La Semana Económica: Bajas calificaciones, pero “la culpa es de Ucrania”
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Shock de confianza
La política económica boliviana recibió malas calificaciones unánimes esta semana. Primero fue la agencia Fitch, que pasó al país de la calificación B con perspectiva estable a B- con perspectiva negativa.
La razón: “agotamiento de sus reservas de liquidez externa, lo que, a la luz de una vinculación monetaria, ha aumentado en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos. La continua caída de las reservas internacionales a niveles bajos las ha vuelto vulnerables al riesgo de un shock de confianza, que se ha materializado en las últimas semanas”.
Luego fue el turno de Standard & Poor´s, que puso a Bolivia en “revisión especial negativa”, por el “potencial incremento de la vulnerabilidad externa dada la pérdida de reservas internacionales en curso y un empeoramiento del perfil externo del soberano”.
Por último, J.P. Morgan indicó que el riesgo país de Bolivia superó los 1.000 puntos, algo considerado por los analistas como una importante barrera psicológica. Las bajas calificaciones implican un menor acceso al financiamiento internacional y a las inversiones extranjeras.
El gobierno contestó al informe de Fitch, alegando que la agencia “no toma en cuenta el actual contexto de crisis internacional”. Para variar, la culpa es de la guerra en Ucrania.
Los DEG, ahora sí
Mientras tanto, la urgencia por “fortalecer la liquidez de las reservas internacionales”, al decir del Banco Central de Bolivia (BCB), llevó al uso de 300 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. Curioso, teniendo en cuenta que por una operación bastante similar se ha impulsado un proceso judicial contra la ex presidente Jeanine Añez.
Manejo de la incertidumbre
El presidente del BCB salió a la calle rechiflado por los transeúntes, en una muestra del creciente malestar social por el muy discutible manejo de la incertidumbre cambiaria y financiera. Las redes sociales también se llenaron de críticas por la lentitud de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en salir a dar seguridad a los ahorristas en el caso del Banco Fassil.
En este contexto, surgen dudas legítimas sobre la administración que podría hacer el gobierno de los ahorros jubilatorios con la Gestora Pública, al punto que una nota de Infobae (Argentina) alerta con la “captura de los fondos de pensiones bolivianos como salvavidas”.
En lugar de plantear un paquete de medidas destinadas a dar certidumbre, desde esferas gubernamentales se recurre al enfoque punitivo: el presidente del Banco Central mueve el índice acusador hacia los exportadores, advirtiendo con controles “si no traen sus dólares a Bolivia”, y se multiplican los operativos y detenciones contra cambistas.
El 100% del oro
Como el modelo ya no cuenta con grandes volúmenes de gas para financiarse, se apunta a “captar el 100% de la producción de oro de nuestras cooperativas y de nuestra minería”, como señalara el todavía ministro del área, Ramiro Villavicencio.
El funcionario dijo que con la Ley del Oro se echará a andar una comercializadora estatal, que comprará el total del metal aurífero que se extraiga. Pero Villavicencio no parece haber tomado nota del rechazo de las cooperativas al acuerdo entre el gobierno y Fencomin, por lo que la frágil tregua puede devenir en cualquier momento en batalla.
Paros en Potosí
El otro sector que está en la mira para sostener al modelo rentista-extractivista es el litio, pero es difícil que pueda dar rendimientos a corto plazo. Por lo pronto, el desarrollo de los recursos evaporíticos tendrá que sortear los conflictos que provoca un marco legal centralista, que no dejaría grandes ingresos a Potosí y que ya generó un paro departamental de 72 horas, que puede ser seguido por otro indefinido.
