Bolivia y el costo de rechazar el “capitalismo verde”
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Hace un mes, en Glasgow, el presidente Luis Arce Catacora reiteró la negativa de Bolivia a participar en el mercado internacional de bonos de carbono, durante su comparecencia en la Conferencia de las Partes (COP26) sobre el cambio climático.
Allí, el mandatario alegó: “sobre los mecanismos de mercado que han sido propuestos hasta ahora por los países desarrollados, existe asimetría de información, generan incertidumbre y no son un mecanismo inmediato”.
Arce agregó que se pretendería “reproducir el sistema capitalista y no vamos a resolver los problemas de varios de nuestros países, donde justamente los mecanismos de mercado han sido un fracaso. Por eso hemos propuesto mecanismos que no son de mercado, sino que son de acción directa”.
Está claro que el sesgo ideológico antimercado del presidente es lo que habría primado en su evaluación, siguiendo la línea ya establecida por Evo Morales en el 2009, cuando se opuso a integrar a Bolivia en el sistema de compensaciones por emisiones de carbono, argumentando que “en manos del capitalismo todo se convierte en mercancía”.
El resultado inmediato, en ese momento, fue bloquear un ingreso de 300 a 400 millones de dólares anuales para el país, que se iban a recibir desde el 2012 por una treintena de proyectos verdes, que ante todo beneficiarían a comunidades indígenas de tierras bajas. Poco después, coincidentemente, vino la arremetida contra el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Cabe preguntarse, sin embargo, si el rechazo a los bonos ambientales parte únicamente de un prejuicio ideológico, o si el incremento en el resguardo a las áreas protegidas sería también problemático para los intereses ligados a la expansión de cultivos de coca excedentaria.
En 2015, un proyecto más modesto de bonos verdes, impulsado por la CAF, la Bolsa Boliviana de Valores y otras instituciones, preveía un ingreso de 100 millones de dólares mediante la venta de Certificados de Reducción de Emisiones (CREs), pero la iniciativa tampoco tuvo acompañamiento estatal.
En resumen, el costo de rechazar el “capitalismo verde” puede situarse en una pérdida de ingresos de entre 100 y 400 millones de dólares al año, una cifra nada despreciable cuando Bolivia se acerca al vencimiento de sus bonos soberanos emitidos hace una década, y tendrá que hacer frente a obligaciones adicionales de 500 millones de dólares anuales.
