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Recientemente, como asesor legal empresarial, fui entrevistado por el Diario “El Deber”, concerniente al perjuicio que causa el contrabando.
En Bolivia, convivimos en una paradoja, pues al formal (aquel que se encuentra presente y activo en el sistema), se lo trata bajo sospecha, por cuanto está sometido a una serie de seguimiento, investigación, control e invasión a su propiedad privada además de las cargas impositivas y sociales, también está sujeto a irrupciones a su privacidad, mientras que, al informal, resulta casi todo lo contrario, se les tiene poco control, se les exige menos y hasta se es más permisivo (Ej.: el contrabando).
Referente a la poca protección de privacidad, en el sector formal, cabe mencionar la Resolución Administrativa N° UIF/15/2023 de fecha 14 de abril de 2023, por el cual se emite el Instructivo Específico para Actividades y Profesiones no financieras (APNFD), donde se establece como sujetos obligados a dar información de sus clientes a las empresas de actividad inmobiliaria –Grandes Contribuyentes- (GRACO) y empresas con actividades legales jurídicas o de contaduría- GRACO.
En ese sentido, es menester entender el valor de la “transparencia” empresarial de los “propios actos” de la empresa, como algo sin duda alguna positivo, pero, sin que ello implique bajo el pretexto de transparencia, incitar de forma abusiva y arbitraria, a violar la privacidad entre privados (información y datos de sus clientes). – Son dos cosas muy distintas: Transparencia y violar privacidad de terceros.
La confianza de los clientes es vital en la productividad, máxime en la Era de los datos y de la información, se debería impulsar la ética y la privacidad; sin embargo, se está induciendo a todo lo opuesto.
El verdadero protagonista, en realidad, es quien invierte con integridad, el que produce y puede realmente generar y dar empleos, más aún, en estos tiempos, donde también se adolece de un serio problema de desempleo.
Desde mayo del presente año, los expertos indicaron sobre la reducción de liquidez en el sistema financiero, la cual se ve acentuada por varios factores, como ser: la falta de dólares, caso Fassil, el desempleo, entre otros más, y éstos a su vez van asociados hacia un mayor empleo informal. Incluso, en agosto del año pasado, ya informaban los medios de comunicación que aproximadamente el 90 % de los bolivianos tiene empleos informales y carecen de seguro de salud.
En esas simbiosis de lo formal e informal se acrecienta la falta de ética en los negocios, por cuanto dicha informalidad laboral, a través del aprovechamiento desvergonzado, se convierte en funcional para el sector formal, es decir, estamos hablando de una informalidad funcional para el formal inescrupuloso, dado que éste saca tajada y se provee de bienes y servicios baratos, permitiendo eludir la legislación (Ej.: promoviendo la dispersión de los trabajadores, los subcontratos, la creación de un círculo vicioso de pasantías sin poder adquirir un contrato, etc., situación que ya fue años atrás advertido por la propia OIT bajo el rótulo: alerta sobre abuso de sistema de pasantías laborales).
Ahora, en el tema del contrabando, adviértase que antes del año 2009 se consideraba delito contrabando cuando el valor de los tributos omitidos de la mercadería decomisada era superior a 10.000 Unidades de Fomento de la Vivienda (UFVs) pero mediante Ley Financial del año 2009 (siendo que la naturaleza de dicha ley, no es para cambiar o crear delitos; y, peor aún sin tener siquiera una base técnica o justificación de motivos con análisis especializado), dicha ley financial 2009, modificó el contrabando, indicando que será delito cuando el valor de los tributos omitidos de la mercadería decomisada sea superior a 200.000 Unidades de Fomento de la Vivienda (UFVs), con lo cual, se abrió un margen mayor de ilicitud, esto es, más permisivo al contrabando, conllevando a una falsa guerra del mismo, pues dicha disposición más adelante se vio ratificada y consolidada mediante la ley financial 2013 hasta la actualidad.
Es decir, que si el valor de los tributos omitidos de la mercadería decomisada es por debajo de los 200.000 UFVs no es delito sino contravención, el autor del hecho, no será investigado ni procesado penalmente.
Aquel discurso sobre la tesis abolicionista que pretenda usarse a los Estados a favor de un contrabando (que no sea punitivo) o se pretenda alegar la tesis de un Derecho Penal Mínimo en este tema del contrabando (cuando ni siquiera existe una real presencia del Estado en determinadas zonas de Bolivia que son peligrosas por el contrabando, no existe un eficiente y verdadero control de fronteras –en lugares desolados-, existen mafias del contrabando mezclado con narcotráfico operando según las noticias), termina siendo tan solo pura hipocresía y excusas, pues les resulta totalmente contradictoria, dado que, por un lado, a) se pregona una ley anticorrupción con fuertes matices del Derecho Penal del Enemigo, totalmente represivo, desproporcionado y abusivo; y, por el otro, b) en temas de contrabando (el cual transita por la corrupción: corrupción aduanera, cohecho, etc.), resulta que desea beneficiarlo ampliamente siendo que afecta a la economía nacional (bien jurídico protegido).
El criterio de fronteras abiertas es una tesis aún no consolidada y mientras tanto, se sigue cometiendo competencia desleal y contaminación total delictiva entre contrabando y corrupción, incluso muchas veces de forma totalmente desvergonzada.
Lamentablemente existe un sector de la sociedad con angurria de conseguir dinero de forma ilícita y ven a la corrupción como un medio de vida y un factor que les permite mejorar su economía de forma totalmente desvergonzada. Esta situación provoca una inversión de valores. La economía informal e ilícita considera a la corrupción como: Rentable (porque logra enriquecerse – ilícitamente -), Impune (a través del soborno, de la retardación de justicia, etc. consiguen no ser sancionados y – en algunos casos- menos aún llegan a ser investigados) y Favorable (consideran que el potencial económico que pueden obtener producto de la corrupción, les ayuda a camuflarse como personas prósperas, alcanzando un supuesto prestigio únicamente por el dinero que ostentan).
Por lo tanto, no se debe premiar al informal como tampoco al ferviente codicioso inescrupuloso que aparenta decencia y formalidad pero que en realidad no lo es, dado que vive de la mentira y del engaño, es decir, aquella persona que considera que no estamos aquí para cambiar el mundo, sino únicamente para ganar dinero, quien lleva por mentalidad de que la ética es tan sólo un estorbo para alcanzar su objetivo, que es ser rico y que pobres sean los santos, confundiendo “ser” con “tener”, pues se puede tener mucho pero ser pobres con dinero, esto es, puede tener mucho y ser muy poco. Y esto, exactamente lo mismo ocurre, con aquellos sinvergüenzas facinerosos, que alegan que el contrabando es necesario para no ser pobre.
Entre las sugerencias, para bajar la intensidad del pisotón de los gobernantes hacia los formales éticos (no a los emprendedores prebendarios y/o empresaurios corruptos), alentándolos a mayor inversión, teniendo en cuenta que son ellos, quienes son capaces de generar sanos empleos, podría señalar las siguientes:
Previo análisis de especialistas serios, reducir la brecha de arbitrariedad e ilicitud en el contrabando, por ejemplo, retornando a su redacción original del artículo 181 del Código Tributario antes del año 2009, esto con el fin de que la lucha contra este delito sea auténtica. Al mismo tiempo, bajar el costo de los impuestos, dado que es evidente que muchas personas no pueden cumplirlos; muestra de ello es que se ha proliferado en magnitud la informalidad y a quienes actualmente se los agobia en sobremanera y de forma permanente son a las minorías formales. Ej.: el valor del IVA cuya tasa efectiva es aproximadamente del 15% bajar al 5%. De esta manera todos podrían y estarían obligados a pagarlo, debiendo ser eliminado el régimen simplificado, además que se le brinda la oportunidad al informal que cambie de proceder, es decir, el actual delincuente informal (contrabandista) vería los beneficios de la legalidad, puesto que gracias a ella, podría acceder a una serie de beneficios como: acceso a créditos, expansión legal de su negocio, establecer una empresa, posicionar una marca, etc.; por lo tanto, cambiaria de bando por el costo de oportunidad que ella le ofrece. El Estado debería ofrecer suficiente seguridad jurídica y oportunidades para que existan cada vez más formales y menos informales en el país.
Así también, entender que la lucha contra la corrupción administrativa no será eficaz creando más burocracia. La corrupción administrativa o pública (Ej.- Corrupción en Aduana), la cual emerge de la burocracia no se reducirá generando, alimentando y potenciando más burocracia (con nuevas direcciones públicas, unidades de lucha contra la corrupción, nuevas formas de administración pública que involucre nuevos y más cargos, etc.). En ese sentido, el contrabando debería ser considerado como delito vinculado con corrupción y en consecuencia, estar dentro de dicho catálogo en la ley de lucha contra la corrupción, estableciéndose responsabilidad penal tanto a personas naturales como jurídicas.
Es menester achicar el tamaño del Estado, porque genera más gasto público que agrava el déficit fiscal; y, lo peor que puede suceder, en el sector público, es que gente arribista, camufle “programas de inversión” bajo el pretexto de mejoramiento de gestión pública, pero que en los hechos sean destinados a programas son sueldos pero que enmascaradamente ingresan como inversión. Y de esta manera perversa, también podrían emerger muchas otras malas prácticas, como ser pretender manejarlos como votantes por sueldos, efectuar más gastos en publicidad mediática direccionada a su favor, pago en publicidad a los dueños de medios, difundiéndose un discurso único polarizado donde el criterio distinto no sea escuchado, bombardeando mediáticamente al electorado, siendo ésta una sofisticada represión a la libertad de expresión ya que no consiste en impedir la palabra, sino en organizar que nadie la oiga, sumado al marketing político, la prebenda, etc., todo eso y más, a costa del sacrificio, del dinero y del flagelo del formal, quien debe tributar, ser transparente; y, que ahora, se suma la obligación para los grandes contribuyentes, a violar la privacidad de sus proveedores o clientes, todo a espaldas de éstos últimos y sin tener siquiera procesos judiciales instaurados en su contra.
