Amistades peligrosas. Cuando la academia avala propagandas autoritarias
Comprende cómo las dictaduras usan la academia para expandir su legitimidad y ampliar su influencia. ¿Qué se gana con la participación en eventos académicos instrumentalizados por gobiernos autoritarios? Veamos el caso de Cuba.
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Por Armando Chaguaceda1
La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas.
Albert Camus
El mundo asiste a una etapa de avance de políticas autoritarias que amenazan severamente las libertades básicas —de expresión, prensa, pensamiento— que definen la condición académica, en especial en ciencias sociales y humanidades. Sin embargo, son frecuentes los eventos académicos o culturales celebrados en alguno de los países que viven bajo el férreo control de una dictadura. Eventos, por tanto, organizados con las estrictas reglas de esos gobiernos. Por lo cual, además de mucha propaganda, habrá siempre temas y ponentes vetados, pues salvo excepciones de regímenes parias como Corea del Norte o Nicaragua, la mayoría de las autocracias actuales procuran ampliar su legitimidad e influencia en un mundo globalizado (jugando con sus reglas y aparentando encajar dentro de la normalidad democrática).
Es inevitable tener esto en mente cuando La Habana se prepara para ser sede del congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) en noviembre de 2023. Este think tank es emblemático de la academia dedicada a la administración y políticas públicas en Iberoamérica. Es una institución nacida y desarrollada en democracia, el único contexto en el que cobra sentido hablar de «lo público» y «lo participativo» dentro de la administración estatal. Llama la atención la ausencia en su directiva y membresía de una reflexión normativa sobre los saldos de estrechar nexos con la academia oficial de un régimen autoritario.
El caso cubano
En el caso cubano hay centenares de presos políticos, una crisis multidimensional que afecta a las mayorías empobrecidas y la negación empírica de cualquier noción mínimamente coherente de política pública, gobernanza y administración para el desarrollo. Eventos como este congreso solo refuerzan la legitimidad y propaganda del gobierno autoritario. Sin potenciar, en paralelo, alguna dinámica aperturista dentro de la academia del país huésped. Una academia que padece los efectos prolongados del control político y la censura ideológica. Esto lo demuestran los análisis sistemáticos de V-Dem y el Observatorio de Libertad Académica (OLA).
Un repaso del programa permite observar la presencia de funcionarios gubernamentales de alto nivel. En un régimen leninista, recordemos, estos son también cuadros del único partido político reconocido. Así, aparece Miguel Mario Cabrera Castellanos, jefe de Dirección de Cuadros del Estado y el Gobierno de Cuba, quien disertará sobre «La formación de directivos en el sector público: experiencias de la estrategia de Cuba». ¿Habrá espacio para una discusión abierta y fundamentada —como sucede en congresos en otras partes del hemisferio— de la estrategia cubana, en la cual los datos de representantes gubernamentales sean contrastados por las intervenciones de especialistas participantes?
Academia y participación ciudadana
En otro momento, el panel «Participación ciudadana desde el enfoque de gobierno abierto en el modelo democrático en América Latina y el Caribe: experiencias de Argentina, México, Cuba y República Dominicana» propondrá concebir la participación ciudadana como eje principal del modelo democrático en América Latina y el Caribe. Para ello, dicha participación se erige como acción legitimadora de la gestión del proceso de apertura institucional. Una de las presentaciones de la mesa se titula «Participación ciudadana como derecho y deber: valor social esencial para el desarrollo de la democracia socialista en Cuba». El ponente será Raúl Antonio Capote Fernández, jefe de redacción del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista. Es un antiguo agente de la Seguridad del Estado, policía política fundada con asesoría y modelo soviéticos. Rubros estos —la propaganda y el espionaje— un poco lejanos a cualquier idea de democracia participativa.
Por otra parte, en el panel «Evaluación comparada de las políticas de descentralización municipal en Iberoamérica» la academia oficial cubana presenta sus visiones. La profesora Lissette Pérez Hernández, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, disertará sobre «El proceso de descentralización territorial en Cuba: antecedentes, lecciones y desafíos». Mientras Ada Margarita Guzón Camporredondo, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, propone «Producción municipal de alimentos: elemento esencial dentro del proceso de descentralización cubano».
Crisis multidimesional
Sin duda, se trata de tópicos nominalmente interesantes. Sin embargo, siendo constantes en la vida política y socioeconómica del país la alta centralización y concentración gubernamental, el ejercicio autoritario del poder en el nivel local, así como el déficit crónico de alimentos, llama la atención semejantes intervenciones. Sobre todo cuando la crisis mutidimensional en curso en Cuba —con enorme impacto en cuanto a control policial de la vida pública y agravamiento de la inseguridad alimentaria— constituye la negación de cualquier desarrollo real de procesos de descentralización gubernamental y empoderamiento ciudadano.
De hecho, las ideas planteadas en la fundamentación del panel —que la descentralización está asociada a una transición democrática en la cual el gobierno local fortalece la gobernanza y se transfieren competencias y recursos, en coincidencia con el agotamiento del sistema partidario tradicional y el fin de las guerras civiles— no guardan relación alguna con el caso cubano de los últimos setenta años.
La posibilidad de que una incursión en dichos eventos sirva para mover algo, parece hoy mínima e inútil. Cuando se han celebrado foros similares, la presencia de académicos de prestigio, potencialmente capaces de llevar un mensaje de análisis y crítica fuera del orden de los anfitriones, no deja un saldo positivo. En 2003, durante una conferencia de Clacso, el politólogo Robert Dahl defendió la democracia liberal ante un asombrado auditorio. Se trataba de un foro con acceso restringido y organizado para legitimar al gobierno —entonces criticado por su razzia represiva—. Sin embargo, al ocurrir en un país desconectado de internet acaso sirvió para llevar ideas ajenas al corsé leninista a los potenciales disidentes.
Rol del Internet
En 2023, en Cuba el gobierno ha perdido parcialmente, gracias a internet, el monopolio de lo que se lee y dice. Esa labor de curador o puente del intelectual foráneo se torna innecesaria. Los académicos cubanos, como la población en general, leen cada vez más lo que se produce en otros lados. La causa de los silencios no son más la desinformación, sino el temor a la represión o la lealtad políticas. En ese contexto, legitimar con su palabra y presencia, como lo hizo Luigi Ferrajoli —referente del pensamiento de los derechos humanos— un evento sobre derecho comparado organizado con aparente normalidad en medio de la peor crisis de empobrecimiento y represión que padece Cuba, es cuando menos frívolo, inútil e irresponsable.
Valdría la pena plantearnos ciertas preguntas: ¿qué se gana y quién gana con la participación en eventos académicos instrumentalizados por dictaduras? ¿Debe la intelectualidad democrática contribuir con su presencia y aportes al éxito de estos? ¿Hay alguna condición en que puedan ser usados estos foros para avanzar la agenda del conocimiento libre y el pensamiento crítico en temas sociales? ¿Son acaso las poblaciones de esos países seres antropológicamente diferentes a sus contrapartes de sociedades abiertas? ¿Son inmerecedores de las oportunidades y derechos que gozamos allende los muros de las tiranías?
Libertad académica
Participar en foros de ciencias sociales que organizan regímenes autoritarios en coyunturas de represión como en Rusia, Cuba o Irán deja un saldo mayormente negativo. En lo intelectual, porque difícilmente produzcan y difundan un conocimiento fiable. Desde lo institucional, porque establecen lazos que interpenetran la academia de sociedades abiertas con su par autoritaria. En lo cívico, porque lanza un mensaje de relativismo e insolidaridad hacia quienes dentro de esos países mantienen persistentemente viva la llama del pensamiento crítico. Quienes intentan vivir, escribir, opinar e investigar como lo hacemos nosotros.
Cosa distinta es aceptar las opiniones de los académicos simpatizantes del autoritarismo en foros organizados bajo condiciones de libertad académica. Negarse a eso sería limitar la posibilidad de confrontar ideas en un marco de reglas justas. Hay una diferencia clara entre participar avalando eventos politizados de dictaduras y debatir en ambientes abiertos con los académicos defensores de las dictaduras. Esa diferencia, válida para casos como el cubano, marca negativamente el contexto que CLAD eligió para su congreso de 2023.
Con la academia formada y crecida en democracia —del Norte o el Sur Global— que asiste a eventos de ese tipo —por turismo subsidiado, romanticismo político o simple curiosidad— deben debatirse las contradicciones normativas y consecuencias prácticas de semejante actitud.