Escucha la noticia
Hoy, domingo 28 de mayo, se cumplen cinco meses del secuestro y encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ciento cincuenta días de una burda y sistemática violación de todos sus derechos fundamentales y constitucionales, como bien acaba de recordar una vez más el exfiscal general del Estado, Pedro Gareca, al insistir en una afirmación irrebatible: en Bolivia no existe estado de derecho, menos independencia de poderes. Los órganos del Estado están sometidos a la presión y control del gobierno central, y hace rato ya que no son garantes de la Constitución Política del Estado.
Así lo deja explícito no solo el caso del gobernador cruceño, sino tantos otros que suman ya una larga lista de perseguidos y presos políticos inaugurada desde inicios del gobierno del MAS. Unos casos más complicados que otros, como fue el del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, muerto el 19 de abril del año pasado en prisión, y como está siendo el del gobernador Luis Fernando Camacho. El primero militante del MAS, sometido a una tortura judicial que se prolongó siete años a través de 256 juicios abiertos en su contra, por haber denunciado corrupción en Fondioc. El segundo, opositor al MAS y en riesgo de correr la misma suerte que Aramayo por denunciar fraude electoral en los comicios generales de 2019.
A la lista pueden sumarse muchos otros casos más, como el del dirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, o el de la expresidente de Bolivia, Jeanine Añez, todos marcados por una misma estrategia digitada desde el poder central, que no es otra que la reedición de las ya aplicadas antes por regímenes totalitarios como los de Hitler y Stalin, muy bien descritas por la filósofa alemana Hanna Arendt. Una estrategia en la que es común “el empleo del terror, la ficción ideológica y la manipulación de la legalidad para criminalizar y castigar a personas que no han cometido delitos”, tanto hace que sean opositores o no, autoridades y líderes destacados o ciudadanos comunes, como el de varios activistas.
Una estrategia que está lejos de ser superada o frenada por el regímen que preside Arce. Todo lo contrario: éste está ajustando las tuercas a la maquinaria montada por Morales, su antecesor, tal como lo demuestra, entre los ejemplos más recientes, la actuación de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa Pluracional frente a la interpelación pedida por la de Creemos al ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, por el secuestro violento y posterior encarcelamiento del gobernador cruceño. La interpelación fue solicitada a fines del año pasado, pero atendida solo ahora, en mayo, luego de una maniobra hecha por el diputado oficialista Rolando Cuéllar, ante el TCP.
Cuéllar presentó el pasado marzo ante el Tribunal Constitucional un recursos abstracto de inconstitucionalidad sobre tres artículos de la Ley 1350 del 16 de septiembre de 2020, que regula los efectos de la censura. El TCP declaró procedente ese recurso, a inicios de abril de este año, aunque solo hizo público el fallo este mes de mayo. El detalle curioso de la demanda del diputado Cuéllar, observado por el abogado Gareca, es que plantea el recorte o disminución de las facultades de fiscalización que posee nada menos que la ALP de la que es parte Cuéllar. Detalle curioso, un decir. En realidad, queda evidente una vez más el sometimiento de esta representación parlamentaria al poder central.
Lejos de ser censurado por el violento operativo montado por fuerzas bajo su mando, el ministro de Gobierno salió aplaudido de la ALP. Un dato tan preocupante como otro ya visto antes, también afectando al gobernador cruceño: las restricciones de hecho a recibir visitas en la cárcel de Chochoncoro donde continúa recluído en condiciones infrahumanas (está aislado en una celda, sin recibir la luz del día), pese a la disposición expresa, incluida en su expediente, que autoriza visitas en los días señalados por el régimen penitenciario. Esto sin contar otra violación: el impedimiento a que reciba el tratamiento médico especializado que el gobernador cruceño demanda con urgencia.
¿Otra crónica de una muerte anunciada? Lamentablemente, un extremo probable, dados los antecedentes de los operadores del gobierno central. Lamentable y grave, sin duda, aunque más grave está siendo el silencio, la apatía, el conformismo, la cobardía o incluso el cálculo de más de una voz que calla frente a tantos atropellos. Un silencio roto a duras penas y por unas horas por la marcha de madres, familiares y amigos de los presos políticos realizada el viernes pasado en la capital cruceña. Una marcha significativa, al menos por el peso emocional, pero insuficiente para frenar la arremetida del régimen.
¿Qué tendrá que pasar para lograr ese freno antes de que sea demasiado tarde? Tal vez urja hacer una campaña sistemática y frontal para dejar en evidencia cuál el propósito del régimen. Un propósito que no es otro que el de “anular de manera progresiva los derechos y libertades civiles (…) la destrucción de los derechos del hombre, la muerte en el hombre de la personalidad jurídica, hasta lograr dominarlo enteramente”.
