Escucha la noticia
En nuestra plataforma digital Entre Líneas, Gary Prado Araúz, recordó la ejecución extrajudicial que terminó con la vida de Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyorosi y Michael Martín Dwyer el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz. Este hecho criminal marcó un antes y un después en la reciente historia política boliviana. Por cierto, no fue un acontecimiento aislado o simplemente policial, sino un hecho político que ha trascendido nuestras fronteras por tratarse de extranjeros que fueron ejecutados en Bolivia.
A quince años de la masacre en el hotel Las Américas, se puede asegurar que fue un complot contra Santa Cruz porque el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas no fue ejecutado por Rózsa y su grupo. El vehículo Toyota Starlet, color plomo, con placa 037-ZGC, que figuraba como el motorizado utilizado en el atentado al cardenal, resultó ser totalmente diferente del vehículo de Rózsa, marca Hyundai de color plomo que estuvo parqueado en el hotel hasta que lo incautó la Policía.
La evidencia de que todo estaba planificado es la denuncia de fecha 30 de marzo de 2009, con cargo de la Fiscalía del Distrito de La Paz del 14 de abril de 2009 (antes del fatídico 16 de abril de 2009), hecha por personeros del ministerio de Gobierno (que después reconocieron).
En esta denuncia pedían al ministerio público investigar si existía la posibilidad de que estos hechos se produzcan. Esta denuncia evidencia que no hubo ningún hecho delictivo y que el atentado a la casa del cardenal, fue el pretexto para la cacería humana en el hotel Las Américas.
Aunque el gobierno venía pisándoles los talones al “grupo terrorista”, que además vivía en hoteles 5 estrellas (incluso hay fotografías donde comparten parrilladas policías y “terroristas”), realizaron el operativo policial sin orden judicial ni presencia del fiscal Marcelo Soza, con lo cual todas las evidencias o elementos de convicción recolectados, fueron contaminados y se convirtieron en prueba ilícita que siempre debió ser expulsada del proceso.
Tampoco tomaron declaraciones a los policías que intervinieron en el operativo, no se inspeccionó ni reconstruyó la masacre, diligencias imprescindibles para el esclarecimiento de lo ocurrido en el hotel Las Américas.
A partir de la constatación de que el Gobierno sentó una denuncia y tenía fiscal asignado, con anticipación al fatídico 16 de abril de 2009, no cabe ninguna duda de que el caso terrorismo tenía la finalidad política de hegemonizar todo el poder y doblegar a la dirigencia cruceña (y lo consiguió).
La juez Betty Yañíquez era parte del equipo acusador del gobierno de Evo Morales, y esto explica los abusos cometidos en este caso, comenzando por radicar primero el caso en la ciudad de La Paz; es decir, la juez que tenía que garantizar los derechos de los imputados, hacía exactamente lo contrario: legalizaba los abusos del fiscal y de la policía.
A lo largo del proceso, que duró más de 10 años, nunca se logró demostrar el delito acusado de terrorismo (art. 133), cuyo tipo penal exigía tres presupuestos indispensables: 1) Formar parte, actuar al servicio o colaborar con una organización armada; 2) Que la organización armada esté destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad; y 3) Que tenga por finalidad subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella. Ninguno de estos presupuestos se cumplió en este caso, porque nunca hubo o existió lo que se conoce como hecho penal.
Se puede concluir entonces que los 39 acusados siempre fueron inocentes, habida cuenta de que se les atribuyó un hecho penal “inexistente” o atípico. Por lo tanto, el referido proceso lejos de garantizar los derechos fundamentales, se convirtió en un caso “fabricado” para vulnerar los derechos y las garantías de los imputados. Los abusos cometidos se encuentran plasmados en las demandas internacionales contra el Estado boliviano.
Este proceso además no sólo se ha encargado de vulnerar los derechos de los imputados, sino también ha minado la legitimidad, la independencia, e imparcialidad del Órgano Judicial.
