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Con el monstruoso auto constitucional 113/2024-O de 11 de diciembre, los autoprorrogados se han convertido en usurpadores de funciones y pueden llegar a cometer al menos los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y prevaricato, entre otros (arts. 153, y 173 CP). A título de sobredimensionar su propia sentencia constitucional 0049/2023 de 11 de diciembre, ellos han establecido que su autoprórroga es hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades judiciales en los departamentos donde fueron parciales las elecciones (y advierten que no cabe ni permitirán algún recurso que pueda modificar esta decisión).
Los usurpadores sostienen que la ausencia de cualquier Órgano del Estado (sugieren que sin ellos no habría el poder judicial) conlleva el quiebre del Estado Constitucional de Derecho y deben garantizar el normal funcionamiento de todo el aparato estatal. Lo evidente es que mientras ellos continúen atornillados a sus cargos, con falsos argumentos, ponen en riesgo los derechos fundamentales, las garantías y la convivencia de los bolivianos.
En cualquier caso, hay que encender las alarmas porque pueden ponerse en riesgo las elecciones generales, el sistema democrático y los valores constitucionales. El gobierno de Luis Arce ha decidido seguir protegiéndolos y cualquier decisión de los usurpadores, que vulnere los valores y principios democráticos, será corresponsable el Órgano Ejecutivo. Está clarísimo que no hay independencia de poderes y que el referido auto constitucional ha sido dictado en complicidad con Luis Arce. Estos magistrados ya hicieron el trabajo que necesitaba el gobierno central: echarlo a Evo Morales del MAS e inhabilitarlo, y ahora van por más…
Se trata de una resolución a todas luces abusiva y grosera, que raya en lo delictivo. La decisión vulnera el derecho de los suplentes elegidos en las elecciones del pasado 15 de diciembre porque ellos deben asumir la titularidad en estos casos. La normativa establece que las magistradas y los magistrados suplentes serán los siguientes candidatos que hubieren participado en la elección por orden correlativo de votación (art. 23, Ley 027 del 6 de julio de 2010). Y cuando no se pueda constituir quórum en la Sala Plena o en las Salas, por ausencia temporal o definitiva…la presidente o el presidente o la decana o el decano, cuando corresponda, convocará a los suplentes para que ejerzan jurisdicción como la que ejercen los titulares dentro de los seis años que dura su mandato.
El mandato de los usurpadores de funciones concluyó el pasado 31 de diciembre de 2023. Las autoridades de las Altas Cortes no pueden ser relegidas y su periodo de mandato es de seis años; además, cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas por ley (arts. 183). El constituyente ha sido terminante en el sentido de que el mandato es fijo de seis años, y no cabe ninguna posibilidad, en principio, de seguir ejerciendo un cargo y mandato cumplido.
Lo más abominable es que, haciendo de juez y parte, resolvieron primero autoprorrogarse hasta que se realicen las elecciones… y ahora deciden continuar hasta que se posesionen los magistrados faltantes. Con esta resolución los autoprorrogados ya habían descendido a la categoría de “provisionales” y ahora se han convertidos en vulgares usurpadores de funciones. Y pensar que el tribunal constitucional se encarga de velar “por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales” (art. 196).
Los usurpadores de funciones tienen que irse a sus casas no solo porque ya se realizaron las elecciones judiciales, como establece la sentencia constitucional 0049/2023 de 11 de diciembre, sino también para salvaguardar algo de independencia, imparcialidad, y decencia al tribunal constitucional. Esta decisión de quedarse de los usurpadores de funciones ha tenido que tomarse con la complicidad del gobierno de Luis Arce, y confirma (por si alguien dudaba) que están al servicio del poder político. Los cinco usurpadores de funciones no solo pueden llegar a cometer actos delictivos sino además constituyen una amenaza real para el sistema democrático y el Estado Constitucional de Derecho.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
