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El jueves pasado la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de Ley 345/2021-2022 que modifica el Presupuesto General del Estado de este año. El proyecto pasará ahora al presidente para la firma final.
La nueva ley es una cajita de Pandora. Sube casi un punto porcentual el ya elefantiásico PGE de este año (el nuevo presupuesto se comerá el 83% del PIB), autoriza al Banco Central a otorgarle un crédito de $us 431 millones al Tesoro General de la Nación – destinados supuestamente a la “reconstrucción de la economía nacional” (léase “necesitamos otro crédito del Banco Central porque estamos raspando la olla”), e incrementa el Impuesto al Consumo Específico para bebidas alcohólicas y no alcohólicas (léase “necesitamos subir impuestos porque, otra vez, estamos raspando la olla”).
Como era de esperarse, la subida del ICE para las bebidas detonó una serie de reclamos y protestas (menos atención generaron el tamaño del presupuesto y el nuevo préstamo del Banco Central al TGN, que deberían preocupar mucho más de lo que lo hacen). La Cervecería Boliviana Nacional, la Cámara Nacional de Industrias, empresarios de varios rubros y políticos de oposición se quejaron a viva voz por las intenciones de subir el impuesto. Y tienen toda la razón. Cuando suben los impuestos sube el costo de producción y parte de ese costo se transfiere al precio final. Esto reduce la cantidad que la gente compra y, por lo tanto, la cantidad que la empresa vende. Como resultado, pierden los consumidores, pierden los productores y se reduce la actividad económica en el sector (lo cual puede traducirse en menor empleo, menor inversión, etc.). En suma, con la subida del ICE gana el gobierno, pero perdemos todos los demás. El gobierno argumentará, por supuesto, que esa platita será usada para fines sociales, construir carreteras, etc., pero el gasto público, sobre todo en nuestro país, es de una ineficiencia brutal. Lo más seguro es que esa platita se use para cubrir los huecos que le viene dejando a las arcas fiscales la excesiva burocracia, las desastrosas empresas públicas, la corrupción galopante, etc.
Ante el justificado reclamo, el gobierno dio un paso atrás y “aclaró” que la subida al ICE no afectará a las bebidas nacionales, sino a las importadas. El viceministro Johnny Morales hecho mano del infalible argumento de protección de la industria nacional: “cualquier medida irá, más bien, a que encarezcamos la importación de productos que son competidores de nuestra industria y no en detrimento de lo nacional.” Y sanseacabó. El anuncio fue bienvenido y calmó las aguas en la CBN y la CNI que celebraron el compromiso. Claro, a los empresarios no les gustan los impuestos que los afectan, pero no se amargan mucho si se los aplican a la competencia.
Y ese es el punto que quiero discutir. Está completamente enraizada en nuestra psiquis colectiva la idea de que “proteger la industria nacional” es bueno, útil y necesario. Con este objetivo justificamos más impuestos a los productos extranjeros, más aranceles, más control en las fronteras y más subsidios a los productos nacionales. Pero que la idea esté enraizada y sea popular no significa que sea buena. El proteccionismo es malo, muy malo, y es una idea superada hace muchísimos años por la ciencia económica. “Proteger la industria nacional” suena muy bien, pero en realidad solo genera ineficiencia y pobreza. Veamos.
La protección de la industria nacional a través de impuestos a los productos importados o aranceles tiene un costo social enorme. En primer lugar, como hemos dicho arriba, un impuesto sube los costos de producción y parte de esos costos se transfieren al precio final. En este caso, el precio de las bebidas importadas subirá y esto perjudicará al consumidor nacional que comprará menos y pagará más. Usted dirá, bueno, esa es la idea, dado que las bebidas importadas son ahora más caras, los consumidores bolivianos tendrán que comprar los productos nacionales y eso beneficiará la industria nacional. Pero fíjese la maldad que esto implica. No es que los consumidores nacionales elijan comprar lo nacional porque la combinación precio-calidad sea superior a la opción importada. No, lo hacen porque no tienen otra. El impuesto al producto importado los obliga a comprar lo nacional porque ahora esa la opción más barata. Esto equivale, entonces, a un vil secuestro que mantiene cautiva a la familia boliviana. Pero, es peor. ¿Qué pasará con los precios de las bebidas nacionales? Pues también subirán. La migración de consumidores de lo importado hacia lo nacional subirá la demanda de lo último y eso hará subir su precio. Dado que el producto importado es ahora más caro, el productor nacional podrá subir su precio sin perder clientes. En suma, aunque el impuesto vaya solo a las bebidas importadas, todas las bebidas subirán de precio y las familias bolivianas pagarán el plato.
El proteccionismo crea además una ineficiencia productiva. Una industria nacional que florece porque un impuesto hace que la competencia sea más cara, no constituye un progreso virtuoso. Es un progreso mentiroso e ineficiente porque usa recursos escasos que no tendrían que ser usados en esa actividad. Si, sin la subida del ICE, la bebida importada es más beneficiosa para el consumidor que la nacional, entonces esa es la que este debe comprar. Los productores, por su parte, deben producir otra cosa, algo en lo que sí tengamos ventaja comparativa.
Una tercera ineficiencia generada por esta política tiene que ver con la expansión del mercado negro, es decir, con el contrabando. Los consumidores tratarán de defenderse y no ser víctimas del secuestro que los obliga a comprar productos nacionales, pero esta defensa solo podrá ejercerse ilegalmente a través del contrabando. Por eso el contrabando no es malo, de hecho, es la única opción que tienen las familias bolivianas de proteger su ingreso. Lo malo son las políticas (como el ICE a productos extranjeros) que hacen que la gente tenga que recurrir a él. Pero el contrabando no es una panacea ni mucho menos. Es un mercado informal que impone riesgos y no permite economías de escala. Definitivamente no es la mejor forma de asignar recursos.
Abandonemos, entonces, la idea de que debemos “proteger la industria nacional” subiendo impuestos a lo importado, aplicando aranceles o controlando las fronteras. Eso solo hace que paguemos más y asignemos de mala manera nuestros recursos. A la industria nacional se la “protege” proporcionando seguridad jurídica, reduciendo impuestos, burocracia y regulaciones (sobre todo en el mercado laboral), removiendo controles de precio y cupos de exportación. Esa debe ser la principal queja y objetivo de lucha de la CNI y los empresarios del país.
