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Por: Iván Velázquez-Castellanos1
La informalidad es una característica general de países en vías de desarrollo. En el Estado Plurinacional de Bolivia, la economía informal se desarrolla en un escenario de pobreza a nivel urbano y rural, altas tasas de desempleo, subempleo, desigualdad de género y trabajo precario, inseguro y mal pagado.
Sin duda, el crecimiento de la economía informal en economías en desarrollo es el resultado de la baja capacidad del sector formal para generar fuentes de empleo digno e ingreso sostenible, en un contexto de fuerte crecimiento de la fuerza laboral y creciente migración campo-ciudad.
Evidentemente, la economía informal se caracteriza por un agudo déficit de trabajo decente y un porcentaje desproporcionado de trabajadores pobres. La evidencia empírica muestra que los trabajadores de la economía informal se enfrentan habitualmente a riesgos más elevados de pobreza que los trabajadores de la economía formal. Como resultado de estos factores, hay una coincidencia significativa, aunque no llega a ser total, entre el trabajo informal y el hecho de ser pobre y vulnerable (OIT, 2018).
Aporte de la KAS
La Fundación Konrad Adenauer (KAS) oficina Bolivia trabaja hace mas de medio siglo apoyando el fomento de políticas públicas en pro del bienestar de los bolivianos, la democracia y el Estado de derecho. Uno de los problemas económicos que se ha hecho evidente es que, desde 1982, la economía informal ha crecido en progresión geométrica.
El mercado laboral en Bolivia se caracteriza por tener un elevado empleo informal. En el país hay un 62,3 % de informalidad respecto al producto interno bruto (PIB). La medición del PIB y el empleo puede traducirse en subestimaciones importantes si no tienen en cuenta las actividades informales. Las políticas nacionales estarán mejor fundamentadas si se conocen la magnitud del empleo informal y las condiciones de estos patrones de empleo. Según el Sistema de Cuentas Nacionales, ciertas actividades pueden ser tanto ilegales como legales. Se ocultan a las autoridades públicas para evitar el pago del impuesto sobre la renta, el valor agregado u otros. También para evitar el pago de cotizaciones a la seguridad social y para evitar tener que cumplir con ciertos estándares legales tales como salarios mínimos, horarios máximos, estándares de seguridad o salud, etc.
Las políticas de ajuste estructural y los procesos de reestructuración económica, incluida la privatización de empresas estatales y servicios públicos, a lo largo de la historia económica de Bolivia han contribuido también al crecimiento de la economía informal.
Informe de la OIT
Según la OIT (2002), en la región de Europa Central y Sudoriental (países no miembros de la Unión Europea) y la Comunidad de Estados Independientes, el desmembramiento del sistema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) estuvo seguido de altas tasas de desempleo y la rápida migración de las zonas rurales a las urbanas sin los correspondientes aumentos de la proporción de trabajadores en la industria. Esto se tradujo en altas tasas de empleo en el sector de los servicios, pocos cambios en las tasas de empleo vulnerable y de desempleo, como también desaliento entre los jóvenes.
En países en desarrollo extractivistas como Bolivia, las caídas en los precios de los productos básicos de exportación (minerales entre otros) determinaron el cierre de centros mineros y el aumento significativo de desempleados, lo que contribuyó al incremento de la economía informal. En 1985, la caída de precio del principal producto de exportación en Bolivia, el estaño, determinó la caída de la minería y el cierre de los centros mineros. Esa población desempleada migró hacia la ciudad de El Alto y los departamentos del eje central, entre ellos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Muchos se dedicaron al comercio informal y otras actividades informales.
Foto: Shutterstock
Proceso de urbanización
Al 2019, Bolivia había ingresado en un proceso acelerado de urbanización. Más del 70 % de su población vive en las ciudades del eje central. Este proceso viene dándose con una fuerte presencia del sector informal, en donde las actividades terciarias como el comercio, los servicios, el transporte, y las administrativas, entre otras, configuran un rasgo característico.
En Bolivia prevalece la actividad económica basada en el extractivismo (minerales y gas, básicamente), en la explotación de recursos naturales. Esto provoca el debilitamiento de la demanda agregada interna y está afectando a los procesos de fortalecimiento del desarrollo entrampando a la economía boliviana en la informalidad.
La evidencia empírica coincide en afirmar que la gobernanza frágil es una de las bases fundamentales de la economía informal. En general, el crecimiento de la economía informal puede deberse a políticas macroeconómicas y sociales inadecuadas, ineficaces, encubiertas o mal aplicadas, a menudo desarrolladas sin consultas tripartitas, así como a la falta de marcos jurídicos e institucionales favorables y de buena gobernanza para la aplicación correcta y eficaz de las políticas y leyes.
Sin duda, la gobernanza inadecuada se traduce en poblaciones de trabajadores y empresarios que la legislación no reconoce ni protege. Los marcos jurídicos e institucionales cuya concepción y aplicación es esencial para luchar contra la informalidad son los que rigen el trabajo, la protección social, la reglamentación de las empresas y la garantía del derecho de propiedad, incluido el acceso al capital financiero (OIT, 2002).
Normativa inadecuada
En el caso de Bolivia, la normativa laboral es antigua y muy desactualizada y no responde a los desafíos del siglo XXI. La normativa de referencia sobre las condiciones laborales es la Ley General del Trabajo (decreto supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a ley el 8 de diciembre de 1942). Y su reglamento de desarrollo (decreto de 23 de agosto de 1943).
La normativa diferencia entre contrato individual o colectivo; este último caso, definido cuando se pacta «entre un patrono o asociación de patrones y un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores». Por ello, existen empleadores de grandes empresas que tienen comportamientos inadecuados y escamotean los derechos sociales y económicos de sus trabajadores; aunque, debido a la estructura empresarial del país, son pocas las empresas de ese tipo.
En general, en empresas relativamente grandes, los trabajadores gozan de protección sindical y las gerencias son profesionales y procuran cumplir con lo que establecen las normas laborales. Se podría decir que en estas pocas empresas el trabajo es digno (Erostegui, 2017). Por el contrario, en las micro y pequeñas empresas no se respeta la legislación ni la normativa laboral. En la mayoría de ellas no se practican relaciones laborales enmarcadas en la norma, los empleados no son sujetos de prestaciones sociales ni beneficios sociales, aparentemente porque la legislación laboral de 1939 está pensada para las grandes empresas y, por lo tanto, a estos segmentos pequeños les genera distorsiones, principalmente de costos y de productividad.
Datos del INE
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población económicamente activa (PEA) de Bolivia abarca a 4.739.203 de personas y sólo el 40 %, es decir, 1.895.681 personas, son asalariadas.
La población protegida por la Ley General del Trabajo (LGT) llega a 473.920 personas, que corresponden al 25 % de los asalariados, pues una gran parte de los asalariados están constituidos por los maestros, que tienen un régimen laboral particular, mientras que 450.000 son funcionarios públicos con un régimen laboral enmarcado en el Estatuto del Funcionario Público.
Lo que no muestran estas cifras es que 2.843.521 personas están vinculadas al sector informal o son trabajadores por cuenta propia, propietarios de empresas en todos los segmentos, mayoritariamente compuestas por centros de trabajo micro o pequeños y también por desempleados, que son un 5 %, es decir, 236.960 personas. Estas personas no tienen garantizada la atención en salud y tampoco gozan con efectividad de un régimen jubilatorio; no tienen un régimen de protección laboral.
Sector informal
Por otro lado, el 25 % de los trabajadores que gozan tanto de la protección de la seguridad social de corto y largo plazo como de la cobertura de la Ley General del Trabajo, son un número reducido pero de importancia para el país, debido a que están insertos en sectores importantes de la economía: minería, petróleo, industria, construcción, servicios bancarios, etc. Además, estos sectores cuentan con organizaciones sindicales muy bien estructuradas y con influencia en organizaciones sindicales internacionales, así como en la OIT (Erostegui, 2017). Asimismo, el otro grupo de trabajadores con dependencia económica del Estado en todos sus niveles (central, departamental y municipal), tiene protección de la seguridad social de corto y largo plazo, pero no cuenta con estabilidad laboral (exceptuando a los maestros), ni con organización sindical, y no puede defender sus derechos mediante una declaración de huelga.
Aunque algunas actividades ofrecen medios de vida e ingresos razonables, la mayoría de las personas que trabajan en la economía informal están expuestas a condiciones de trabajo inadecuadas e inseguras y tienen altos niveles de analfabetismo, poca calificación y escasas oportunidades de formación. Tienen ingresos más inciertos, más irregulares y más bajos que quienes trabajan en la economía formal; trabajan más horas, no gozan de derechos de negociación colectiva ni de representación y, a menudo, su situación en el empleo es ambigua o encubierta. Y tienen una mayor vulnerabilidad física y financiera porque el trabajo en la economía informal está excluido o efectivamente fuera del alcance de los regímenes de seguridad social y de la legislación en materia de protección.
A nombre de la Fundación Konrad Adenauer oficina Bolivia, agradecemos a los investigadores que realizaron esta investigación, cuyo objetivo es aportar a la comprensión del fenómeno tan complejo de la informalidad y la economía informal y servir de insumo para la formulación de políticas públicas.
1Iván Velázquez-Castellanos
Licenciado en Administración de Empresas (Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia). Doctor en Economía (Universidad de Bonn, Alemania). Coordinador del Programa Bolivia de la KAS. Profesor universitario.
Referencias
Erostegui, R. (2017, diciembre 26). ¿A quién protege la Ley General del Trabajo? La Razón.
Medina, L., y Schneider, F. (2018). Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?
OIT. (2002). Resolución y conclusiones relativas al trabajo decente y la economía informal. Conferencia Internacional del Trabajo, 90.ª reunión, 2002. Ginebra.
OIT. (2018). Women and men in the informal economy. International Labour Office.
Accede a la investigación completa:
Dufner, G., y Velásquez Castellanos, I. (coords.). (2020). Economía informal e informalidad en una sociedad multiétnica. La Paz, Bolivia: KAS.
*Este artículo fue publicado originalmente dialogopolitico.org el 10 de diciembre de 2021.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
