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Mientras son cada vez más los distintos sectores que se han declarado en emergencia por la devaluación del boliviano y la escasez de combustibles, son también cada vez más numerosos los actos de manifestación violenta en contra de la ineptitud del Gobierno de Arce por asumir su responsabilidad al respecto.
En este escenario, Luis Arce decidió revolverlo todo convocando un referéndum sobre la subvención de los combustibles y la reelección presidencial para el primer día de diciembre, o estableciendo un acuerdo de 17 puntos con los empresarios privados del país sobre asuntos como la liberación de las exportaciones; todo para distraer al público de lo más importante, que es la crisis económica, y seguir huyendo hacia adelante un día a la vez hasta que el problema sea asumido por alguien más.
Pero en esta táctica de revolverlo todo, Arce ha cometido un error que, esperemos, sea aprovechado por la oposición de cara ya no solo a las elecciones generales del próximo 17 de agosto, sobre las cuales el trabajo sobre el padrón electoral es fundamental, sino también a la firma del acta de defunción del Modelo Económico Social Comunitario Productivo Bolivia y el Estado Plurinacional: la publicación de los resultados de un censo que ya había despertado fundadas susceptibilidades y escepticismo en el conjunto de la ciudadanía.
El censo poblacional en Santa Cruz
El Gobierno decidió publicar los datos del censo de marzo que confirmó la sospecha que el departamento de Santa Cruz tuvo desde un principio, que el crecimiento poblacional es mucho menor al que el departamento había calculado por iniciativa y mecanismos propios. Por esto, los líderes cruceños han considerado que se trata de «un asalto a mano armada».
Primero, valga destacar que el censo de mediados de marzo no se realizó ni en la fecha ni en las condiciones que el Instituto Nacional de Estadística (INE) había prometido. Si bien los censos deberían llevarse a cabo idealmente cada diez años, es cierto que hacerlo en 2022, como se había planificado inicialmente, resultaba complicado debido a los remanentes del Covid-19; de hecho, Bolivia no levantó la emergencia sanitaria sino hasta mediados de 2023.
Pero el error que acaba de cometer Arce se trata de provocar la unidad política opositora liderada por Santa Cruz para tomar decisiones y acciones concretas con base en una misma causa: afrontar la crisis económica que se hace cada vez más severa, y que justamente el censo revela que, en definitiva, no es coyuntural, sino que requiere ajustes y reformas estructurales muy ambiciosas.
Ante los resultados del censo publicados la semana pasada, acaba de darse inicio a la Asamblea de la Cruceñidad convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, en la que se analizan los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 con la idea de discutir la magnitud del problema y tomar medidas en la misma proporción.
Para que esta asamblea tenga las mejores decisiones y resultados, es importante destacar primero que esta coyuntura es distinta a la de los 36 días continuos de paro cívico o huelga general que el departamento de Santa Cruz asumió en noviembre de 2022, pues en aquel entonces todavía no había colapsado el Modelo Económico Social Comunitario Productivo Bolivia (MESCP), asunto que, por cierto, no sucedió como consecuencia de estas medidas de presión, sino con el inicio de la caída del Banco Fassil en diciembre de 2022, la escasez de diésel en enero y la devaluación continua del boliviano a partir del 9 de febrero de 2023.
Es decir, la resistencia a causa de los resultados más que cuestionables del censo 2024 ya no se trata solamente por la reasignación presupuestaria o de escaños en el Legislativo, que ya era bastante para tratar debido al peso económico y político que el departamento de Santa Cruz en especial ha ido ganando, sino de la develación del impacto real de la política económica y el efecto de cada una de las políticas públicas en relación a la pobreza al menos desde el último censo de 2012, que también fue altamente cuestionado.
El censo de 2012 ya había sido realizado con una cartografía incompleta, con importantes omisiones y con el objetivo de ajustar los resultados al relato de la plurinacionalidad, cuando en realidad Bolivia es mayoritariamente mestiza. Más allá de estas distorsiones, lo que se sabe sobre las demandas y necesidades del país se basa en los resultados de los censos de 2001 y 2012. Es decir, gran parte de las políticas públicas se están elaborando sobre un diagnóstico de hace más de 20 años o, peor aún, sobre cifras plagadas de errores y manipulaciones políticas desde hace 14 años.
Una oportunidad de oro para la oposición
Por el momento, la Asamblea de la Cruceñidad, que reúne a las principales instituciones del departamento de Santa Cruz, podría asumir un paro cívico este viernes 6 de septiembre y un gran cabildo para el mes de octubre, luego de la Feria Exposición, que suele ser uno de los eventos más importantes del departamento generando un gran movimiento económico.
En definitiva, Luis Arce ha optado por agitar el panorama, pero al hacerlo ha cometido un error que, una vez más, debería ser aprovechado por la oposición, no sólo con miras a las elecciones generales del próximo 17 de agosto, sino también para sentenciar definitivamente el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y el Estado Plurinacional. El desafío para la Asamblea de la Cruceñidad es estar a la altura de la magnitud de la crisis que enfrenta el país.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera (España), el 4 de septiembre de 2024.
