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El poder puede imponerse durante años, pero nunca sin costo. Puede controlar instituciones, dominar discursos y sembrar miedo, pero hay una línea que, una vez cruzada, lo despoja de legitimidad. Venezuela cruzó esa línea hace tiempo.
Desde 2013, el régimen de Nicolás Maduro dejó de sostenerse en la voluntad popular y pasó a depender de la fuerza. Las elecciones perdieron credibilidad, la justicia fue subordinada, la oposición perseguida. Manifestar se volvió peligroso; disentir, una amenaza para la libertad y la vida. Organismos internacionales han documentado detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. No se trató de errores ocasionales, sino de prácticas repetidas que marcaron una forma de gobernar basada en el miedo.
A este cuadro se suman las graves acusaciones sobre el Cartel de los Soles, una presunta red de narcotráfico vinculada a altas autoridades del poder político y militar. Según múltiples denuncias internacionales, el Estado no solo habría fallado en combatir el crimen organizado, sino que habría convivido con él. Cuando el poder se mezcla con el delito, la ley deja de ser regla y se convierte en fachada. El Estado ya no sirve al pueblo: se sirve de él.
En este contexto, la idea de una acción externa para capturar al dictador no puede analizarse solo en términos militares. La pregunta central es ética y jurídica: ¿es invasión actuar contra un régimen que ha destruido el orden constitucional y violado de forma sistemática los derechos humanos? Desde la perspectiva de los derechos humanos, la soberanía no es un refugio para la impunidad. No pertenece al gobernante, pertenece al pueblo.
Una acción dirigida a poner fin a una dictadura —si es limitada, proporcional y orientada a proteger a la población civil— no busca ocupar un país ni imponer un nuevo poder. Busca detener un daño prolongado. No pretende mandar, pretende cerrar un ciclo de abuso. No es conquista, es liberación frente a un sistema que negó toda salida interna.
La democracia no es una consigna ni un gesto simbólico. Es la condición mínima para que el derecho exista. Sin democracia, la ley se vacía y se transforma en instrumento del más fuerte. En un Estado constitucional, ninguna autoridad está por encima de la legalidad ni del Estado de derecho. Cuando el poder se coloca fuera de la ley, deja de ser autoridad legítima y se convierte en opresión organizada.
La historia no suele ser amable con quienes confundieron fuerza con derecho. También enseña algo simple y persistente: los pueblos no nacieron para obedecer al miedo. Nacieron para vivir con dignidad. Cuando un régimen cae por haber violado todas las reglas, no estamos ante una agresión externa. Estamos ante la consecuencia inevitable de haber olvidado que la dignidad humana es el límite final de todo poder.
