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La protesta liderada por Santa Cruz para demandar al gobierno central el cumplimiento de su compromiso de realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda en este mes de noviembre de 2022 ha permitido terminar de develar el verdadero rostro del presidente Luis Arce, así como el carácter autoritario y violento de su gobierno. Ya no hay dudas, si acaso aun alguien las tenía, de que este es un regímen dispuesto a todo, con tal de lograr su principal propósito que no es otro que el de reproducirse en el poder.
Dispuesto a matar, si así ve necesario para su propósito, sea a la verdad o a la gente. A la primera le ha perdido el respeto hace rato, como es posible evidenciar al revisar cada una de sus intervenciones públicas, a través de las cuáles va sentando la línea discursiva de su gobierno. A la vida de los bolivianos, también. Un extremo que igualmente es verificable al monitorear los hechos de violencia que están marcando los primeros dos años de su gestión, sobre todo los vistos en las últimas semanas marcadas por la demanda del Censo.
Hay que decirlo así, sin medias tintas, sin tratar de maquillar la brutal realidad que lastima al país entero, pero sin duda mucho más a Santa Cruz, un departamento contra el cual el regímen que preside Arce ha descargado toda su furia sin reparo alguno, utilizando para ello a las fuerzas represivas del Estado, entre otras a la Policía. Cada una de las acciones vistas en estos últimos días así lo confirman, con pruebas fehacientes que nada ni nadie puede borrar, por muchos intentos que haga el presidente y sus afines, y otros ni tanto.
Lo lamentable hoy es que pese a tantas evidencias, aun persistan voces que pretenden negar la realidad e insistan en liberar de responsabilidad al presidente, señalando que los responsables de tanta violencia y descalabro es el INE, Evo Morales o incluso Santa Cruz y su rebeldía. Así es difícil avanzar en el cometido de tratar de salvar a Bolivia, ya no apenas a un departamento, del destino que le quiere dar la cúpula que la preside, y que no es otro que el ya dado a Venezuela o Nicaragua, por citar apenas dos casos en la región.
¿Qué otra prueba necesitan los portadores de esas voces para terminar de convencerse de que estamos en manos de un regímen sediento de poder, más que de justicia social? O como dice uno de tantos tuits, un gobierno que prometió “revolución democrática”, pero que lo que está ofreciendo es “una burda dictadura fascista”. Una realidad, repito, puesta en evidencia una vez más en cada una de sus actuaciones frente a la protesta desatada en Santa Cruz reclamando Censo 2023, ya ni siquiera el cumplimiento oficial de Censo 2022.
Una protesta que ha llevado a Santa Cruz a cumplir un paro general que cumple hoy ya 23 días y cuyo mérito principal, al menos por ahora, es el de haber puesto en evidencia las reales intenciones o el rostro verdadero de Arce y su cúpula partidaria, más allá de haber logrado posicionar el Censo como demanda nacional. Méritos válidos pero no suficientes como para frenar los arrebatos de poder y violencia del gobierno central, y tampoco para garantizar la realización de un Censo en el que se cumpla la máxima que marcó al de 2012 y que rezaba “todos contamos, todos valemos”.
No sé si se cumplirá lo dicho por la politóloga Jimena Costa, de que el Censo será para Arce lo que Chaparina fue para Evo Morales. Es decir, que finalmente develará para todos el rostro verdadero de un presidente tomado por la única ambición de reproducirse en el poder. Menos aun parece posible que el eslogan del Censo de 2012 pueda hacerse carne en el que el gobierno insiste en patear para 2024. O sea, uno en el que todos contemos y valgamos, no importa dónde estemos. Y todavía parece menos probable avisorar un futuro inmediato libre de las tensiones y la violencia que padecemos ahora.
Un panorama sombrío que solo puede evitarse si esa fuerza ciudadana vista sobre todo en Santa Cruz y en algunas manifestaciones realizadas en otros departamentos logra calar y contagiar al autodenominado bloque democrático que tiene representación política, para que éste actúe en consecuencia y sea capaz de articular las demandas ciudadanas, darles forma legal y lograr que tengan remate estatal. Tarea difícil por ahora, dadas las absurdas disputas e incoherencias vistas en las bancadas opositoras, pero no imposibles.
