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Mediante un proyecto de ley, el gobierno boliviano busca poner en marcha un mecanismo con el cual los pequeños propietarios de tierras que así lo deseen pasarán a ser considerados medianos productores, medida que los sacará de la tramposa “inembargabilidad” de la tierra y les permitirá ser sujetos de crédito en el sistema financiero.
Este mecanismo ya había sido previsto en un decreto diseñado durante el gobierno de transición (N° 4320 del 4 de septiembre de 2020) y es una pena que la iniciativa haya tenido que dormir durante tres años, sólo por haberse originado en una administración de distinto signo ideológico. En todo caso, es un paso adelante que se la adopte. El día en que se aprenda a continuar las iniciativas positivas de otras gestiones, más allá de los vaivenes partidistas en el gobierno, se habrá caminado un trecho clave hacia el desarrollo.
Esta conversión voluntaria puede tener efectos amplios sobre la producción agropecuaria, ya que acerca a los pequeños productores a una propiedad efectiva, siendo que hasta el momento su estatus real es más bien el de un simple usufructo, sin poder efectuar la totalidad de las operaciones que implica la propiedad. Por supuesto, falta mucho por andar para llegar a la propiedad plena, para lo cual también se necesitaría la paulatina desaparición de los controles de la Función Económica-Social (FES).
La medida de conversión es una demanda de muchos años de los pequeños productores, que son el 85% de los miembros de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Esperemos que el instrumento no sea distorsionado por el oficialismo con cláusulas dirigistas o estatistas.
La situación de los pequeños productores agropecuarios se replica en el ámbito urbano, donde una defectuosa propiedad impide una adecuada conexión de los vecinos con el sistema financiero. Sólo en Santa Cruz de la Sierra, se estima que hasta un 45% de las viviendas no cuentan con titulación, impidiendo que esos bienes apalanquen actividades comerciales o productivas.
Lo mismo se repite en otras áreas de la vida económica y social, con pequeñas y medianas actividades mineras o de transporte que dependen de precarias licencias anuales, sin concesiones de largo plazo que les abrirían las puertas del financiamiento bancario.
Sin desmerecer la necesidad de que Bolivia capte una mayor Inversión Extranjera Directa (IED), el capital popular que está dormido en el país podría sorprendernos y debería ser dimensionado en una investigación sistemática.
Una política reformista que busque fortalecer o perfeccionar la propiedad sobre estos bienes y actividades es lo que venimos llamando “capitalismo popular” desde hace años, una idea a la que parece haberle llegado el momento, de la mano de varios de los economistas más destacados de Bolivia, que están haciendo propuestas sobre el tema.
En definitiva, se trata de crear herramientas normativas e institucionales para que las áreas “grises” de la economía informal se acerquen y acoplen a la economía “blanca” o formal, alejándolas al mismo tiempo de la hegemonía que la economía “roja” o criminal busca tener sobre esos sectores.
