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A la vista de las últimas decisiones de la administración de justicia en procesos famosos (Añez, Camacho, Pumari, etc), se ha conocido además de los internos, pronunciamientos de organismos internacionales de DDHH alertando de la posibilidad que esas cuestiones resueltas en su mayoría accesorias al fondo de aquellos procesos, puedan generar impunidad para sus víctimas. Por ejemplo separadamente, tanto la CIDH como las NNUU, advirtieron que: “la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada” y “supone una revictimización de las personas afectadas”, además de comprometer el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar.
El gobierno obviamente se ha tratado de colar de aquellos certeros razonamientos, aunque dudo que alguien les tome en serio a la vista del desastre institucional que ellos han generado incluyendo el manejo injerencista de esos procesos: hoy la mayor parte del soberano estamos contando los días para que acaben su funesta gestión.
Pues bien, es harto evidente que esos organismos internacionales en materia de DDHH tienen mucha razón. Más allá de reparar desde la ciencia del Derecho que esas nulidades suponen ciertamente un retroceso en la legítima pretensión de las víctimas en la averiguación de la verdad real lo que pasa por una tutela efectiva (produzca efectos previstos) y oportuna (en lapso razonable) e incluso adecuada (debida investigación, establecimiento de responsabilidades, percutir la reparación y sus garantías de no repetición); insisto y porfío en que no hay que quedarse en el árbol sino urge adentrarnos hacia el profundo bosque, pues de persistir en esas posiciones acertadas por la tapa, es muy pero muy probable que nos quedemos en coquetas y simplonas declaraciones para la grada o la platea, pero huyendo cómodamente de identificar las causas de aquel escenario.
No basta pues señalar los síntomas o el resultado, hay que identificar y también proclamar a los 4 vientos sus causas y responsables. Este estado del arte procesal de aquellos célebres procesos que ahora se están literalmente cayendo en las cabezas de sus tramitadores afectando a las reales víctimas de esos hechos, obedece a las perversas decisiones de varios juristas del horror (en la cabal expresión de Ingo Müller, autor del libro de similar nombre que como de costumbre, les aconsejo leerlo) que le metieron no más, sea imponiendo desde el ejecutivo y/o tolerando (bajándose sus calzones) desde el MP y el Judicial, INdebidos procesos que sistemáticamente pulverizaron el elenco de derechos y garantías de los procesados (Juez natural, estado de inocencia, detenciones razonables y limitadas, etc), pero también comenzaron a afectar aquellos bienes de las víctimas que ahora NNUU y OEA los ponen en la mesa.
Acuérdense por ejemplo de un ex impresentable ministro de justicia (en realidad, de injusticia) que hasta se dio el tupé de “confesar” ¿arrepentido? lavándose las manos que el indebido procesamiento por la justicia ordinaria de la ex Presidenta Añez se había decidido en reunión de alto nivel por capricho del Nerón de Orinoca. El mismo dijo que fue una decisión “política”; lo que hace surgir elementalmente por lo menos estas preguntitas a la vista de esas confesiones: ¿Dónde estaban los Jueces qué habiendo, se supone, estudiado Derecho permitieron tales injerencias y abusos? ¿Acaso no eran ellos garantes de los derechos tanto de los imputados como de las víctimas? ¿No sabían acaso que son diques de contención ante esas pulsiones autoritarias? ¿O es que ese cuento de la independencia judicial, se acuerdan sólo en sus hipócritas discursitos de inauguración del año judicial o día del juez? !!!Y el Ministerio Público!!! ¿Acaso no es garante de legalidad, objetividad y abogado de las víctimas? ¿Por qué permitieron entonces que sean INdebidamente tramitados esos procesos, si tienen la obligación constitucional de no solamente defender los derechos de las víctimas, sino también de los imputados (objetividad, se llama por si acaso)? E incluso, los organismos internacionales por muchas consideraciones diplomáticas que deben hacer: ¿No advirtieron acaso de esas vulneraciones al Debido Proceso que afectaban esos derechos que ahora, acertadamente los ponen en mesa?
Hoy, a la vista del desastre ordenado por el tirano y sus juristas del horror prostituidos por el poder partidario al que indignamente se sometieron, muchos tratan al mejor estilacho de Pilatos de lavarse las manos desandando lo mal andado y es cierto: los “paganinis” de primera línea serán las víctimas re victimizadas por quienes tenían la obligación de tutelarles (para eso les pagamos desde el soberano) y obvio, desde el otro lado de la balanza, la defensa debe hacer su trabajo explotando las minas que aquellos les hicieron la estupidez o favor, de dejárselas bien sembradas y servidas. Los procesos penales son adversativos lo que implica también que una parte, explote los errores o debilidades de la otra. Si ésta además les dejó servidos en charola esos vicios, que no sean ahora impostores en llorar por la leche derramada, por ellos. Es que: “Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”. Abraham LINCOLN
