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Escribo esto con rabia contenida, porque opinar no debería dar miedo.
Para poner en contexto, usualmente escribo mis columnas al final del martes para que se difunda cada jueves. Tenía la columna lista desde el lunes por la noche. Sin embargo, deseché ese borrador después de participar en diversas entrevistas en la prensa por motivos institucionales. Entonces recibí un mensaje de alguien muy cercano que decía “No des entrevistas. Me da miedo. ¿Y si te pasa algo?” Me dijeron que temían eventuales e injustificadas represalias desde el poder.
Agradecí el consejo y dije que no había problema porque se trataba de un tema estándar y técnico. Pero, me quedé pensando en este punto y me percaté de que hay una cultura de miedo que se instala en nuestro país y también en varios otros lugares.
Por ejemplo, durante mis vacaciones más recientes, unas autoridades me incluyeron en un fragmento descontextualizado de un video de 2019 vinculándome a un evento político. Lo hicieron en respuesta a una posición institucional reciente que no les gustó asumiendo que yo había estado detrás. No sólo era falso, era absurdo. Ni participé en la posición, ni me consultaron, aunque respaldo plenamente esa postura.
Este tipo de acusaciones “ad hominem” o a la persona no son exclusivos de la administración actual. Algo similar ocurrió en diciembre de 2019, cuando se aludió a opiniones técnicas de mi equipo, descontextualizando el análisis realizado. Hasta hoy no encuentro una razón que justifique esa reacción.
El uso de los privilegios del poder para atacar injustificadamente parece una característica de los gobernantes, de unos más que otros. Y eso es letal para la libre expresión en una democracia.
La muestra más clara es el supuesto “gabinete civil” que salió hace unos días. Comenté con amigos que era casi seguro que ninguno de los nombrados conocía a los militares involucrados en ese hecho. Es una lista construida sin fundamento, como si hubiera sido sacada de un sombrero.
Estas tres intervenciones son una muestra de autoritarismo en distinto orden y grado. Y es claramente peligroso porque coarta uno de los derechos más preciados del hombre: la libertad de opinión.
Este fenómeno no es exclusivo de Bolivia. En distintos países, la represión de ideas va adoptando nuevas formas. Por ejemplo, más allá del importante logro conseguido en Argentina para restaurar el equilibrio macroeconómico, del cual no tengo los elementos para analizar sus costos y su sostenibilidad, me preocupa el continuo, creciente e innecesario ataque a la prensa y a librepensadores.
Al norte del continente, también me inquieta que la libertad de expresión se ponga bajo cuestión, apuntando incluso a la academia, que se supone es el centro de discusión libre de ideas. Probablemente allí el malestar no se ha expresado aún por temor a represalias internas como las de financiamiento o externas relacionado con las visas de entrada.
Desde Buenos Aires hasta Washington, con escala en La Paz, el derecho a disentir está hoy bajo sospecha. Los estudios sobre el populismo señalan que los regímenes de esta naturaleza usan corrientemente esta lógica de “amigo-enemigo” como herramienta de poder y de represión.
Pensando en las elecciones generales, en lo profesional estoy convencido que quienquiera que sea elegido, con alguna excepción, tendrá que consolidar el ajuste fiscal y externo por una sencilla razón: faltan dólares y sobran bolivianos. De todos ellos, mi preferencia será por quien pueda garantizar más libertad de expresión y menos autoritarismo, además de un verdadero sentido de país.
Cuando hay algún ataque a periodistas y comunicadores vemos una demanda legítima por el respeto a la libertad de prensa. Y está bien que sea así. Mi padre, Wilson Mendieta, era periodista y conozco por experiencia el noble oficio.
No quiero ser periodista para que me respeten. Quiero que se respete la opinión de cualquier ciudadano. Porque la libertad de expresión no debe ser un privilegio, sino la base de una verdadera democracia.
