Escucha la noticia
Nunca, en toda la historia de Bolivia, hubo gobiernos tan corruptos como los del MAS, ni siquiera durante las dictaduras militares tan ávidas de enriquecerse en el poder. Jamás, en 200 años de república, la corrupción fue tan extendida, tanto en el número de bribones como en los montos malversados. En los gobiernos anteriores al MAS ha habido pillos, pero desafío a cualquiera que muestre con datos concretos si antes del 2006 había tantos casos probados de corrupción como los que ha habido desde entonces.
En menos de dos años, cayeron con acusaciones de corrupción dos ministros de Medio Ambiente y Agua del gobierno de Luis Arce Catacora. El más reciente, Alan Lisperguer, había comprado en siete meses nueve propiedades, casi todas en Cochabamba, y engrosado sus cuentas personales con aportes “voluntarios” de los funcionarios de su ministerio, una forma de extorsión generalizada en los gobiernos del MAS, aunque hubieran existido casos aislados antes. Lisperguer está acusado de “depósitos bancarios sospechosos, movimientos irregulares, falsedad de información e incremento desproporcionado de bienes”. Según la Fiscalía (no es un invento de la oposición), el exministro tenía siete cuentas bancarias y entre 2021 y 2024 recibió 43 depósitos en dos de ellas, por un monto total que asciende a 1.110.270,48 Bolivianos.
Apenas un año antes, su predecesor, Juan Santos Cruz (de “santo” nada), fue sentenciado por corrupción y por el momento está en la cárcel, hasta que disimuladamente lo libere algún juez igualmente corrupto. Cruz fue acusado de recibir 19 millones de Bolivianos (alrededor de 2.8 millones de US$ dólares al cambio oficial) en sobornos de varias empresas, y de adquirir 27 propiedades. Como suelen hacer los bribones, argumentó que era víctima de un “ataque mediático de la derecha radical y enemigos internos”, pero no pudo negar la evidencia de los sobornos recibidos. Eso es lo que se conoce… la punta del iceberg. Generalmente, en los casos de corrupción, más es lo que queda oculto a través de prestanombres o familiares.
No olvido que en el primer gobierno de Evo Morales, Abel Mamani, ministro de Medio Ambiente y Agua, también estuvo envuelto en un escándalo de corrupción e inmoralidad. Se recetó viajes de turismo a Europa y fue fotografiado ebrio con una trabajadora sexual. Fue destituido (pero no procesado) y en 2017, como si nada, fue nombrado director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). También en Sernap acaba de ser destituido por uso indebido de bienes del Estado y otras cochinadas, el que fuera su director, “Johnson” Jiménez. Los corruptos caen a veces, pero luego se reciclan, pocas veces son procesados por sus delitos y no devuelven lo que descaradamente robaron.
El país no ha conocido en toda su historia una caída tan vertical de la ética y de la moral colectiva, al punto de que los desfalcos, el uso indebido de bienes del Estado, el tráfico de influencias, el contrabando, los avasallamientos o el “lavado” del narcotráfico son ahora “normales”, tan comunes que forman parte de la vida cotidiana y la gente ya se acostumbró a esa forma de vivir. La normalización de la corrupción ha contagiado a gobernaciones y alcaldías, incluso aquellas que no son controladas por el MAS, como sucede en Santa Cruz y La Paz. Vivimos en un país donde cualquier inspector municipal o cajero del Banco Unión es un potencial delincuente. Ni las universidades del Estado se han salvado de la corrupción: hemos visto la actitud pusilánime de sucesivos rectores de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) que no procesaron a los “estudiantes dinosaurios” Max Mendoza y Álvaro Quelali, ambos corruptos y corruptores durante cinco lustros en ese espacio académico.
La impunidad reina por doquier. Desde el presidente (llámese Evo Morales o Luis Arce Catacora) y los ministros, viceministros, diputados, senadores, alcaldes, concejales, gobernadores, etc. para abajo, la mayoría tiene cola de paja. Ya no nos sorprende si los corruptos son indígenas “descolonizadores” que representan la “reserva moral de la humanidad”, según palabras del cacique del Chapare, acusado él mismo de estupro, abuso sexual y trata de personas (además de sedición y terrorismo, usurpación de funciones, fraude electoral, sedición y seducción militar, genocidio y delitos contra la salud pública). Si esos son “la reserva moral”, no quiero pensar lo que serán los que no están en ese núcleo privilegiado que salvará a la humanidad entera de la debacle espiritual.
La corrupción en todas sus formas y manifestaciones es un rasgo distintivo de los gobiernos del MAS. La cantidad de procesos que habría que instalar para juzgar a funcionarios corruptos, sería interminable, pero hay que hacerlo sí o sí para salvar la dignidad de nuevas generaciones. Mientras no se haga, Bolivia seguirá siendo un país de delincuentes.
Me atrevo a afirmar que en nuestro sistema de “justicia” 1 de cada 100 abogados, fiscales, jueces, notarios, etc., es honesto y los 99 restantes son corruptos, y si no lo son, están esperando la oportunidad de serlo. Le dije esto a un amigo abogado hace pocos días, y me dio la razón porque sabe que es cierto: esa profesión está podrida. Nadie en Bolivia estudia derecho para defender la ley sino para torcerla. Es una carrera para la que hay que tener un nivel de autoestima y de ética al ras del suelo. Dice un verso de mi amigo Jaime Nisttahuz: “Donde dice abogado \ renglón 20 de la pág. 1040 \ debe decir ha robado”.
Como mi capacidad de asombro es ilimitada y mi memoria no me traiciona tanto como a otros, me gana la perplejidad cada vez que salta a los titulares una noticia sobre actos de corrupción de funcionarios del Estado, a los que pagamos para que sean nuestros servidores públicos, pero rápidamente muestran sus rasgos de maleantes. No es cierto que se convierten en corruptos cuando llegan al gobierno, sino que llegan al gobierno para mostrar lo que siempre fueron pero no pudieron ejercer.
Y sin embargo, no hay memoria ni sanciones. Y cuando hay sanciones, no duran mucho. Leemos que algunos funcionarios corruptos fueron destituidos y acabaron en la cárcel, pero no nos enteramos cuándo, cómo y porqué fueron liberados antes de cumplir sus sentencias. Y lo peor, no sabemos que ya tienen otra vez trabajo en el gobierno, en cargos menos visibles, donde probablemente siguen robando a discreción.
¿Cómo se puede explicar que no se haya despojado de su fuero parlamentario al diputado suplente Jorge Rengel Terrazas, que transfirió a nueve cuentas bancarias en cuatro países la friolera de 51 US$ millones de dólares: Bélgica, Costa de Marfil, Alemania y Turquía. Como justificación, sin el menor empacho, declaró que había “ganado” esa suma astronómica en el negocio ilegal de contrabando de autos “chutos”. Ahí sigue el bribón merodeando en la Asamblea Legislativa, con cadenas de oro, ponchos de impostor y lentes oscuros para que no se le vean los ojos de pícaro. Lo mismo podemos decir del expresidente de diputados, ahora escondido, Israel Huaytari. También sigue siendo diputado, sin que haya sido procesado, Juan José Jaúregui, acusado de pedir favores sexuales a menores de edad. Las maneras como se manifiesta la corrupción son interminables.
¿Ya hemos olvidado a Edgar Patana, alcalde de El Alto procesado por corrupción cuando lo pillaron con las manos en la masa? Un video lo muestra recibiendo miles de dólares como soborno. Estuvo preso porque era ya demasiado obvio el delito, pero probablemente ya está suelto haciendo nuevas fechorías.
Y qué decir de Santos Ramírez, “hermano” de cama y rancho de Evo Morales, que luego de millonarios sobornos como presidente de YPFB y un asesinato de por medio, cumplió unos años de cárcel y está libre por “buena conducta”. Otros casos de corrupción en YPFB involucraron las gestiones de Jorge Alvarado (contrato irregular con Brasil), Carlos Villegas (plantas separadores de Rio Grande y Gran Chaco) y Guillermo Achá (taladros).
Siendo machacones, añadiríamos una larga lista donde los casos más sonados y visibles son el Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), con más de una docena de bribones y bribonas de los “movimientos sociales”, y la empresa china CAMCE, o “caso Zapata”, por referirse a una de las amantes de Evo Morales. La lista está lejos de terminar allí. Añadiríamos el negociado de Quiborax capitaneado por Héctor Arce Zaconeta, actual embajador en la OEA, y su bufete de abogados, o las barcazas chinas, o los “zares” de la Policía de lucha contra el narcotráfico convertidos en narcotraficantes, o Wilson Cáceres y Edwin Characayo, dos corruptos que se turnaron como ministros de Desarrollo Rural y Tierras, o dos otros ministros de Educación, Adrián Quelca y Édgar Pary, el primero imputado en 2021 por la Fiscalía por el delito de incumplimiento de deberes en el marco del caso “tráfico de exámenes” y el segundo por uso indebido de influencias y otras mañas. Por el caso de Neurona Consulting que contribuí a destapar (una empresa mexicana fantasma que tuvo contratos millonarios con el gobierno para hacer propaganda), debería abrirse procesos a la ministra de Comunicación de entonces, Gisela López. Y así, una larga cadena de actos de corrupción y nombres que caen en el olvido porque son demasiados.
Y cuánto más hay que no conocemos, que se revelará cuando se vaya el MAS del gobierno, o quedará sepultado mientras los bribones lavan su dinero mal habido.
Tan sólo poniendo lado a lado, en renglón seguido, los titulares sobre la corrupción en los gobiernos del MAS en los últimos casi 20 años, llenaríamos un libro tan grueso como En busca del tiempo perdido. O quizá no, porque la novela de Proust tiene que ver directamente con la memoria, y en Bolivia somos empecinadamente desmemoriados.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
