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Puede que sea pedirle peras al olmo, pero como dicen que no hay peor gestión que la que no se hace, acá venimos a compartir una reflexión movida por la necesidad y la urgencia que nos plantea la realidad nacional, marcada por conflictos y tensiones que, lejos de ser desactivados y reducidas por quienes conducen los destinos del país, son alentados a extremos altamente peligrosos para la convivencia pacífica y la estabilidad democrática. Un peligro no apenas latente, sino también ya evidente.
La reflexión nace del contraste de esa realidad con lo expuesto por el BID en enero último, en su informe Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe. Sin confianza, sostiene el informe, será difícil impulsar la recuperación de la región. Un dato no menor si se toman en cuenta los hallazgos registrados en el citado informe. Uno de ellos, entre los más alarmantes: nueve de cada diez personas en la región desconfían del prójimo.
“Un problema agudo que limita el desarrollo socioeconómico de la región y afecta la capacidad de los países para resolver retos complejos, como el cambio climático”, cita como ejemplo el informe, al que podemos añadir, en el caso de Bolivia, otros retos como el de la urgente necesidad de una reforma judicial o el de ajustes en la política económica, antes de que sea demasiado tarde. No hay que ser genio para darse cuenta que sin un buen nivel de confianza ciudadana en los gobiernos, estos no pueden aprobar e implementar medidas de ajuste necesarias como las citadas.
Bolivia no es la excepción, pero el Gobierno de Luis Arce parece no tener conciencia de ello e insiste en prácticas diarias que solo están minando aún más la confianza nacional (e internacional, habrá que añadir, vista la dificultad en colocar los bonos soberanos en el mercado internacional). Prácticas que van contracorriente de todo lo que un gobierno debe hacer para generar confianza: mayor transparencia en el manejo de la cosa pública, respeto al Estado de derecho, menos burocracia y otros obstáculos que frenan el desarrollo empresarial y la innovación.
Una falta de conciencia sobre la necesidad de ganar la confianza de la gente y unas malas prácticas que, lamentablemente, no comienzan y acaban en el nivel central, sino que también se repiten en los otros dos niveles de gobierno, el departamental y el municipal, con ejemplos que también sobran, como los vistos en Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Sucre, etcétera. Todos dañinos, pero los que protagoniza a diario el Gobierno central son, sin duda, de mayor impacto por su alcance nacional y por las consecuencias que genera por sí misma la concentración de poder y recursos.
La reflexión propuesta al inicio va casada con una propuesta: ¿y si en vez de apostar por la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional, el Gobierno decide más bien apostar por la generación de bonos de confianza, emitidos no apenas en papel, sino también en acciones concretas, como la inmediata suspensión de toda persecución política, lo que implica liberar -al menos parcialmente- a la justicia del control político partidario? Esa sí que sería una clara señal de voluntad política del actual Gobierno, para encarar los retos urgentes que plantea la realidad nacional.
Retos que ya no pueden esperar más dilaciones, ni medidas parches, menos aún la reincidencia en las malas prácticas señaladas antes. La recuperación de la confianza debiera ser una apuesta insoslayable para el Gobierno de Arce, si acaso piensa en serio en la reactivación económica del país. Una reactivación que corre cada vez un riesgo mayor a medida que se acortan los plazos para el pago de deudas contraídas en los últimos años, que trae de yapa otros riesgos no menos graves que amenazan la estabilidad democrática en el país.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
