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Todo lo que estamos viviendo en Bolivia en estos días por la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda solo reafirma algo que venimos sosteniendo hace ya un par de años: parece que la mayoría de los bolivianos, en especial los políticos y dirigentes institucionales en general, ha nacido en 2022. Difícil encontrar otra explicación al error recurrente expuesto en cada una de sus actuaciones frente a un régimen que está en el poder hace ya 16 años: el de no lograr anticiparse a los golpes que va dando el régimen, limitándose a ser reactivos y, lo peor, sin ninguna o poca capacidad de evitar salir noqueados.
No hay duda que el tema Censo así lo demuestra. Acostumbrada a tomar decisiones contra reloj, esa mayoría de bolivianos -insisto, sobre todo los políticos y dirigentes institucionales- ha esperado nuevamente estar al borde del precipicio para lanzar gritos de auxilio y pedir con desesperación una mano, sogas o grúas para evitar otra caída al vacío. No otra cosa significa la improsivada convocatoria a un paro cívico, las marchas de protesta y las manifestaciones de todo tipo que circulan por las redes sociales. ¿Por qué esperar al anuncio oficial de una medida que se veía venir hace tiempo, como es la postergación del Censo, al menos hasta el 2024, para solo entonces salir a las calles y presionar al gobierno central?
Remarco lo de “al menos hasta 2024”, porque no es locura prever que la postergación puede ir más allá, como bien lo sugiere el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, en un análisis al que todos deberían prestarle más atención. Claro, si acaso hubiera la voluntad de romper esta absurda y cada vez más peligrosa costumbre de ir por ahí contra reloj, queriendo resolver entuertos que no tienen solución. Porque algo está muy claro a esta altura del partido: es imposible asegurar la realización del Censo en noviembre de este año, por más que haya paro, marchas o huelgas de hambre. Los tiempos ya no dan para ello.
¿Qué pasó con esa mayoría a la que aludimos desde el inicio, que no fue capaz de anticiparse a los hechos, pese a todas las señales dadas hasta el hartazgo por el régimen y que dejaban en evidencia su desinterés por cumplir con el Censo? Salvo rarísimas excepciones, la mayoría dejó pasar el tiempo sin poner como prioridad asegurar su realización. La demora en la tarea básica de actualización cartográfica, así como la negativa recurrente del INE para dar toda la información necesaria en la etapa pre-censal, son apenas algunos ejemplos de la falta de voluntad gubernamental para cumplir con su obligación. Esto sin contar lo que ya se sabe: el régimen del MAS no hará nada que amenace su proyecto de control y poder total.
Una práctica que ha logrado permear a todos los sectores de la sociedad, en todo el país, sin que haya un bloque compacto al frente, capaz de actuar en coordinación y oportunamente. Lo estamos viendo en Santa Cruz, donde muchos de sus habitantes no han dudado en alinearse bajo el mando del gobierno central, en vez de sumarse a la demanda que beneficia no solo a un departamento, sino al país en su conjunto. Es verdad que ahora asoma un bloque institucional en Santa Cruz, otro en La Paz… y parar de contar. Pero son bloques a los que no les quedará otra opción que la de negociar demandas y plazos, bajo la amenaza permanente de nuevos desaires, incumplimiento y golpes.
