La Semana Económica: PGE centralista, crisis de avasallamientos y baja calificación de Bolivia
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Concentración de recursos
El proyecto de PGE enviado por el Ministerio de Economía ha tenido un accidentado trámite parlamentario, por el momento congelado en el plenario de la Cámara de Diputados. Un legislador de oposición lo calificó como “hipercentralista”, por concentrar más del 88% de los recursos en el nivel central del Estado, dejando menos del 12% para las entidades autonómicas.
La Fundación Milenio difundió cifras donde el nivel nacional concentra el 82% de la inversión pública, coincidiendo en cuestionar el centralismo fiscal en la distribución de recursos.
“El gobierno insiste en retener para sí obras y programas que deberían desconcentrarse, dejando para los niveles subnacionales un magro 18% del presupuesto. Esto, a despecho de la pobre ejecución de los recursos de inversión pública en las gestiones anteriores, y a expensas de las necesidades y demandas de los gobiernos subnacionales”, dice un documento de la fundación.
Otro aspecto que se está criticando en el PGE es el incremento del 23% en la asignación de fondos a empresas públicas deficitarias. De igual forma, el PGE prevé gastar 47.253 millones de Bs. para el pago de sueldos a funcionarios públicos de todo el aparato estatal, monto que supera los 45.010 millones de Bs. de recaudación tributaria proyectados para el 2023.
Sobre esto, la Fundación Milenio indica que “el gobierno, en lugar de ajustar el gasto corriente, opta por mantener un nivel de gasto total muy alto”.
Poca ejecución presupuestaria
Un segundo pilar de la política económica que ha recibido cuestionamientos durante la semana fue la baja ejecución presupuestaria por el gobierno nacional. Los expertos advierten una caída sostenida desde el año 2014, hasta llegar a un nivel actual de ejecución que apenas estaría entre el 50 y 60% de lo programado.
Para un modelo como el “social-comunitario”, basado en la inversión estatal y el consumo interno, esto supone serios problemas de sostenibilidad a mediano plazo.
El analista Jaime Dunn recordó que la ejecución ha estado ligada a la venta externa de gas: “cuando el país atravesaba por el boom de ingresos por los hidrocarburos, la inversión pública tenía una ejecución por encima del 90%. En 2015 se ejecutó menos del 80%; entre 2018 y 2019 ya bajó cerca del 70%”.
Riesgo para la seguridad alimentaria
La crisis en la toma de tierras, centrada ante todo en el departamento de Santa Cruz, alcanzó nuevos niveles de intensidad y violencia en días pasados. Ahora, con el asalto a predios acuíferos importantes para la calidad ambiental y el abastecimiento de la capital cruceña, afectando además a emprendimientos como el centro eco-turístico Kim que funcionaba en la zona afectada.
En este caso, como en tantos otros sucedidos en predios rurales, se sospecha de un “pago de favores políticos” a sectores sociales afines al partido de gobierno, luego del rol de agitación que cumplieran estas organizaciones en el cerco o “contra-paro” de noviembre.
Según datos oficiales, a nivel nacional habrían al menos 208 avasallamientos de tierras, y mientras el gobierno afirma que “se garantizará el derecho propietario”, desde la Cámara Agropecuaria del Oriente se advierte que este fenómeno “pone en riesgo la seguridad alimentaria”.
Así lo manifestó el vicepresidente de la CAO, José Luis Farah, señalando que cada avasallamiento afecta a la producción. “Llamamos a que hagan cumplir la ley, es lo único que pedimos, cumplir el estado de derecho que necesita un productor”, dijo el dirigente agropecuario.
El estancamiento político pasa factura
Standard and Poor’s (S&P) bajó la calificación de riesgo de Bolivia de B+ a B, por el “agotamiento de los amortiguadores fiscales y externos” y “la profundización del estancamiento político”.
La firma internacional remarcó las “crecientes vulnerabilidades de los déficit fiscales persistentes y considerables, que han empujado la deuda pública neta por encima del 60% del PIB” y la caída de las reservas internacionales, “que han disminuido constantemente en los últimos dos años” a pesar de los valores récord de las materias primas.
S&P también cuestionó el alargamiento en el proceso para aprobar la nueva normativa del Censo: “la coalición gubernamental estaba dividida sobre la nueva ley, destacando los desacuerdos internos que afectan negativamente la formulación de políticas. Estas complejas dinámicas (…) podrían reducir la probabilidad de políticas fiscales correctivas oportunas y de otro tipo”.
