Escucha la noticia
Aunque muy pocos dudábamos del resultado de la sentencia del proceso contra la ex Presidenta Añez incluyendo su contenido que ha empezado a circular en las RRSS, han sorprendido los misiles contra el proceso, disparados desde organismos internacionales y desde la republiqueta del Chapare, tan certeros que van contra su línea de flotación.
Empezando por el mismísimo Relator Especial del Sistema de NNUU para la Independencia de Jueces y Abogados, el peruano Diego García Sayan, es decir, el principal funcionario global en la materia y por si fuera poco, de reciente visita a nuestro país (febrero pasado) que plausiblemente lejos de las formas diplomáticas que permean esos círculos, ha disparado el primero de varios en la red del pajarito azul, señalando que al margen de como haya surgido su mandato, la sentenciada tenía derecho a juicio de responsabilidades. No se trata pues de cualquier opinadorcito como el suscrito u otro que disfruta ejerciendo su libertad de opinión, sino nada más ni nada menos que el principal relator precisamente sobre independencia judicial, en el mundo.
Y es que si se pone en duda que el proceso haya sido ventilado respetando la garantía del Juez natural de la ex Presidenta (que implica el pre determinado por ley, independiente e imparcial) de lo que estamos hablando en buen romance, es que no habiendo tenido acceso a esa garantía de naturaleza operativa (pues hace que funcionen las restantes), estaríamos ante una causal de nulidad del proceso (arrastrando la sentencia).
No sólo eso. La línea de flotación del proceso empieza hacer aguas y por todos sus flancos, cuando nada más ni nada menos que la supuesta principal víctima de los hechos juzgados –según la teoría de caso de la acusación fiscal y particular- como es el ex presidente Morales, ha confesado horas después de conocida la parte resolutiva de la sentencia, que había decidido junto con otros altos cargos incluyendo el mismísimo Presidente Arce, que su caso, sea juzgado en la vía ordinaria. Es inaudito pues que la víctima tenga el poder de elegir donde se juzgara, su propio proceso, todo un récord Guinnes. El pez muere por la boca.
Por si fuera poco, acaba de publicarse un comunicado oficial de la misión técnica de observación del proceso de la Oficina de la Alta Comisionada de las NNUU para DDHH, que hizo un seguimiento especial de su desarrollo, formulando también sus fundadas observaciones preliminares sobre el cumplimiento del Debido Proceso en lo que concierne a sus garantías de legalidad (del tipo penal de incumplimiento de deberes, con el que fue sentenciada); el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva, precisando que en el proceso en cuestión, observa la acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos, formulados bajo diversos delitos (una práctica perversa que suele usar el MP en ese tipo de casos); la naturaleza hibrida de la audiencia de juicio junto con sus defensores, al extremo grosero que los acusados no estuvieron presentes en su propio juicio, vaciándose de contenido su garantía de defensa material y técnica; la débil producción de prueba de descargo testifical facilitada por el Tribunal (sí, leyó bien) y la participación de numerosas partes acusadoras (otra perversidad del sistema que permite huaykear al acusado en ese tipo de procesos), lo que afectó al equilibrio procesal, en lo que hace a producir pruebas, confrontar testigos y formular alegatos. Por su parte, Human Rights Watch también ha disparado los suyos, compartiendo las preocupaciones anteriores formuladas.
Así el estado del arte y mientras se analizan las más de 70 hojas de la sentencia que ya está disponible para quienes se tomen el trabajo de estudiarla (si es que cumple su atributo de autosuficiencia); parece que si estaríamos ante Tribunales superiores que resuelvan los recursos que ya se anunciaron serán planteados, la sentencia no sobreviviría a un juicio de legalidad y peor de constitucionalidad y/o convencionalidad. Es que jalar la pita hasta esos extremos intolerables poniéndose en evidencia ante la opinión pública nacional e internacional dada la enorme atención que ha suscitado el proceso, demuestra un grado de desesperación para imponer por la fuerza y no el Derecho, una versión que, definitivamente choca contra la realidad. GOETHE decía que la Ley puede ser muy dura, pero peor es la realidad. No se trata de asumir posturas simplonas y maniqueístas a favor de unos y en contra de otros, se trata de reivindicar el derecho de que todo ser humano, haya hecho lo que haya hecho, merece un Debido Proceso, la madre de todas las garantías. Desmond TUTU, la tenía clara: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
