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Al ser un año preelectoral, de forma paulatina y gradualmente, seremos bombardeados con bastante propaganda, con reality shows mediático político judicial, distracciones, entretenimientos, intentando repetir más de lo mismo, es decir, aquellas viejas y trilladas fórmulas de polarizar todo en un mismo partido político o en colocar a dos supuestos contendores bajo los antiguos rótulos de Izquierdas Vs Derechas, con sus respectivos derivados (como ser: poder popular, neonacionalismos, etc.) o apantallar con supuestas rivalidades de bandos socialistas Vs libertarios, entre otras ocurrencias más pero lamentablemente carentes de sustancialidad, sin existir debates de excelencia ni búsqueda de una sociedad densa.
Como pueblo, cada uno de nosotros, ya no debemos conformarnos en escuchar lo mismo de siempre pues quien madura, es aquel, que discute temas nuevos.
En ese sentido, resultará un total absurdo, aquel que pretenda vivir del pasado, que desee solo estancarse distrayendo su mente (para no mirar la realidad) o que desee hacer creer a los demás, que tal o cual político, debiera retornar de forma inconstitucional (bajo la falacia jurídica de que la reelección discontinua estaría vigente siendo que la Constitución establece textualmente lo contrario – art. 168 CPE-), promocionando la cretina idea de que en su periodo circuló mucho más dinero, como si eso hubiera ocurrido, por la sola presencia circunstancial de dicha persona, cuando obviamente eran otros tiempos, se contaba, por ejemplo, con importantes ingresos económicos provenientes del IDH (mismo que fue, en realidad, gracias al extinto Dr. Hormando Vaca Díez, quien en el año 2005, como cabeza del Senado, promulgó la Ley 3058), existían mayores reservas internacionales gracias a la política económica de otros presidentes de gestiones pasadas; y peor aún, que la gente olvide de manera cómplice todo el abuso de poder y los crímenes cometidos, al extremo, de que actualmente existen demandas millonarias contra el Estado boliviano por los atentados a los derechos humanos por culpa de todos los excesos e injusticias incurridas, los cuales serán pagados con dinero de todos los bolivianos (Tesoro General de la Nación, TGN).
Como bolivianos, por nuestro propio bien, es hora que debamos preguntarnos si los postulantes a gobiernos de turnos cumplen con la Constitución boliviana (CPE), en cuanto a la materialización de nuestros derechos y garantías constitucionales.
Si con toda la carga tributaria y social, los trámites burocráticos, el enorme déficit fiscal, el monstruoso gasto público y la nociva idea de pretender construir un país con puros planes sociales, subvenciones, empleo público e informalidad (provocando una sociedad decadente en principios éticos morales), se ve todo ese enorme desembolso reflejado en bienestar social, es decir, si el Estado está cumpliendo a cabalidad con todas sus obligaciones que tiene hacia cada uno de los bolivianos.
Independientemente de los colores y tendencias que tengan los personajes políticos circunstanciales, debemos inquirirnos, si realmente hemos venido gozando de certidumbre y de seguridad jurídica mediante una administración de justicia auténticamente proba, independiente e imparcial (art. 178 CPE), si como país contamos con una buena infraestructura (si no sufrimos los perjuicios por falta de inversión en infraestructura), si existe libertad de empresa (art. 308-II CPE), si existe respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica (art. 311-II num. 5 CPE).
Preguntarnos con total sinceridad: ¿se protege y se garantiza realmente a la propiedad privada (art. 56 CPE)?, ¿tenemos acceso a la información pública veraz, pronta, oportuna, y si existe una lucha eficiente contra la corrupción y el contrabando (arts. 8-II, 21 # 6; 180, 232, 235 CPE)?, ¿se detesta la corrupción o se la premia?, ¿se castiga, se devuelve y se resarce todo el daño económico sonsacado de las arcas del Estado por parte de funcionarios corruptos que se enriquecieron y beneficiaron, ellos y sus familiares?, ¿existe reproche público contra el funcionario corrupto?, ¿la corrupción en el país, es un problema permanente?; o, ¿seguimos engañándonos, bajo la falsa creencia, de que es un problema transitorio (buscando reformitas formales y marketing jurídico)?, ¿existe educación de calidad (arts. 77 CPE)?, ¿contamos con seguridad personal (art. 23 CPE), acceso libre a servicios públicos de salud de calidad (arts.105, 306 # 5, 321-II CPE)?, ¿el pueblo cuenta con empleos dignos y formales (art. 54 CPE)?, entre otros derechos más, que como pueblo, es lo que más nos interesa por encima de cualquier supuesto carisma o no que tenga algún ser humano en particular, sea éste político veterano, político joven o un forastero (outsider).
Si no es así, entonces, debemos ser coherentes con el interés general, esto es, que quien administra el Estado deba cumplir con sus obligaciones y no provocar, al contrario, la perversa desinstitucionalización, donde la gente acaba sin tener confianza en la función pública frente a una crisis profunda de credibilidad de los políticos (sean éstos del oficialismo o de la oposición).
Debemos entender y comprender, que cuando un problema es transitorio podemos soportarlo, pero cuando el problema es permanente, el único camino para mejorar, es el cambio de conducta y de actitud, dejando de una vez por todas de revalidarlo.
En cada boliviano, es menester que surja la voluntad de cambiar, trabajar en ello (no convalidando la informalidad, la corrupción generalizada y desvergonzada); y, lo mismo, por parte del político, plasmando su conducta en conseguir reducir el déficit fiscal, achicar el Estado agigantado, aminorando significativamente el gasto público, conseguir superávit fiscal que permita la no emisión para que no se dispare el dólar (así también, para liberar del cepo al dólar – aquel corralito de las cuentas bancarias en moneda extranjera- es obligatoriamente necesario, contar con las reservas internacionales en números positivos); lograr calidad institucional, desregularizando la excesiva imposición al formal (levantar el pie que aplasta al formal), mediante reforma fiscal, laboral (flexibilización laboral), transformación de los planes sociales en trabajo genuino; proteger y garantizar los derechos antes mencionados.
De no ocurrir aquello, recordemos que todo ahorrista responde: a) por el riesgo (tiene aversión al riesgo); y, b) por el costo de oportunidad, es decir, de nada servirá que quienes inviertan en propiedad privada (la cual enraíza a las personas) frente a una calificación elevada en índice de riesgo país e inseguro, la gente (principalmente joven) al estilo venezolano, acabarán saliéndose de sus propios países, portando dinero que sea aceptado en otros países y con mochila liviana, abandonando sus bienes raices en búsqueda foránea de alimentos, estabilidad y liquidez (para subsistir y si es posible crecer económicamente), acrecentándose cada vez más, los padres huérfanos de hijos, en aquellos países riesgosos.
Por todo ello y con mayor razón, no se debe llegar a esos extremos, ni caer en estrés, depresiones y ansiedades, por ende, debemos saber de antemano, que el mayor riesgo, es no hacer nada. Sabemos que la inseguridad paraliza, pero eso es peor. Entre hacer y no hacer, siempre es mejor hacer, y ese hacer, consiste en tomar buenas y oportunas decisiones con ética, responsabilidad y compromiso.
Sembremos conciencia y empecemos cada boliviano a cambiar con sentido común, sin fanatismos ni dogmas y, de esa manera (trabajando en nosotros mismos), se propaga ese cambio y en consecuencia la realidad cambia; caso contrario, a sabiendas tendremos que atenernos a las consecuencias.
