acerca del ambiente de extrema tensión al inicio del 2023.
Escucha la noticia
Oporto es sociólogo, analista e investigador de la Fundación Milenio, autor de varios libros y otras publicaciones.
“La coyuntura tiene mucho de inédita, con una gravedad inusitada. Cerramos 2022 después de un largo conflicto con epicentro en Santa Cruz, 36 días de paro, bloqueos y mucha crispación social. Iniciamos el 2023 con un nuevo conflicto complejo, quizás prolongado. Hay que ver más allá de las apariencias, buscar las causas estructurales para tener un diagnóstico certero, con énfasis en dos problemas: uno es la crisis de gobernabilidad y el otro el conflicto de poder latente. Ambas cosas ponen en riesgo la viabilidad de Bolivia como país”, advirtió.
Oporto dijo que la ingobernabilidad se expresa en “la debilidad evidente en la gestión de gobierno, el deterioro en la legitimidad del Estado, la descomposición acelerada de los poderes públicos, la confrontación entre el poder central y los poderes territoriales, la guerra interna en el MAS, que ha cambiado el escenario político en el país, convirtiéndose en el factor principal de inestabilidad gubernamental”.
“El conflicto de poder tiene dos dimensiones: la político-ideológica, con la polaridad entre autocracia y democracia, y la territorial, que contrapone al Estado central con la región más próspera, poblada y dinámica como es Santa Cruz. Temas que en otra circunstancia no hubieran pasado de una controversia menor, como el del Censo, se han convertido en un verdadero conflicto de poder. Se están oponiendo dos fuerzas y ninguna tiene la capacidad suficiente para derrotar completamente a la otra, pero sí para bloquear o contener al oponente. Esto genera un empate catastrófico”, remarcó.
El analista opinó que “esta polarización ha generado una fractura profunda en la sociedad boliviana. Una grieta que ha debilitado el sentido de nación. Desde el ascenso del MAS al poder, se trató de imponer un proyecto que ha tenido un efecto de fragmentación en el país, con la sobreposición de identidades étnicas o indígenas sobre la identidad nacional”.
“Santa Cruz es la vanguardia de la resistencia democrática a un poder que intenta imponer un proyecto autocrático y hegemónico. En Venezuela o Nicaragua no hay una región con la fuerza que tiene Santa Cruz. El gobierno ha tratado de doblegarla pero no lo ha conseguido, equivocando el cálculo, subestimando el poder de convocatoria social de Santa Cruz”, indicó.
Oporto dijo que “este choque de trenes lleva a una situación de ingobernabilidad, el país cae en una situación de caos político. Para evitar que el conflicto nos lleve a un escenario catastrófico, hay apremio de encontrar un camino de construcción progresiva de soluciones. Para construir un nuevo contrato social hay que recomponer tres relaciones: la del Estado con la sociedad civil, la del gobierno central con las entidades territoriales, y la relación entre los departamentos y regiones del país. Estas relaciones son claves para la reconstrucción de las instituciones democráticas y para restituir un sentido de nación en Bolivia”.
“El 2023 debería ser el año de la reforma del sistema judicial, cuando se cumple el período de funciones de los altos tribunales. El 2024 será el año del Censo, con el desafío del Pacto Fiscal y acuerdos político-territoriales para la reasignación de escaños. Es una ruta crítica para que en el 2025 se garantice un proceso electoral limpio, que lleve a un gobierno representativo y legítimo”, señaló.
El sociólogo consideró que la reconstitución del Poder Judicial sería “un paso fundamental, que puede garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, restablecer el equilibrio de poderes, un reparto más eficiente de competencias y recursos entre el Estado central y los poderes territoriales, y garantizar un ambiente de seguridad jurídica fundamental para recuperar la economía. El Poder Judicial sería la piedra angular para reconstituir el Estado de derecho, encaminando un proceso que nos lleve a recomponer un sistema político más pluralista, a devolverle independencia al Parlamento nacional y legitimidad al Poder Ejecutivo”.
“Tenemos la posibilidad de que las elecciones judiciales se hagan bajo nuevas reglas de juego, modificando el sistema de selección de magistrados, en base a méritos profesionales, idoneidad y competencia. Según las encuestas, el 70% de los bolivianos está de acuerdo en cambiar mediante referéndum varios aspectos de la Constitución, para una reforma judicial inmediata. El gobierno no está en posibilidad de resistir la presión ciudadana, si las universidades, plataformas, comités cívicos y partidos políticos realizan una acción organizada conjunta. La reforma judicial podría ser el principio de la construcción de un nuevo contrato social”, concluyó.
