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Los actos de los mal llamados “servidores” en realidad funcionarios públicos y de quienes aspiren a serlo como ha dejado resuelto la CORTE IDH; al razonar que en una sociedad democrática, tienen un umbral distinto de protección que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, se han expuesto voluntariamente a ese escrutinio más exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública (Ejs. Sentencias de los casos Kimmel Vs Argentina; Herrera Ulloa Vs Costa Rica o Palamara Iribarne Vs Chile).
Asi que amparado en esa su célebre línea jurisprudencial, le metemos no más a la vista de los últimos escándalos de aquellos que proporcionan abundante material y en cantidades industriales. Sin la menor posibilidad de exhaustividad, recurro a estos ejemplos: Los escándalos del bulín presidencial -piso o pieza #24 de la casa “del pueblo”- incluyendo el uso del vehiculo y chofer oficial para fines nada sanctos como sus encuentros sexuales incluyendo el resultante abandono de mujer embarazada e incumplimiento de asistencia familiar y hasta el sospechoso nombramiento en un alto cargo de la dama sin mérito académico o parecido alguno (salvando otros, que todos nos imaginamos); la pretensión de una ilustre desconocida parlamentaria que al final de su mediocre gestión apareció para khaykearse que la pobrecita no tendrá finiquito pidiendo que siquiera le regalen un celularsito flaman por la telefónica oficialista o por estos lares, el indigno uso que han hecho sus llunkhus -y se ha dejado hacer- del Gobernador cargado “grogy” de vuelta a su despacho con tal de recuperar el poder y evitar se sigan destapando sus aventuras y las de sus allegados, habiendo como primera medida de gobierno repuesto inmediatamente en un alto cargo a su novia; el “soto vocce” en el TSJ que uno de los impresentables auto prorrogados sólo aparece de vez en cuando por su despacho para firmar sus abundantes pendientes o el servicio al que fue puesta por su cacique la cuatricentenaria a una candidatura partidaria fracasada, sin contar el “auto bombo” que con nuestros recursos se hacen esos personajes en los medios y RRSS obligando en horas de trabajo indignamente a sus serviles para meterle “likes” a todo lo que sus marketineros publican y así sucesivamente podríamos continuar “sine die”; nos prueban más allá de toda duda razonable que aquello que el mata burros define como decencia: “Aseo, compostura y adorno correspondiente a cada persona o cosa. Recato, honestidad, modestia. Dignidad en los actos y en las palabras”, constituye un atributo completamente deficitario en el “servicio” público.
Esa demagógica fórmula del “ama sua, ama llulla y ama khella” quedó sólo en el “vivir bien” pero a costa de nuestros recursos públicos que al soberano el estado le esquilma mediante nuestros impuestos, que los giles pagamos a la vista de los “pendixs” que o no pagan o lo hacen apenas, amparados en su cercanía al poder partidario y su capacidad de movilización mediante el arte de la khaleadura, incluyendo dinamitazos, etc.
En la mayor parte de esos vergonzosos ejemplos sino en todos, se advierte flagrantemente esta constante: el uso, desviación y aprovechamiento de nuestros escasos recursos y bienes públicos con fines particulares; lo que constituye la más elemental de las definiciones de corrupción, como cualquier organismo especializado en la materia y legislación lo enseña y contempla.
Hasta la Ley del Estatuto del Funcionario Público de 1999, prevé entre sus principios el servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno y no se ría por favor, la honestidad y ética en el desempeño del servicio público. Incluso -no siga riéndose pues- les prohíbe realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones y utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, particulares o de cualquier otra naturaleza, que no sean compatibles con la especifica actividad funcionaria.
Es más, el temible Código Penal castiga con cárcel a quienes usan indebidamente sus influencias o cargo público para obtener beneficios personales o de terceros y también al servidor público qué por su función, destina recursos estatales (bienes, derechos, acciones o servicios) a un fin distinto al que estaban destinados, en beneficio propio o de terceros.
Así el estado del arte bastante vomitivo por cierto, queda claro que aquello del “servicio” público ha quedado pervertido en el uso de los recursos de la ciudadanía, siempre escasos además, para fines particulares incluyendo hasta los sexuales, familiares, de allegados, partidarios y otros que naturalmente distan y mucho del cacareado interés público, del pueblo u otras estrategias envolventes que en campaña y en sus shows oficiales, nos discursean, juran y prometen. Es más, pareciera que en la cruda realidad eso es lo único que les interesa: aprovecharse de la función pública mientras les dure metiéndole no más –“doctrina morales- aparentando el servicio al pueblo. Demagogia barata y nada más. ¿Será entonces evidente aquello de Lucio URTUBIA? Cuando sentenció que: “Jamás ha habido un ser humano decente que haya llegado al poder”. Espero estar equivocado…
