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Su palabra no tiene la fuerza de la revuelta popular de 2019. Su atención sobre los temas de la gestión departamental no está al 100%. Su liderazgo institucional y partidario es ahora laxo y sus reflejos políticos han perdido agilidad e intuición.
Su último desafío al masismo es de hace siete meses, cuando en octubre de 2021 se intentó sentarlo en el banquillo de los acusados, en la Fiscalía de La Paz, y tomó la decisión de presentarse en la sede de gobierno con su región en pie de movilización. El Gobierno y sus fiscales tuvieron que retroceder en sus pretensiones persecutorias.
Después de esa pulseta, ingresó en una meseta anodina y ahora parece enfangado en el terreno político y en la administración del Gobierno de Santa Cruz. Levantó la bandera del federalismo, pero tuvo problemas en Tarija, Beni y Potosí. No le dejaron llegar a la capital de este último departamento para una reunión del movimiento cívico nacional.
Cualquier político hubiera utilizado el rechazo y la intolerancia a otro ideario para convertirlos en capital político, pero decidió posponer la prédica del federalismo indefinidamente y se ha mostrado distante de los problemas propios de la gestión del gobierno departamental.
Entró en una suerte de competencia con el Alcalde de la capital sobre determinaciones relacionadas con el Covid-19 y la reactivación económica, se metió en un lío por tratar de anular a su Vicegobernador, se distanció de la dirigencia cívica cruceña y dejó de pronunciarse políticamente sobre temas de alcance nacional.
Desapareció del radar de los medios de comunicación, delegó las apariciones públicas a autoridades departamentales de menor peso institucional, libró una escaramuza casi anecdótica sobre el color de las obras en su región y la bancada parlamentaria de Creemos caminó en este tiempo sin la orientación pública de su líder político.
La prueba del extravío es que los parlamentarios de Creemos emitieron un pronunciamiento conjunto sobre quién era el verdadero responsable del conflicto en San Julián el día en que se estaba resolviendo el bloqueo de la carretera entre Santa Cruz-Beni mediante la negociación con representantes de ese municipio bajo control político del MAS.
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, reapareció en el conflicto con San Julián, pero sin la prestancia política de hace dos años y medio, cuando lideró el movimiento de los 21 días que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del país por el fraude en las elecciones de 2019.
El lunes 30 de mayo realizó una conferencia de prensa, después de bastante tiempo, para denunciar un plan de Morales y del masismo para desestabilizar a Santa Cruz, sobre todo a sus sectores productivos, con otro bloqueo en la misma ruta, esta vez protagonizado por el municipio de Cuatro Cañadas, también controlado por el MAS.
Acompañó su pronunciamiento mediático con un mensaje en sus redes sociales. No programó entrevistas de largo aliento en redes de televisión o programas radiales de alcance nacional para sustentar su postura sobre el plan político en contra de Santa Cruz con argumentos, cifras y hechos.
Camacho está debilitado, se lo ve ajeno a sus responsabilidades como primera autoridad del departamento de Santa Cruz, principal dirigente de una organización partidaria y referente de las nuevas generaciones de políticos en el país.
El poder lo siente, lo huele, y por ello ha decidido debilitarlo más, antes que intentar liquidarlo políticamente con un proceso judicial, como ocurrió en octubre del año pasado, preparando las condiciones para el avance definitivo del proyecto político autoritario y uniquista en tierras cruceñas.
La Asociación de Municipios de Santa Cruz le dio hasta el 13 de junio para que atienda un rosario de demandas de 53 alcaldías rurales, de lo contrario habrá más bloqueos de rutas en el departamento. Depende de Camacho, sus equipos de trabajo y su organización partidaria revertir la situación, reposicionarse y retomar la iniciativa política. Luego será tarde.
