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Acaban los Juegos Olímpicos y volvemos a mirar la dramática realidad que vive el país desde hace casi dos décadas bajo el imperio de la impostura histórica del MAS.
En el medallero de la vergüenza de los peores gobiernos de Bolivia, los masistas son campeones en corrupción, campeones en destrucción de la naturaleza y campeones en violaciones de los derechos humanos.
La cuantificación detallada de la corrupción está todavía escondida, pero sabemos que la suma total del dinero malgastado, desviado y robado por los dirigentes masistas supera los 70 mil millones de dólares (70 000 000 000 US$) que ingresaron al Estado por las exportaciones de gas. A ello se suma la venta de la mitad de las reservas de oro y un endeudamiento que supera los 8 mil millones de US$. Se necesitará una legión de auditores nacionales e internacionales para cuantificar con precisión los desfalcos (Fondioc, CAMC, Quiborax, etc), las inversiones en empresas públicas quebradas y elefantes blancos y azules (San Buenaventura, Bulo Bulo, sede de Unasur, Papelbol, Cartonbol, Mutún, museo de Orinoca, litio, etc.), y cada uno de los miles de proyectos inservibles del multimillonario programa “Evo cumple”.
En la categoría medio ambiente, los masistas son campeones en la destrucción (alentada por los decretos de chaqueo de Evo Morales) de millones de hectáreas de bosques, de avasallamientos de tierras, de la ampliación irracional de la frontera agrícola para ganadería, soya o palma africana, y el envenenamiento de ríos y reservorios de agua dulce causado por la minería salvaje, que afecta también la salud de comunidades indígenas. Peor no podría ser la nefasta herencia del masismo, mientras impostores como Choquehuanca se siguen llenando la boca de palabras dulces sobre la Pachamama y la “madre tierra”.
En cuanto a los derechos humanos, nunca tuvimos tantos y tan execrables campeones en el hundimiento del sistema de justicia, operadores serviles que permitieron extinguir por completo la noción misma de justicia en Bolivia, prostituyéndola todos los días como no sucedió ni durante las dictaduras militares. En 2017, más del 70% de los ciudadanos votamos nulo o en blanco para deslegitimar a candidatos espurios que luego de ser elegidos magistrados con porcentajes ridículos, demostraron su calaña servil, corrupta y cínica.
El sistema de justicia administrado desde el poder Ejecutivo produce crueles cancerberos como los que mantienen en prisión a la expresidenta Jeanine Añez, al gobernador Luis Fernando Camacho, al dirigente cívico Marco Antonio Pumari, a candidatos y líderes políticos, a ex funcionarios del Estado y más de 200 ciudadanos bajo acusaciones inverosímiles. Varias decenas han optado por el exilio antes que caer en manos de un aparato represivo que ejerce la tortura de diversas maneras, y condena sin el debido proceso a ciudadanos por el solo hecho de denunciar a los corruptos.
La crueldad masista se ensaña particularmente con algunos exfuncionarios de Estado, inventando juicios y acusaciones falaces, mientras los verdaderos bribones están sueltos (Evo Morales encabeza la lista de los impunes) o incluso ocupan posiciones en el gobierno.
Esta semana circuló una carta que en 24 horas firmamos cerca de 200 ciudadanos indignados por el trato cruel que recibe la ex ministra de Salud, doctora Eidy Roca, vinculada por el gobierno a una compra de 324 respiradores con sobreprecio, en tiempos de la pandemia. Al margen de que en la emergencia sanitaria de 2020 los insumos médicos escaseaban y la especulación internacional de precios era incontrolable, el gobierno pasó por alto el hecho de que la compra fue realizada por un funcionario masista del ministerio de Salud, quien seguramente goza de la protección de su partido político. Pero además, los serviles funcionarios judiciales, títeres del poder Ejecutivo, son insensibles a la circunstancia dramática de la doctora Roca, cuya salud se deteriora día a día debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que la aqueja desde hace varios años.
El asesinato premeditado y ejecutado a través presiones sicológicas y físicas del aparato de (in)justicia ha sido perfeccionado por el MAS en el gobierno, quizás emulando a su maestro Vladimir Putin, que elimina a sus adversarios asesinándolos con técnicas parecidas.
Algún día tendrán que pagar con cárcel los funcionarios masistas responsables de las muertes del ingeniero José María Bakovic y de Marco Antonio Aramayo, a quien por haber denunciado la corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) le colgaron nada menos que 256 juicios, hasta acabar con su vida en abril de 2022.
Lo propio hicieron con José María Bakovic, profesional de larga trayectoria que al regresar a Bolivia luego de una carrera internacional impecable, aceptó por patriotismo “servir al país”, lo cual le costó la vida el sábado 12 de octubre de 2013, a los 75 años de edad. Cuando dejó la presidencia del Servicio Nacional de Caminos (hoy Administradora Boliviana de Carreteras), el régimen masista lo acosó con 72 causas penales en diferentes juzgados del país. El ingeniero Bakovic se veía obligado a viajar de un extremo a otro de Bolivia para comparecer en audiencias que se suspendían a último momento, a propósito, para joder al acusado, quien tenía que pagar además sus propios pasajes, hoteles y gastos de alimentación, así como los de su abogada. De los 4000 metros de altura de El Alto a los 400 metros de Santa Cruz de la Sierra, y otras ciudades, las frecuentes descompensaciones cardiacas lo mataron.
De ese asesinato con premeditación y alevosía son responsables directos Evo Morales Ayma y Patricia Ballivián. Además de la pareja citada, los fiscales, los médicos forenses de la Fiscalía y los jueces corruptos que llevaron adelante los 72 procesos.
La crueldad masista es directamente proporcional al grado de corrupción nunca antes visto en la historia de Bolivia. Me queda claro que, como en la dictadura de Venezuela, los gobiernos masistas han implementado la persecución y el terror para amilanar a quienes se atreven a denunciar los actos de corrupción y desgobierno.
Sin embargo, en el caso de la exministra Eidy Roca, quien no es una dirigente política que amenace al poder, parece tratarse de sadismo puro, una crueldad y falta de humanidad que caracteriza a los gobiernos más autoritarios y despiadados. Mientras más se aferran al poder, más crueles son.
