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“¿Por qué se extinguen las ballenas y no las ovejas?” Esa es una pregunta estándar que se hace en el primer curso de economía en colegio o universidad. Mis estudiantes me preguntaron si era una broma cuando la introduje en un examen; pero no lo es, aunque parezca.
Para ilustrar, ésta es la respuesta de la plataforma Bard de inteligencia artificial de Google:
“Las ovejas no se extinguen porque son un bien privado, mientras que las ballenas están en peligro de extinción porque son un bien común.
Según el Premio Nobel Ronald Coase, los derechos de propiedad brindan a los individuos un incentivo para cuidar sus recursos. En el caso de las ovejas, sus dueños tienen derechos de propiedad sobre ellas, lo que les da un incentivo para criarlas de manera sostenible.
Por otro lado, las ballenas son un bien común, lo que significa que cualquiera puede cazarlas. Esto ha llevado a una sobreexplotación, que ha reducido la población de ballenas. Según la Premio Nobel Elinor Ostrom, los bienes comunes pueden ser gestionados de manera sostenible si los usuarios del recurso se organizan para establecer reglas y mecanismos de vigilancia.
En conclusión, las ovejas no se extinguen porque sus propietarios tienen incentivos para cuidarlas, mientras que las ballenas están en peligro de extinción porque no tienen un propietario individual.”
¿Qué tiene que ver lo anterior con el humo y la alta contaminación que hemos tenido en Santa Cruz y que nos recuerda a Ciudad Gótica de Batman por la noche?
La respuesta radica en la “tragedia de los comunes”, un concepto que fue introducido por el economista Garret Hardin en 1968. Hizo referencia a los pastizales comunes donde pastaban ovejas de distintos dueños. Cada uno de ellos tenía el incentivo de tener más ovejas aún si eso deterioraba el pastizal para los otros, porque no asumía el costo asociado.
En nuestro caso, el bien común es el aire puro y libre de contaminación. Un problema es que el aire de la ciudad no sólo depende de lo que se haga en la metrópoli. El humo de los incendios en otras partes del departamento llega a la ciudad y es imposible tener responsabilidades claras y de coordinación, peor aún en un contexto de baja disposición de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para trabajar en conjunto.
Tampoco contamos con mecanismos de vigilancia y de sanción que sean efectivos. Es cierto que existe, por ejemplo, el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de Riesgos de Incendios Forestales (SATRIFO) de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), que nos actualiza día a día sobre riesgos y eventos con localización específica. Pero muy poco se hace para perseguir y castigar a los culpables, porque si no la cantidad de detenidos sería considerable; y no lo es.
De igual forma, no tenemos estrategias de respuesta rápida frente a estas crisis ambientales. Cuando vivía en Santiago de Chile, una ciudad muy contaminada, existía un sistema de monitoreo y de previsión de la contaminación que permitía tomar las medidas como suspensión de clases aún antes de que los chicos salgan de casa.
Y un requisito indispensable es tener una institucionalidad, entendida como las normas, reglas y organizaciones que puedan servir efectivamente para que exista producción y consumo sostenible. Desafortunadamente tampoco los tenemos, sino sólo reaccionamos a estos eventos.
Es similar a lo que pasa en el mercado laboral: hay millones de trabajadores que no están bajo el amparo de la seguridad industrial, social y médica porque el Estado no tiene las capacidades para hacer cumplir la ley allí. En cambio, usa todas sus herramientas de forma coercitiva con el segmento acotado de empresas formales.
Lo propio pasa con la contaminación. No pueden hacer cumplir la ley a un conjunto no determinado de productores ilegales. Lamentablemente, el control (e incluso la rabia ciudadana) se concentra en el segmento formal que cumple con los estándares requeridos.
Las soluciones para la contaminación existen; pero no tenemos la capacidad de aplicarlas.
