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Una vez más la Argentina se ha convertido, en un laboratorio económico observado con fascinación y escepticismo. Tras décadas de desórdenes fiscales, monetarios y cambiarios, el nuevo gobierno asumió con un diagnóstico ortodoxo y una promesa de ruptura: déficit cero, emisión monetaria nula y liberalización del sistema económico. El plan inicial mostró resultados rápidos —superávit primario, desaceleración inflacionaria, cierta recuperación de reservas— y generó expectativas de que, por fin, el país podría iniciar una senda de estabilización sostenida.
Sin embargo, en los últimos meses ese entusiasmo se ha transformado en inquietud y cambio de expectativas. Incertidumbre política creciente, con movimientos sociales, riesgo electoral y denuncias de corrupción, que han minado la credibilidad. Los mercados ensayan fugas defensivas, el riesgo país escala, las reservas netas del Banco Central vuelven a erosionarse, y el gobierno recurre a medidas tácticas —como reinstalar tributos transitorios— que contradicen parcialmente su programa. ¿Qué explica este giro? ¿Por qué una economía que parecía venir bien vuelve a tambalear?
El corazón del problema parece ser la desconexión entre la disciplina macroeconómica y la consolidación institucional. Si bien el gobierno logró imponer un importante ajuste fiscal, lo hizo en un marco político frágil y con escaso anclaje de gobernabilidad. La coalición oficialista no cuenta con mayoría legislativa, enfrenta resistencias sociales crecientes y depende de apoyos externos inestables. Así, cada avance fiscal o monetario queda expuesto al riesgo de reversión.
A esto se suma una segunda dimensión: el orden macro no ha venido acompañado de señales claras de sostenibilidad externa. Las exportaciones crecen lentamente, los sectores generadores de divisas aún no alcanzan escala suficiente, y la apertura financiera no ha traído el ingreso de capitales productivos que se esperaba. En lugar de consolidación, el resultado es un delicado equilibrio, sostenido por intervenciones cambiarias y apoyos multilaterales condicionados.
Pero quizás lo más crítico es la tensión entre la lógica del shock y los tiempos de la economía real. El ajuste fiscal ha comprimido el consumo, afectado al tejido productivo y acentuado la informalidad. Sin una recuperación de la inversión interna o una expansión del crédito, los efectos contractivos del programa pueden derivar en estancamiento, desgaste político y, eventualmente, una nueva fase de inestabilidad.
Argentina no enfrenta un problema técnico necesariamente —el diagnóstico macroeconómico del gobierno es en muchos aspectos correcto— sino uno de viabilidad política e institucional. El desafío no es sólo ordenar las cuentas, sino generar las condiciones para que ese orden sea creíble, sostenible y compatible con la vida económica cotidiana.
Sin esa articulación entre disciplina, gobernabilidad y expectativas, el experimento argentino corre el riesgo de repetir su historia: corregir los síntomas sin resolver las causas. Para pensar en lo que viene para Bolivia…
