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En este 2026 se cumplen 90 años del inicio de la guerra civil española, uno de los peores conflictos fratricidas de la historia universal, del que pueden extraerse lecciones fundamentales sobre los riesgos de la polarización política.
Si bien la lucha en el plano militar se desató con el “Alzamiento” de julio de 1936, en un mes de abril como este se dio un paso hacia el despeñadero, con la destitución arbitraria del presidente de la república, Niceto Alcalá-Zamora, por la nueva legislatura controlada por el Frente Popular.
Al desplazar a un republicano de centro-derecha del poder moderador que entrañaba la presidencia, se perdió la capacidad de arbitraje entre bandos que Alcalá-Zamora había demostrado en los años anteriores. Peor aún fue la sustitución por el jacobino Manuel Azaña, que había aceptado la tesis estalinista del Frente Popular (unión de los republicanos de izquierda con el Partido Comunista).
De esta forma, se coronaba un proceso de radicalización, donde una de las facciones más grandes del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) proclamaba a Largo Caballero como “el Lenin español” y adelantaba que “cuando queramos romperemos las formas de la democracia burguesa para hacer la revolución” (ya lo habían intentado en 1934 en Asturias).
Por su parte, los conservadores habían optado mayoritariamente por la moderada y parlamentaria CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de José María Gil-Robles, suerte de predecesor de la democracia cristiana, pero en los comicios de febrero de 1936 una parte de ese electorado se decantó hacia Renovación Española de José Calvo Sotelo, un monárquico autoritario.
A la hora de formar gobierno, se perdió la penúltima oportunidad de evitar la guerra civil cuando el líder del sector reformista del PSOE, Indalecio Prieto, rechazó la oferta de Gil-Robles de darle mayoría parlamentaria sin cuotas ministeriales. Prieto alegó que, de aceptar, “la guerra sería entre socialistas”, en alusión a la facción de Largo Caballero.
Desde la llegada al poder del Frente Popular se produjeron unos 300 asesinatos políticos, a manos de pistoleros de ambos bandos, entre los que destacaron los anarcosindicalistas, los falangistas y los parapoliciales socialistas de “La Motorizada”, que acabaron asesinando a Calvo Sotelo.
La última oportunidad para la paz se perdió cuando, ya tras el alzamiento de gran parte de las Fuerzas Armadas, Azaña nombró tardíamente un gabinete conciliador a cargo de Diego Martínez Barrio, quien intentó un diálogo con el director del golpe, el general Emilio Mola. “Si llegamos a un acuerdo, ambos seremos considerados traidores por nuestros bandos”, respondió el jefe militar.
En los dos casos (Prieto y Mola), quienes rechazaron la paz lo hicieron más por miedo a los radicales del propio lado que al supuesto adversario.
