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Empezaré diciendo que la demanda por la realización del censo nacional lo antes posible es una lucha legitima, justa y necesaria. El censo tuvo la fortuna de unir a diferentes instituciones del departamento de Santa Cruz, bajo la iniciativa de la UAGRM. Es menester recordar que, si bien hubo pronunciamientos y acciones esporádicas de diferentes autoridades e instituciones, fue la universidad pública la que logró reunir a todos los actores para coordinar acciones en común, con algunos tropiezos y desbandes.
Mi preocupación recae en que el censo traiga menos cambios estructurales de los que se piensa que traerá. Por ejemplo, algunos dicen que el censo demostrará que Bolivia es un país eminente urbano y no rural, pero esto ya ha quedado demostrado por el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano del PNUD, entre otros estudios, que señalan que la mayoría de la población boliviana vive en las áreas metropolitanas del eje troncal del país. Como señalé en una anterior oportunidad, el efecto más significativo de un nuevo censo recae en la redistribución de los escaños de diputados, pero el cómo repercutirá esto en la política nacional es tan incierto como la política misma, debido a muchos escenarios que se pueden dar y que evidentemente merecen la atención de todos.
Por tal motivo, es necesario saber capitalizar el esfuerzo que está realizando la ciudadanía para apoyar esta demanda, puesto que existen muchos otros temas pendientes con efectos verdaderamente estructurales que necesitan también de esta fuerza colectiva.
Es importante recalcar esto, porque más allá de quienes se encuentren hoy a la cabeza de las principales instituciones del departamento de Santa Cruz, está demostrado que la fuerza colectiva de su gente es el único camino visible para contrarrestar el autoritarismo del gobierno nacional. Por esa razón se debe precautelar que la ciudadanía no caiga en la decepción o el agotamiento.
Hoy en día existe un grupo de juristas independientes que están promoviendo una reforma judicial vía referendo constitucional. Días atrás recibieron la autorización por parte del Tribunal Supremo Electoral para recolectar firmas para esta iniciativa. De acuerdo con la información obtenida, precisan recolectar un millón y medio de firmas para que sea viable.
Una reforma judicial en el país es absolutamente necesaria y es el elemento fundamental para lograr un cambio trascendental en el país en muchos aspectos, sobre todo, para lograr de que exista un equilibrio de poderes. Es imprescindible que la ciudadanía en general pueda contagiarse de esta demanda de la misma manera que se lo ha hecho con el censo y mucho más todavía.
Por otra parte, se ha vinculado la realización del censo con el Pacto Fiscal y el Padrón Electoral Biométrico. Pero sería un error garrafal el pretender esperar a la realización del censo para recién empezar a trabajar en estos temas. En cuanto al primero, una alternativa para flexibilizar la fecha de realización del censo sería de que en paralelo se trabaje en el Pacto Fiscal para que sea aplicado conjuntamente a los resultados del nuevo censo nacional.
En lo que se refiere al Padrón Electoral Biométrico, muchas veces autoridades del Órgano Electoral Plurinacional han garantizado su transparencia y fiabilidad basándose en una auditoría realizada por la OEA sobre el mismo, pero lo que pasan por alto dichas autoridades electorales es que en aquella auditoría la OEA hizo recomendaciones que hasta ahora no han sido cumplidas a cabalidad, como ser: la actualización de los datos biométricos de los votantes.
En definitiva, existen demasiados temas pendientes para lograr un mejor futuro para el país, que al gobierno nacional no le interesa tocar para precautelar sus intereses políticos. La única manera de avanzar y hacer de estos temas una realidad es a través del impulso ciudadano. Es por ello por lo que es necesario mantener y promover aún más el empoderamiento ciudadano como principal sustento de la democracia boliviana.
