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Permítame compartirle un consejo económico que le ayudará a tomar mejores decisiones mediante un ejemplo.
Mateo es un profesional que desafortunadamente perdió su trabajo por la pandemia. Si busca trabajo podría recibir Bs4.300 (cuatro mil trescientos bolivianos), que es menor a los Bs5.000 que percibía antes de la crisis, según se infiere de los microdatos la Encuesta Continua de Empleo.
Tiene un inmueble que puede venderlo para invertir en un negocio propio, que vale aproximadamente USD 73 mil o Bs 500 mil. Si no lo vende, puede alquilarlo por Bs1.500 al mes.
Si decide emprender y administrar personalmente su negocio tendrá un ingreso anual de Bs 50 mil al año, que es algo así como Bs4.200 al mes, lo que le serviría para subsistir.
¿Mateo debería emprender el negocio?
Pensemos fríamente. En caso de que encuentre un trabajo con ese salario más bajo recibiría Bs 56 mil al año (incluido un aguinaldo), mientras que por el alquiler percibiría Bs 18 mil al año, haciendo un total de Bs 74 mil al año.
Por tanto, en este ejemplo sencillo, no debiera invertir porque no cubre el capital humano y físico que posee. Debiera hacerlo si el ingreso mensual sería de al menos Bs6.200 en la empresa.
Este ejemplo ilustra un concepto económico crucial: el costo de oportunidad o el valor de la segunda mejor alternativa. Pese a que los Bs 50 mil al año implica 10% de rendimiento por el capital físico, no toma en cuenta el costo de oportunidad del tiempo del empresario.
Este razonamiento se encuentra en la mayoría de los textos de microeconomía. En lo particular, fue valioso verlo en “Teoría de los precios” del ya fallecido Ernesto Fontaine de la Universidad Católica de Chile, así como en su texto de “Evaluación social de proyectos”.
El principio básico es: para emprender debe al menos pagarse el salario que recibiría como empleado y recibir la rentabilidad del capital en su mejor alternativa.
Este criterio debe usarse para todos los emprendimientos, incluyendo los del Estado. La gran diferencia entre Mateo y el sector público es que, si nuestro hipotético emprendedor se equivoca, él es quien asume el riesgo, mientras en el caso de las empresas públicas, pierde la sociedad, en particular quienes reciben los beneficios de los emprendimientos estatales.
Pensemos en una inversión más grande, digamos de Bs1.800 millones en una empresa productiva de azúcar y alcohol. Tomando en cuenta la rentabilidad promedio de una industria privada similar, debiera redituar anualmente aproximadamente Bs52 millones por año, que equivale al 2,8% anual.
Sin embargo, la rentabilidad de esta empresa fue negativa, en torno a -2% promedio anual, acumulando una pérdida de casi Bs 300 millones o 16% del capital invertido. Esto implica que los programas sociales que debían ser financiados con la rentabilidad de esta empresa no se concretaron.
La mala inversión en San Buenaventura responde a que no se siguió el criterio técnico económico. Ya en 1975 este proyecto fue desechado por la instancia técnica de entonces porque no era rentable. Pero presiones regionales e intereses políticos la mantuvieron en agenda e hicieron que se concrete 35 años después con malos resultados para La Paz y el país.
A nivel global, entre 2006 y 2014 las empresas públicas tuvieron utilidades corrientes (sin inversiones) de Bs33 mil millones, que permitieron invertir Bs24 mil millones y destinar los restantes Bs9 mil millones a fines sociales.
Entre 2015 y 2019, la utilidad corriente fue de apenas Bs12 mil millones. Dado el ambicioso plan de inversiones de Bs41 mil millones, el resultado negativo de las empresas fue Bs29 mil millones.
Siguiendo la lógica del ejemplo, los casi Bs60 mil millones invertidos entre 2006 y 2019 debían redituar anualmente al menos Bs3 mil millones durante 30 años para favorecer a la sociedad.
Considero que en lugar de invertir USD18 mil millones hasta 2025 en más (o más grandes) empresas públicas, es mejor volverlas rentables y eficientes.
Mientras no se tengan cifras claras y estudios técnicos independientes, estos emprendimientos estatales insertos en el plan de desarrollo 2025 podrían ser perjudiciales.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
