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No ha sido por falta de voces de alerta, ni de señales de advertencia de peligro. Desde hace ya varios años Bolivia viene recibiendo esas alertas y advertencias, pero ninguna de ellas parece haber tenido la fuerza suficiente como para superar la absurda falta de capacidad de los bolivianos para darle oída. Hablo de alertas y advertencias lanzadas al país sobre el riesgo que implicaba transitar la ruta, sin retorno, hacia un narcoestado. Ruta iniciada hace décadas con las atropelladas “obras” ejecutadas por las dictaduras militares, pero ampliadas, aceleradas y “mejoradas” en los últimos años por el llamado “proceso de cambio”.
Un proceso liderado por un sector que tiene un rol protagónico en la problemática del narcotráfico, por ser productor de la materia prima que alimenta el circuito del mismo, factor poderoso e insoslayable en el análisis del tema que ha vuelto a copar la agenda nacional. Lo ha logrado a punta de escándalos que aparecen como resultado de pugnas internas en el partido de gobierno, pero que en los hechos son mucho más que apenas disputas entre partidarios, como es posible comprobarlo ya en el impacto que esas han tenido nada menos que en el ente matriz de la lucha contra el narcotráfico.
Un impacto que por ahora se traduce apenas en cambios de autoridades, uno que otro anuncio de apertura de investigaciones y procesos disciplinarios, pero que a mediano plazo (si es que no nos sorprenden a corto plazo) puede presentarse con otros matices más preocupantes y graves, como los del aumento de la violencia política y social. Ojalá fallemos en la previsión, pero las reacciones generadas dentro y fuera del MAS a raíz de las últimas denuncias de protección oficial del narcotráfico, hechas por autoridades o ex-autoridades antidrogas afines al masismo, e incluso por funcionarios públicos y un número importante de voceros del partido de gobierno, alimentan esos temores.
Temores que podrían ser aplacados por el gobierno que preside Luis Arce, si acaso éste decidiera romper la dependencia que tiene de una estructura partidaria claramente al mando del jefe máximo del MAS, a la vez máximo dirigente de los productores de coca de Chapare. Mientras eso no ocurra, será difícil -sino imposible- prever un corte de vía hacia la consolidación del temido narcoestado, un destino al que, para muchos, Bolivia ya llegó, aunque siguiendo la línea de análisis de quienes trabajan en la definición cabal del término, aun el país está a tiempo de dar un giro y burlar la estación final. A tiempo, pero contrarreloj, habrá que remarcar una vez más.
Vaya si estamos contrarreloj… según algunos autores, “existen tres criterios relevantes por los cuáles algún país puede calificar como Narcoestado: la superficie del territorio cubierta por plantaciones ilícitas, el tamaño de la economía ilegal de drogas con respecto al total de la economía y, lo más importante, el patrocinio estatal de la producción ilegal y tráfico de drogas”. En el caso de Bolivia, con el detalle anotado ya antes del protagonismo y poder que tiene en la estructura formal y en las medidas de gobierno el sector productor de la materia prima que alimenta el circuito coca-cocaína. Un poder dado, en gran medida, por voluntad de una mayoría viva y activa.
