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De un momento a otro la atención de los medios de comunicación, de los políticos y de una parte de la opinión pública dejó de estar enfocada en la expresidenta Jeanine Áñez y su crítico estado de salud. Incluso la suspensión de la audiencia judicial que debió considerar su excarcelación para ser internada en un centro médico especializado no despertó el mismo interés que en días pasados puso en estado de alerta a periodistas, activistas, autoridades de gobierno, oficialistas, opositores y por supuesto al gran público.
Súbitamente, los reflectores se movieron hacia el también expresidente Carlos Mesa, principal dirigente de la alianza Comunidad Ciudadana, tras conocerse que la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó una proposición acusatoria para que el plenario de la Asamblea Legislativa considere dar luz verde a un juicio de responsabilidades al exmandatario por el caso Quiborax, pese a que Mesa se benefició con un Decreto de Amnistía firmado por el exmandatario Evo Morales.
Aquí salta una curiosidad. Según una nota informativa elaborada por el periodista Iván Paredes del diario El Deber, sistemáticamente desde mayo de este año el oficialismo aprobó en la comisión mixta 20 requerimientos acusatorios contra ex altas autoridades de Estado por diferentes casos. Tuve acceso al documento que sistematiza lo que aprobó dicha comisión y el ritmo de aprobación de proposiciones acusatorias es por demás sugerente.
En mayo, la Comisión Mixta de Justicia Plural, que reúne a las comisiones respectivas del Senado y de la Cámara de Diputados, aprobó tres requerimientos acusatorios; en junio envió 10 al plenario de la Asamblea con informe de aprobación; en julio aprobó otros cuatro y el primer día de septiembre dio curso a tres: uno contra el exministro de Gobierno Alfredo Rada por el caso La Calancha, otro contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por el caso Fondesif, y el tercero contra Carlos Mesa por el caso Quiborax.
¿Acaso las bancadas de oposición, particularmente la de Comunidad Ciudadana, no tienen parlamentarios en la comisión mixta? Claro que los tienen. Entonces, ¿por qué no advirtieron que el MAS estaba despejando el camino para tratar las proposiciones acusatorias contra la expresidenta Áñez, el verdadero objetivo político del masismo? ¿Recibió la cúpula de CC la alerta pero no supo interpretar lo que estaba ocurriendo en las narices de sus parlamentarios?
Lo concreto, el dato incontrastable de la realidad como diría su exjefe de campaña, es que el plenario de la Asamblea Legislativa tiene ahora la posibilidad de autorizar el proceso en caso de corte contra Mesa o rechazarlo por falta de materia justiciable.
Es cierto que el MAS no cuenta con los dos tercios de votos necesarios para la autorización pero se ha conocido de divergencias en la bancada ciudadana, denuncias de intentos de sobornos y compra de diputados opositores, y que los dos tercios son de los legisladores presentes en la sesión en la que se trate el tema.
Conociendo las maniobras parlamentarias propias del masismo, es probable que quiera empezar el tratamiento de las proposiciones acusatorias con el caso que involucra al expresidente Mesa, pero también puede realizar una demostración política de lo que está dispuesto a hacer poniendo en el debate de la Asamblea las acusaciones contra exautoridades del viejo esquema neoliberal y los mande a juicio de responsabilidades, lo mismo que a los ex ministros del masismo Rada, Hugo Salvatierra y Alicia Muñoz, para que se diga que la justicia es igual para todos.
Si hipotéticamente Mesa es finalmente enjuiciado y condenado por el Tribunal Supremo de Justicia, como establece la Constitución, pese a todo lo que pueda hacer su defensa jurídica, podría acabar inhabilitado para presentarse como candidato en futuras elecciones. En Comunidad Ciudadana conocen ese escenario y, por ello, el dilema de no prestarse al juego del MAS que busca validar el relato del supuesto “golpe de Estado” con el juicio de responsabilidades a Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, o negociar políticamente para evitar la anulación de su líder.
Por lo pronto, los dispositivos discursivos del partido naranja, empezando por el exmandatario, han reiterado que no cederán a lo que ellos llaman un “burdo chantaje”, pero también se han escuchado voces como las del diputado Ronald Huanca, quien dijo que el FRI, principal componente de la alianza, está de acuerdo con apoyar el enjuiciamiento de Áñez con ciertas condiciones.
La astuta jugada política del MAS logró desviar la atención, al menos temporalmente, de Áñez y su delicado estado de salud hacia Mesa y el dilema de Comunidad Ciudadana. El balón está ahora en la cancha del historiador, periodista y expresidente constitucional de Bolivia.
