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La organización internacional World Justice Project (WJP) ha establecido que Bolivia es el país más corrupto de la región y el segundo en el mundo. No se trata de ninguna exageración. Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) promovieron, protegieron e institucionalizaron la corrupción (al más alto nivel), y la impunidad. Sin embargo, Evo Morales decía que el MAS era la reserva moral de la humanidad.
El “maravilloso instrumento del poder” siempre ha sido una fuente permanente de corrupción política. En realidad, dinero y política; política y dinero, son dos conceptos que se atraen como si se tratara de polos opuestos. Y cuando los poderes políticos, económicos e ideológicos se funden, las libertades se asfixian. Por ello uno de los retos más desafiantes que enfrentan las democracias contemporáneas es el de controlar, mediante normas e instituciones, la irresistible tendencia de los poderes a fusionarse.
La concentración del poder enceguece y enferma y, con inusitada frecuencia, “corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Los riesgos siempre aumentan cuando el gobierno se encuentra a cargo de caudillos ‒como el caso de Evo Morales‒ que buscaba además eternizarse en el poder haciendo fraude (corrupción pura y dura). Aunque también ocurre en los gobiernos democráticos, la corrupción siempre florece en la oscuridad del totalitarismo, del autoritarismo, del populismo y de las dictaduras, regímenes que vulneran los derechos humanos y limitan las libertades fundamentales.
La política anticorrupción del MAS no sólo que no cumplió los propósitos que se había propuesto, sino que las prácticas corruptas invadieron y hacen metástasis en las reparticiones del Estado y contaminan a la empresa privada. El fracaso se debe, entre otras cosas, a la concentración del poder en el Órgano Ejecutivo y consiguiente debilitamiento y complicidad de las instituciones del Estado (Órgano Judicial, Contraloría General del Estado, Ministerio Público, Procuraduría del Estado, Defensor del Pueblo, etc.).
En realidad, el gobierno y el Estado han estado al servicio de la corrupción. Estos gobiernos se valían de todo, incluyendo la corrupción, con tal de hacerse del “poder absoluto” y crearon una estructura que sigue (y seguirá) funcionando para protegerse y boicotear cualquier intento de investigar y sancionar actos de corrupción.
El gobierno hacía de juez y parte, y no sólo permitía y promovía la corrupción, el despilfarro de los recursos de los bolivianos, controlaba los medios de comunicación, restringía la libertad de expresión, y la transparencia, sino que además exprimía, vía persecución impositiva, a los ciudadanos apegados a la ley. Y como estos gobiernos tenían angurria de poder, y vocación monopólica, centralizaban la compra de bienes y servicios para beneficiarse con las comisiones. Esta cultura permisiva ha tenido efectos perversos y ha convertido a la corrupción en un mal endémico, de modo que el Estado sigue al servicio de las prácticas corruptas.
En el caso del poder judicial ha condenado a inocentes y protegido a delincuentes. La evidencia objetiva es que siguen los presos políticos y los procesos fabricados, con muy pocas excepciones. También había (y hay) un verdadero mercado (con tarifas conocidas) de compra-venta de resoluciones y cargos judiciales. Ha sido el instrumento perfecto al servicio de la reelección de Evo Morales y ha cometido los peores abusos (caso Terrorismo, Chaparina, la Calancha, Leopoldo Fernández, etc.). Sin embargo, la corrupción no solo se encuentra infiltrada en el gobierno central, sino también en las gobernaciones, alcaldías, universidades (la cantidad de títulos falsos que circulan, como el del ex vicepresidente Álvaro García Linera), y las empresas privadas que prestan servicios públicos (caso Cotas, en Santa Cruz).
La peor herencia de los gobiernos del MAS es la desintitucionalización del Estado, y una estructura criminal que continúa agazapada todavía intacta y funcionando. Esta lucha necesita de una firme voluntad política, compromiso ciudadano, predicar con el ejemplo. En esta cruzada parece imprescindible el fortalecimiento institucional y una depuración rigurosa del sistema judicial, garantizar la separación de poderes, la libertad de expresión, la transparencia, funcionarios honestos, entre otros elementos. La corrupción es un monstruo de mil cabezas que, lejos de erradicarse, sigue avanzando y haciendo metástasis en el Estado boliviano.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
