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Siete meses después de dejar la función pública para dedicarse a pintar cuadros en el solaz de su intimidad, tras años como autoridad municipal hasta convertirse en Alcaldesa de Santa Cruz sin que nadie haya votado por ella para ese cargo, Angélica Sosa está hoy envuelta en un escándalo de corrupción que puede terminar arrastrándola al banquillo de los acusados.
El caso de 800 ítems fantasmas creados en el gobierno municipal más grande del país puso a la exalcaldesa al centro de cuatro frentes que amenazan con triturar su imagen pública, su trayectoria política y hasta su libertad. Perdió la última elección municipal, no tiene ni un solo concejal que la defienda y, por tanto, deberá lidiar personalmente con esos frentes.
Uno de ellos tiene el rostro de Valeria Rodríguez, exesposa de Antonio Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos de la alcaldía cruceña entre 2009 y 2018, unidad desde la cual se habrían creado los ítems fantasmas que produjeron cifras millonarias con las que el exmarido compró una flota de vehículos de lujo e inmuebles en Santa Cruz y hasta en el extranjero.
Postrada en la cama de una clínica, pero con energías para hablar con los medios que se lo piden, Rodríguez parece estar un paso adelante de Sosa. Denunció que la exalcaldesa le amenazó de muerte y mientras la acusada se esforzaba en negarlo con un video en redes sociales, volvió a la carga para advertirle que tiene en su poder las grabaciones de las llamadas que le hizo Sosa.
El otro frente se organizó en el Ejecutivo municipal. Lo encabeza el alcalde Johnny Fernández y las puntas de lanza son la directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, y el director de Asuntos Jurídicos, Ever Mérida. Como en pocas ocasiones, Fernández perdió la compostura y arremetió molesto contra la Fiscalía Departamental, que recibió y rechazó la denuncia hace dos meses.
Con tono amenazante, el Alcalde dijo que si el Ministerio Público cruceño “tapa la corrupción” en el caso “ítems fantasmas” con dilaciones y maniobras judiciales, “levantará” a los sectores sociales del municipio de Santa Cruz.
Ever Mérida apuntaló la indignación del Alcalde y pidió a la Fiscalía General del Estado constituir una comisión de investigadores con fiscales de La Paz y Cochabamba, mientras Adriana Pedraza anunció una auditoría interna para precisar el daño económico ocasionado al municipio, a fin de evitar que el Ministerio Público cruceño rechace nuevamente lo que los abogados llaman actuados.
Para evitar que el foco de la atención se pose en la Fiscalía de Santa Cruz, Róger Mariaca, su principal autoridad, anunció el cambio del fiscal asignado al caso “ítems fantasmas”, el abogado Diego Toro Flores, que se desempeñó como asesor jurídico en la gestión de Sosa y curiosamente no se excusó al saber que investigaría el escándalo y eso le produciría un conflicto de intereses.
En otro rápido movimiento táctico, después de que la Fiscalía General del Estado anunciara que una comisión especial de fiscales supervisará el trabajo de esa instancia en el bullado caso porque se recibieron quejas del involucramiento de miembros del Ministerio Público, el suegro de Mariaca renunció como funcionario de la Alcaldía cruceña, institución a la que ingresó a trabajar en la gestión de Sosa.
El tercer frente surgió en el Concejo Municipal que conformó una comisión especial que se encargará de investigar el escandaloso caso que habría provocado una afectación multimillonaria, aún no calculada con precisión, ya que se pagaron sueldos mensuales de entre 11.000 y 14.000 bolivianos a 800 personas que no trabajaron en la Alcaldía.
Concejales de UCS, del MAS y Manuel Saavedra, el único concejal de Demócratas, se pusieron al frente pidiendo que la Fiscalía Departamental ponga interés en el caso y convoque a los exfuncionarios municipales denunciados, sumándose, además, a la demanda penal interpuesta por Valeria Rodríguez.
Un cuarto frente, aún difuso, podría activarse en cualquier momento y sería letal para la exalcaldesa Sosa. Lo componen Antonio Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos cuyo paradero actual se desconoce, los exfuncionarios Javier Cedeño, Javier Carrasco y Julio Herbas, y otros tres exempleados de la Alcaldía que pueden terminar de abrir la caja de pandora en el Gobierno Municipal de Santa Cruz.
Presionados por la investigación fiscal, impulsada a su vez por las evidencias provistas desde los todos los frentes, los exejecutivos de la Alcaldía cruceña pueden transformarse en piezas clave para saber si la creación de los ítems fantasmas fue instruida o al menos conocida por los máximos niveles de conducción de esa institución.
Por el momento, Sosa ha tenido la “suerte” de que la Fiscalía Departamental rechazó en una primera ocasión la denuncia del caso “ítems fantasmas”, aunque su principal autoridad Róger Mariaca está ahora bajo “supervisión” de una comisión especial de la Fiscalía General del Estado y, por tanto, el panorama puede cambiar para la acorralada Angélica Sosa.
