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El 1 de febrero el presidente Luis Arce instruyó la conformación de una comisión de seguimiento de casos de liberación de peligrosos criminales por parte de consorcios de operadores de justicia. Dio un plazo de 120 días para que entregue resultados integrales luego de que el país quedara estupefacto por las atrocidades cometidas por Richard Choque Flores, un violador y asesino serial.
“Es una cuestión de Estado”, afirmó la Ministra que le gusta cantar en actos públicos. La comisión, ampliada en su composición inicial por falta de mujeres, se reunió un par de ocasiones, varios violadores, feminicidas, infanticidas, asesinos y narcotraficantes fueron recapturados y jueces, fiscales, forenses, trabajadoras sociales y abogados están ahora detenidos en cárceles del país.
El plazo impuesto por el Jefe de Estado se cumplió empezando mayo y el país no conoce aún un informe definitivo de la comisión, no sabe la cantidad exacta de reos recapturados ni de jueces detenidos, y sobre todo qué medidas estructurales se aplicarán para que la justicia corrupta deje de lucrar con la liberación de sentenciados.
Pocos cayeron en cuenta que los 120 días ya pasaron. Es que los escándalos son moneda corriente en Bolivia, distraen y uno opaca al otro. Cuando se debería estar conociendo los resultados de la comisión de seguimiento, estalló el caso de los vehículos robados en países vecinos y traficados en el nuestro con la complicidad de autoridades nacionales. La atención de todos se fue para otro lado.
¿En qué quedó la decisión presidencial de organizar una instancia de alto nivel que le entregue a la sociedad la certeza de que ya no corre peligro? ¿Será otro tema central que terminará diluyéndose pese a que la vida de mujeres y niños está en juego?
Ahora, el poder público se encuentra abocado a aplacar el escándalo nacional e internacional de los vehículos robados en el extranjero y vendidos en ferias de autos chutos en municipios bolivianos porque afecta la imagen del Gobierno y del Estado. Se dispuso la intervención de Diprove Santa Cruz, la búsqueda y detención de los implicados, y la ubicación de coches robados en otros países para su devolución.
No es el único escándalo. En abril, los narcoaudios concentraron el interés de la opinión pública por la implicación de autoridades policiales en hechos de protección al narcotráfico. Como ocurre ahora con los vehículos robados, se intervino la fuerza antidrogas, se cambiaron al director nacional y a su estado mayor, y se ordenó someter a todos los efectivos a la prueba del polígrafo.
Y como viene sucediendo con el tema de los consorcios de operadores de justicia que dejan libres a feminicidas y violadores, entre otros, la entrega del informe del polígrafo que debería decir cuántos policías antidrogas tendrán que dejar la Policía por su colusión con el delito fue postergada indefinidamente.
Antes de ese escándalo, el país estuvo pendiente de otros dos que tuvieron impacto nacional: el caso de los ítems fantasmas en la Alcaldía cruceña que causó la detención preventiva de exautoridades municipales y la compra ilegal de las ambulancias fantasmas en Potosí que puso en el ojo de la tormenta al gobernador Johnny Mamani, aunque se mantiene en el principal cargo político de su departamento.
Tengo la impresión de que el país estuviese en un carrusel de escándalos. Aparecen uno tras otro, movilizan a las autoridades, marcan la agenda pública del país, parecen no tener fin. Sin embargo, su abordaje se estanca en la parafernalia mediática del momento y no se sabe al final qué cambió de manera sustancial para que no vuelvan a ocurrir.
¿Se acabaron los consorcios mafiosos en la justicia? ¿Se eliminó el sistema de protección al narcotráfico desde las instancias que deben combatirlo? ¿Habrá culpables en el caso de las ambulancias fantasmas? ¿Existe un proceso serio de saneamiento ético en la Alcaldía cruceña tras el escándalo de los ítems fantasmas?
Por el momento, el caso de los autos robados tapó el de los narcoaudios, éste a su vez opacó el de la liberación corrupta de criminales y los tres pusieron en segundo o tercer plano el enriquecimiento de autoridades municipales y departamentales, actuales y de anteriores gestiones, con recursos económicos generados por el Estado.
“En Bolivia pasa todo y no pasa nada”, solía decir el fallecido cuatro veces presidente Víctor Paz Estenssoro y resulta una gran verdad aplicable a la actualidad, en un momento en que el país parece estar en el carrusel de los escándalos que solo sirven para el show, no para que el país eleve sus niveles de seguridad, de justicia o de ética institucional. Si seguimos así, pronto lo inadmisible será normal, si es que no lo es ya.
