Cómo los políticos intimidan a los medios de comunicación social para que censuren a los usuarios (EEUU)
Will Duffield dice que aunque los funcionarios públicos no pueden ordenar a las plataformas de redes sociales para que remuevan una expresión desfavorecida, los políticos tienen muchas maneras de castigar a las plataformas que se resisten a sus demandas.
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Por Will Duffield1
Aunque la Primera Enmienda de la Constitución prohíbe la censura del gobierno, la confianza del público en las plataformas de redes sociales ha creado nuevas oportunidades para la censura por parte de terceros. Los funcionarios gubernamentales intimidan cada vez más a las plataformas para que eliminen a los oradores desfavorecidos.
Esta aplicación de presión gubernamental informal, se utilizó alguna vez para controlar los precios. Ahora, se está utilizando para controlar el discurso, eludiendo la Primera Enmienda. Dos revelaciones recientes han llamado la atención sobre esta tendencia, pero son solo la punta del iceberg.
En el curso de su demanda contra Twitter, el escéptico de las vacunas Alex Berenson descubrió que los funcionarios de la Casa Blanca habían hecho, según cuenta Twitter, “preguntas realmente difíciles sobre por qué Alex Berenson no ha sido expulsado de la plataforma” en los meses previos a su destitución.
Semanas más tarde, Mark Zuckerberg reveló en el podcast de Joe Rogan que el FBI había advertido a Facebook sobre las operaciones rusas de pirateo y filtración poco antes de que el New York Post expusiera información condenatoria encontrada en la computadora portátil de Hunter Biden (Esta fue la segunda vez que Zuckerberg hizo esta afirmación; evidentemente, el podcast de Joe Rogan recibe más atención que las audiencias del Congreso).
Ambas revelaciones han generado preocupación sobre las demandas de censura del gobierno. Sin embargo, como detallo en mi estudio publicado recientemente, “Presionando en contra de la expresión: cómo el acoso gubernamental da forma a las reglas de las redes sociales”, este tipo de presión para censurar es un problema mucho mayor y de mayor duración. Si bien la solicitud del gobierno de que se expulse a Alex Berenson de Twitter y las advertencias de desinformación del FBI se hicieron en privado, en público se ha aplicado una presión aún más contundente.
En 2017, la senadora Dianne Feinstein (Demócrata de California) dijo a las empresas de redes sociales: “Ustedes crearon estas plataformas y ahora se están utilizando indebidamente, y tienen que ser ustedes quienes hagan algo al respecto, o lo haremos nosotros”. Ella no solo los estaba presionando para eliminar la información errónea rusa sin tener en cuenta los daños colaterales. También estaba comenzando una carrera armamentista en el Congreso.
Durante los últimos cuatro años, los funcionarios electos se han sentido cómodos exigiendo que las plataformas eliminen todo tipo de discurso desfavorable. El senador Ron Johnson (Republicano de Wisconsin) pidió en Twitter que se eliminen los chistes absurdos sobre él. El presidente Donald Trump amenazó con que a menos que las plataformas corrigieran las percepciones de sesgo anticonservador, las “regularía enérgicamente o las cerraría”. La administración de Biden exigió que Facebook elimine las cuentas de Robert F. Kennedy Jr. y otros 11 llamados “súper propagadores” de información errónea.
Todas estas demandas ponen a las plataformas en una situación sin salida. Aunque los funcionarios del gobierno no pueden ordenar a las plataformas que eliminen el discurso desfavorable, los políticos tienen muchas formas de castigar a las plataformas que se resisten a sus demandas. Las demandas antimonopolio, la legislación punitiva, los contratos gubernamentales y las investigaciones del Congreso se pueden utilizar para atacar a las plataformas que no cumplen.
Sin embargo, cumplir con las solicitudes de una parte puede molestar a la otra parte y provocar nuevas demandas. Twitter hizo “algo” con respecto a las operaciones rusas de pirateo y filtración al crear nuevas reglas para materiales sospechosos de pirateo. Sin embargo, cuando estas reglas se aplicaron a la historia del New York Post sobre la computadora portátil de Hunter Biden, los representantes de Twitter fueron arrastrados de nuevo ante el Congreso.
Es casi imposible para los usuarios determinar si su discurso se elimina debido a la presión del gobierno o porque violaron las reglas de la plataforma privada. La moderación del contenido de las redes sociales es opaca y propensa a errores, dada su escala masiva. Para el usuario, la suspensión de una cuenta parece lo mismo, ya sea el resultado de un algoritmo demasiado entusiasta o la solicitud de un funcionario del gobierno.
La creación de Internet y las redes sociales desató un maremoto de discursos. Por primera vez en la historia, cualquiera podía hablarle a una audiencia global de manera fácil y económica. En otros países, el descontento con este potencial editorial recién descubierto se respondió con legislación. Sin embargo, en EE.UU., la Primera Enmienda impide tal respuesta. Pero, en lugar de desaparecer, las demandas de censura se han canalizado a través de canales informales.
Los tribunales no pueden abordar fácilmente esta elusión de los derechos constitucionales de expresión. Incluso cuando se pueden identificar decisiones de moderación de contenido con mandíbula, obligar a las plataformas a abstenerse de eliminar contenido controvertido pisotea sus derechos de la Primera Enmienda.
Además, la cláusula de discurso y debate de la Constitución otorga protecciones especiales al discurso del Congreso, incluso al discurso utilizado para perseguir. En cambio, el mejor control sobre la intimidación por parte de los funcionarios electos se realiza a través de las urnas. Este noviembre, los votantes tuvieron la oportunidad de elegir representantes que respeten su discurso, incluso cuando no estén de acuerdo con él.
1Es un analista de políticas públicas en el Centro para el Gobierno Representativo del Instituto Cato, donde estudia cuestiones relacionadas a la libertad de expresión y la gobernabilidad en Internet. Sus investigaciones se enfocan en la regulación estatal del Internet y de las normas privadas que gobiernan el discurso de los estadounidenses en línea. Will recientemente contribuyó con un capítulo acerca de la descentralización del Internet en la sección “Visions of Liberty” de Libertarianism.org.
*Este artículo fue publicado en elcato.org el 14 de noviembre de 2022
