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El gobierno de Rodrigo Paz Pereira debe dictar una amnistía general e irrestricta e indultos para todos los presos, exilados y perseguidos políticos de Evo Morales y Luis Arce. Se trata de una atribución presidencial que se materializa mediante un decreto supremo, con la aprobación del poder legislativo (art. 172.14 CPE). También existe la vía judicial que adoptó la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el ex líder cívico Marcos Antonio Pumari; sin embargo, esta es una vía traumática, pesada, burocrática y llena de corrupción. La extinción de estos casos conllevará además una disminución considerable de la pesada carga procesal que tiene el poder judicial.
La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia sostiene que en Bolivia existen cerca de 200 presos políticos. La figura “estrella” en todos estos casos ha sido la del terrorismo. El código penal boliviano (art. 133) exigía que estén presente en el comportamiento del imputado, tres elementos indispensables: 1) Formar parte y actuar al servicio de una organización armada; 2) Que la organización armada esté destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad; y 3) Que tenga por finalidad, subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población. Por cierto, ningún preso o perseguido político ha sido terrorista (el caso Hotel Las Américas, etiquetado como terrorismo-separatismo, concluyó después de 11 años con sentencia absolutoria).
Los presos, exilados y perseguidos políticos deben ser liberados (con carácter de urgencia) no solo como una señal firme de cambio de ciclo político, sino también de respeto a los derechos humanos y la necesidad de promover una verdadera reconciliación nacional. En general, preso político es una persona perseguida o que está privada de su libertad por razones políticas y donde el propio poder judicial se ha saltado las garantías básicas del debido proceso. Lo que caracteriza a estos procesos son los abusos que ha cometido el mismísimo poder judicial, cuando ha estado al servicio del poder político, e imponía detenciones y sanciones, claramente desproporcionadas y basadas sólo en consideraciones políticas.
Todos estos “procesos” se realizaron con la finalidad no solo de liquidar a la oposición sino igualmente con el propósito de implementar determinadas políticas que buscaban la reproducción del poder político (el poder por el poder). La criminalización política siempre implica una manipulación grosera de las instituciones del Estado y busca proscribir a todas aquellas personas que piensan distinto. En todos estos casos, se han restringido las libertades de expresión y opinión; de pensamiento, conciencia y religión; de reunión y asociación y participación política, hasta privarles de continuar promoviendo sus ideales y causas políticas. No se trata de simples procesos de criminalización judicial, sino además que estaban acompañados de pronunciamientos condenatorios en los medios de comunicación social. A todos se los etiquetaba de delincuentes “confesos”, y siempre han sido detenidos preventivamente en las cárceles de máxima seguridad.
La Fundación denunció que la independencia judicial en Bolivia se encuentra profundamente debilitada y erosionada, lo que a su vez pone en riesgo la estabilidad de la democracia y los derechos humanos. Las injerencias políticas, la falta de recursos, la politización de los nombramientos y el acoso contra jueces y fiscales, han creado un entorno donde la justicia no puede cumplir con su rol esencial de salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Evo Morales reconoció, por ejemplo, que el juicio ordinario contra Jeanine Áñez, se decidió en una reunión con el presidente, Luis Arce, el ministro de justicia, Iván Lima, y dirigentes de ese partido político. Este reconocimiento no solo prueba la intromisión e instrumentalización política del poder judicial, sino también invalida toda sentencia condenatoria por falta de independencia del tribunal.
Los presos, exilados y perseguidos políticos de Evo Morales y Luis Arce no son delincuentes sino héroes y heroínas de la democracia, los derechos humanos y los valores y principios del Estado Constitucional de Derecho. La puerta giratoria tiene que estar bien aceitada no solo para permitir en tiempo récord la salida de los presos inocentes, sino también para recibir a los que tienen que purgar sus sanciones por tanta venganza y corrupción política.
