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El gobierno dispuso este miércoles pasado una nueva Emergencia Sanitaria Nacional para combatir la escalada de casos de Covid-19. Entre leyes y decretos tenemos ya varias de estas disposiciones desde que se inició la pandemia. Las buenas intenciones, y la desesperación por mostrarse activos, han llevado a los políticos a decretar medidas excepcionales que lamentablemente combinan una de cal por otra de arena. Los resultados experimentados en previas rondas deberían dejar enseñanzas importantes para su diseño, pero parecería que seguimos tropezando con las mismas piedras.
Déjenme dividir las medidas de esta nueva Emergencia Sanitaria Nacional entre buenas (aquellas que incrementan la eficiencia) y malas (aquellas que la reducen). Empecemos por las malas.
- Control de precios. Una medida típica de estas disposiciones es el control de precios de medicamentos. Este miércoles pasado, el ministro de salud anunció que los laboratorios nacionales, industriales e importadores deberán presentar una lista de precios máximos que deberá ser aprobada y publicada por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud.
Cuando se quiere “evitar la especulación” y hacer que algo sea asequible para la población, los políticos recurren a la vieja ilusión de imponer un precio máximo en una ley y creer que con eso tienen el problema solucionado. Esta enorme falacia es el resultado de no entender que los precios no son un capricho, una especulación o una maldad, sino simples indicadores de la escasez relativa de los bienes.
Los medicamentos suben de precio porque la demanda se incrementa cuando se incrementan los casos. Y aunque Ud. no lo crea, la subida de precios genera las señales apropiadas. Para los consumidores, la señal es: esto está caro, compre solo lo necesario o busque alternativas. Para los productores o importadores, la señal es: esto está caro, si vende más ganará más plata. Estas señales motivan un uso eficiente del producto y generan incentivos para producirlo o importarlo en mayor cantidad. Si controlamos los precios, sin embargo, estas señales desaparecen y solo generamos desabastecimiento. Los consumidores compran la misma cantidad que antes, pero, con precios controlados, los productores o importadores no tienen incentivos para surtir el mercado. Resultado: desabastecimiento en el mercado formal y surgimiento de mercados negros. Y, ojo, este resultado no es solo una derivación teórica. Es una dura realidad que ya vivimos cuando se impusieron estos controles y había que buscar medicamentos en el mercado negro a través de Facebook.
- Eliminación de cobros anticipados. El ministro Auza afirmó que “no se podrá exigir depósitos previos, garantías o cualquier cobro anticipado en clínicas privadas.” Y aquí, como con los controles de precios, las buenas intenciones le pueden a la racionalidad. Las clínicas privadas ofrecen un servicio escaso con una enorme demanda. Los cobros anticipados o garantías solo son un mecanismo para identificar a aquellos que están dispuestos a pagar el precio de esos servicios. Si las clínicas privadas no pueden exigirlos, pues entonces enfrentarán mayores riesgos. Si todo lo demás se mantiene constante, esto significará que tendrán menos incentivos a ofrecer dichos servicios y estos serán más escasos. Ya sé que el contrargumento es que mucha gente no tiene la plata para hacer esos pagos y se encuentran desesperados por lograr atención. Pero la solución no es sobreregular a las clínicas y decirles como cobrar. La solución es, al revés, desregularlas, para que los inversionistas tengan incentivos a abrir cada vez más clínicas privadas. Debemos entender que la empresa privada busca ganancias y ofrece más productos y servicios cuando hay más oportunidades de lograrlas. Este incremento de la oferta beneficia ultimadamente al consumidor o paciente porque surte al mercado y reduce los precios a través de la competencia.
Veamos ahora las buenas.
- Procedimiento abreviado para la emisión de registros sanitarios. Esta es una buena medida por donde se la mire. La idea es hacer más abundante la producción o importación de medicamentos. Abreviar los requisitos burocráticos para poder hacerlo es, definitivamente, una gran ayuda. Lo sorprendente es que no aprendamos de esta política y la apliquemos en otros rubros y en tiempos de no emergencia. Reducir los “controles,” “licencias” y “registros” expande la oferta de productos o medicamentos en el mercado y, por lo tanto, reducen su precio.
- Abreviación de los plazos y requisitos para la contratación de personal médico. Esta también es una buena medida. Otra vez, la idea es incrementar la oferta de servicios de salud, y para eso hay que facilitarles la vida a los proveedores de estos servicios. Pero, una vez más, si estamos de acuerdo en que esta es una buena idea para enfrentar la pandemia, ¿por qué no sería una buena idea para expandir la oferta de otros productos y en tiempos de no emergencia? Las enormes regulaciones laborales en el país hacen muy difícil y costoso contratar “en blanco” y, por lo tanto, la mayor parte de las actividades económicas no desarrollan economías de escala y se mueven al sector informal.
La aplicación de políticas públicas en emergencias genera resultados de los que deberíamos aprender constantemente. Apreciar y comprender el cambio en la estructura de incentivos que estas políticas generan, es tremendamente útil más allá de lo que las emergencias demandan.
Antonio Saravia es PhD en economía (Twitter: @tufisaravia)
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
