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En redes, encuestas y debates, la pregunta recurrente es quién será el próximo líder capaz de cambiar el rumbo del país. Esa búsqueda parte de una premisa equivocada: la idea de que el futuro de Bolivia depende, esencialmente, de una sola persona.
Un estudio internacional titulado “El valor añadido del líder” de William Easterly y Steven Penning que se publicará en junio próximo, analizó la gestión de más de mil líderes en todo el mundo entre 1950 y 2014, encontró que apenas un 7% de los presidentes o jefes de Estado tuvo un impacto estadísticamente significativo sobre el crecimiento económico de sus países, ninguno de ellos boliviano. En el 93% restante, el desempeño económico fue explicado por factores estructurales como la calidad institucional, la estabilidad política y el contexto internacional.
Los países que lograron estabilidad y crecimiento sostenido no lo hicieron por obra de un líder carismático, sino por la construcción de reglas claras, acuerdos básicos y una institucionalidad fuerte. Uruguay, Chile o Costa Rica no son ejemplos de caudillismo exitoso, sino de pactos duraderos que permitieron avanzar, incluso en medio de crisis y cambios de gobierno.
En Bolivia, la más reciente encuesta nacional hecha por Panterra refleja una demanda mayoritaria por un cambio profundo. El 89% de los bolivianos, según la encuesta, quiere un rumbo muy distinto al actual y un 81% demanda cambios estructurales.
Este deseo mayoritario de transformación no garantiza, por sí solo, que el próximo gobierno tenga la fuerza necesaria para enfrentar la crisis económica. Los problemas de gobernabilidad no se resuelven únicamente en las urnas, sino en la forma en que se estructura y ejerce el poder después de la elección.
Los ciudadanos buscamos respuestas frente a una economía estancada, un Estado debilitado y una creciente polarización. Esa necesidad está siendo canalizada bajo un enfoque riesgoso: la expectativa de que un nuevo presidente, por sí solo, pueda revertir años de deterioro económico e institucional.
Esta narrativa desconoce las condiciones reales que enfrentará el próximo gobierno. Todo apunta a un Congreso fragmentado, una sociedad dividida y un clima político de desconfianza y confrontación. En este caso, la figura de un “salvador” no solo es insuficiente, sino que puede convertirse en un obstáculo para la construcción de soluciones sostenibles.
Lo que el país necesita no es un líder providencial. Además de la cabeza se requieren equipos y eso aún no es suficiente. La experiencia reciente muestra que, sin acuerdos amplios, el resultado más probable será una nueva etapa de parálisis y frustración.
Un arreglo que convoque no solo a partidos políticos, sino también a empresarios, trabajadores y actores sociales, alrededor de una agenda mínima de emergencia económica y reformas institucionales. Un gobierno pluralista, capaz de priorizar el diálogo sobre la confrontación y la cooperación sobre la imposición.
Por ejemplo, desde 2020 los dos gobiernos en ejercicio han vivido un bloqueo legislativo a los recursos externos por la fragmentación política y ausencia de consensos básicos que han limitado severamente la capacidad de los dos presidentes para gobernar y encarar la crisis, más allá de sus visiones ideológicas y de su (in)capacidad para gobernar.
El desafío no está en la elección de un nombre, sino en la capacidad de los actores políticos y sociales para construir reglas del juego previsibles. Las economías crecen y se estabilizan cuando las instituciones funcionan, existe seguridad jurídica y los adversarios son capaces de cooperar, incluso desde sus diferencias.
La elección será crucial, pero no por quién gane la presidencia. Lo decisivo será la voluntad para garantizar que se gobierne con responsabilidad, diálogo y visión de país. La solución no vendrá de un salvador, sino de la capacidad de la sociedad boliviana para salvarse a sí misma.
¿Los políticos y los votantes podremos salvar a Bolivia en su bicentenario?
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo