Escucha la noticia
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada por corrupción (en dos instancias judiciales) y debe cumplir seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa será impugnada ante la Corte Suprema argentina. Y como consecuencia de esta condena, el gobierno de Milei la priva de su jubilación y otros ingresos económicos extraordinarios. Que Cristina Fernández de Kirchner se encuentre condenada en un juicio penal por actos de corrupción evidencia, por un lado, que este fenómeno ha trepado alto y, por otro, la independencia del poder judicial y la voluntad política de luchar contra este flagelo universal.
El caso ha puesto en evidencia que la corrupción ha sido no solo consentida, sino también promovida y ejecutada desde el mismo gobierno. Ante la falta de argumentos que demuestren su inocencia, la exmandataria dijo que fue condenada por ser mujer. La verdad es que la condenaron no por ser mujer, dirigente política o algo por el estilo, la condenaron por “chorra” y apropiarse de los recursos económicos de todos los argentinos.
El fiscal Diego Luciani había pedido 12 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La acusación logró establecer que ella era la jefa de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. La condena está relacionada con la llamada “causa Vialidad”, en la que la exmandataria y otros 12 funcionarios públicos fueron acusados de enriquecerse con fondos públicos. El fiscal demostró que la acusada “no podía no saber” lo que sucedía en su gobierno, y detalló la existencia de una estructura de corrupción “extraordinaria”. El empresario Lázaro Báez era el encargado de monopolizar contratos millonarios de obras públicas: primero en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, y después en otros lugares.
La organización criminal kirchnerista estaba conformada por varios funcionarios públicos de alto rango que, en una estricta separación de roles, se beneficiaron del Estado y buscaron adoptar las medidas necesarias para su impunidad. Se trataba de una verdadera organización mafiosa creada durante el mandato de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007), y que se perfeccionó bajo su gobierno.
El fiscal Luciani estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, una empresa creada por Lázaro Báez, que en pocos meses se convirtió en millonario. Como argumentos del fraude, la fiscalía estableció que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba por una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia Kirchner.
La mayoría de las licitaciones públicas tenían sobreprecio, no se terminaban las obras contratadas o, cuando se construía, eran de tan mala calidad que había que repetirlas. Entre varias acusaciones que tiene la exmandataria, en este juicio se tiene demostrado que no se trataba de simples “hechos aislados”, sino de una organización criminal incrustada en los más altos niveles del gobierno argentino.
El kirchnerismo ha sido, en realidad, promotor y gestor de la corrupción y cada vez se conocen nuevos hechos y nuevos actores. Y dejará como un legado una cultura pro-corrupción donde se impone, además, la inversión de valores, el culto al dinero fácil, la impunidad, la espiral de violencia, etc.
La corrupción siempre florece en la oscuridad del totalitarismo, del autoritarismo, del populismo y de las dictaduras, que no admiten la separación de poderes, los controles institucionales cruzados, menos la fiscalización de los medios de comunicación social. Las prácticas corruptas no son privativas de ningún país en particular. En realidad, existen en todas partes y constituyen una amenaza global que socava la legitimidad de las instituciones, atentan contra la sociedad, el orden y el desarrollo sostenido de los pueblos.
La mayoría de los argentinos espera que se imponga todo el rigor de la ley contra la exmandataria, que se afanó la “guita” y le sacó el pan de la boca a los más necesitados que decía representar y defender.
