Escucha la noticia
“Una biotecnología que sea nuestra”, forma parte del discurso emitido en días pasados por el presidente Luis Arce en un evento con el sector cañero. En septiembre del 2023, también ya hubo un encuentro entre el sector privado y el gobierno.
Si bien uno podría alegrarse por esta noticia que llega con un retraso de al menos 20 años, hay que aterrizar a la realidad que nos podríamos enfrentar si se persiste en querer construir sin una base sólida una disciplina que combina muy de cerca la ciencia con la tecnología.
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del cual Bolivia es signataria desde el 2003, apoyó durante muchos años a distintos países, para que estos desarrollaran e implementaran el marco regulatorio para el uso adecuado de organismos genéticamente modificados – OGM. Esto ayudó a que varios países como Colombia o Guatemala, no solo ordenaran el tema normativo, sino además aclaren el tema de gestión de los OGM y sobre todo formen capacidades para distintas áreas que se requiere en la investigación e implementación de la biotecnología.
Bolivia no lo hizo a pesar de tener un par de oportunidades para aplicar a fondos para esta planificación y ejecución. Y así, 20 años después, estamos en el mismo lugar donde estábamos en 1997, cuando se promulgó el decreto supremo 24676, que contiene el Reglamento sobre Bioseguridad y con los mismos vacíos de ese entonces.
Un marco regulatorio como el que se pedía en el marco del Protocolo de Cartagena, hubiera podido desenredar muchos malos entendidos que persisten a la fecha y sobre los cuales parece se quiere construir algo que no parece tener bases. Como manifesté en otra ocasión a finales del año pasado, no basta simplemente con un par de disposiciones legales que ordenen el tema, de por sí ya muy necesarias y que permitan que efectivamente las universidades en Bolivia, puedan realizar plenamente investigación, y quizás hasta desarrollar startups en biotecnología.
Pero pasa por tener clara la gestión administrativa. En los reportes se lee que el gobierno dispone de una hoja de ruta. ¿Ha considerado esa hoja de ruta que Aduana se vuelve un obstáculo principal a la hora de querer desarrollar biotecnología?. Quizás las autoridades se engañan, pero Bolivia no puede producir biotecnología del éter. Hoy en día, esta disciplina tan compleja, se desarrolla a través de trabajo colaborativo entre científicos de otros países. Cabe recordar, que el equipo de competencia iGEM Bolivia, el 2021, enfrentó graves problemas con material de donación que los funcionarios de aduana no supieron procesar.
Y en cuanto a los funcionarios a cargo de desarrollar esta “hoja de ruta” ¿tienen la capacitación básica al menos? En repetidas ocasiones hace algunos años, desde la sociedad civil ofrecimos talleres para que pudieran entender el tema de evaluación de riesgos de OGM. Lamentablemente, se tomó esta iniciativa, como un afán de supuestamente, querer imponer el uso de OGM. ¡Nada más contradictorio!
Esa situación me recuerda a otra triste anécdota. Cuando tuve la oportunidad, realicé gestiones para que Bolivia pudiera ser parte del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB por sus siglas en inglés). Si bien el país tenía que realizar un pago anual, la ganancia de retorno se cuadruplicaba, ya que se podía acceder a capacitaciones especializadas, proyectos colaborativos, acceso a redes de laboratorios y material genético y mucho más. Como el supuesto compromiso ante el Protocolo de Cartagena, con este tema, tampoco se tomó interés.
Tengo dudas sobre la clase de biotecnología que aparentemente quieren desarrollar. Sin considerar un consejo asesor, sin capacitarse, con una mala comprensión de lo que abarca esta área multidisciplinaria y sin edificar una base sólida que va más allá de la normativa. Desde la sociedad civil, seguiremos proponiendo y abiertos a esta construcción, pero ordenada.
