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No falta mucho. En unos días, el martes 8 de noviembre, Luis Arce estará parado nuevamente frente a la Asamblea Legislativa y también frente al país, a través de la cadena nacional de medios, para rendir cuentas sobre su segundo año de gobierno y proyectar su gestión hacia el 2025, año del Bicentenario.
Tendrá que referirse a los desafíos con los que inició su mandato: superar la pandemia del coronavirus, reactivar la economía del país y labrar un proceso de reconciliación entre bolivianos tras la grave crisis política de hace tres años, aunque de esto último ni hablar porque la polarización se mantiene fruto del autoritarismo y la persecución.
Crisis sanitaria, crisis económica y crisis política. Bajo esa tormenta Arce comenzó a gobernar en 2020, pero en este tiempo su administración acumuló otros grandes problemas, aunque no deja de atribuirlos a la conspiración de la derecha nacional y extranjera, convencido de que los bolivianos nos tragamos el embuste.
La crisis terminal de la justicia, la guerra sin cuartel entre evistas y arcistas, y el conflicto del Censo, un proceso inicialmente garantizado por su gobierno para este año y luego postergado para el 2024 por un cálculo político-electoral son temas de su responsabilidad y del aparato partidario que lo puso en el principal cargo público del país.
Ocho días después de su informe, el 16 de noviembre, tendría que realizarse en Bolivia el Censo 2022, con la consiguiente actualización del padrón electoral, pero fue aplazado porque no es conveniente para quien sea el candidato del MAS en 2025, ya que eliminaría la ventaja de que “existan” más electores habilitados que habitantes en buena parte del país.
A pesar de que el Gobierno busca postergar los efectos políticos del Censo para tiempos no electorales, está claro que Arce no desea pararse frente a los parlamentarios y la población, a través de los medios, con una nueva derrota política a cuestas que puede pesar sobre él y sus intenciones en los próximos tres años.
El 8 de noviembre es, por tanto, un plazo complejo para Arce de cara a la necesidad de arribar a esa fecha con el país relativamente en paz, aunque si poder zafarse de la presión interna del evismo cuya nueva pretensión parece ser el gobernar Bolivia desde la Asamblea Legislativa.
En medio de ese panorama, aparece el desafío de relanzarse y relanzar su gestión, por lo que tendría que estar pensando en realizar ajustes en su principal equipo de trabajo para inyectar nuevas energías al andamiaje. Pero, ¿es aconsejable hacerlo teniendo la presión del evismo y su caudillo para deshacerse de ciertos personajes?
Relanzarse y relanzar su gobierno debería suponer, por ejemplo, reforzar el Ministerio de la Presidencia y sus viceministerios ante la enorme posibilidad de que tendrá que negociar continuamente con el evismo la aprobación de normas, presupuestos y préstamos, la designación de autoridades y la elección de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, entre otras tareas.
Relanzarse y relanzar su gestión también debería considerar cambios en ministerios clave como el de Justicia o de Gobierno ante la urgencia de encarar la reforma judicial o darle un giro a la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad ciudadana, pero ¿será conveniente para Arce alejar a los actuales titulares sabiendo que son los objetivos políticos de Evo Morales?
En otras circunstancias, el relanzamiento sería beneficioso para el Jefe de Estado y su gestión, en función de los desafíos iniciales que aún no han sido cumplidos y aquellos que han surgido a partir de noviembre de 2020, tomando en cuenta que no solo pasa por la remoción de colaboradores, sino de modificar políticas públicas y actitudes ante la población.
No falta mucho para ver a Luis Arce informando sobre su segundo año de gestión, no falta mucho para saber si encarará el desafío de relanzarse y relanzar su gobierno, al margen de las presiones, a poco de comenzar la segunda mitad del mandato 2020-2025 o para saber que prefiere esperar otro momento, uno políticamente más aconsejable.
