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Juan Carlos Manuel, presidente de Comcipo y Marco Pumari, expresidente de la entidad, han sido aprehendidos y el Comité Cívico Potosinista ha quedado por ahora sin cabeza visible. El responsable del comité de movilizaciones, Ramiro Subia, se encuentra en la clandestinidad y Nelsón Gutiérrez, el vicepresidente del comité, se puso a buen recaudo.
El operativo policial persecutorio ejecutado con 2.000 policías solicitados por el Comandante Departamental de la institución del orden consiguió uno de sus objetivos: descabezar momentáneamente al Comité Cívico Potosinista y, con ello, sembrar terror en la Villa Imperial, pero también en otros departamentos abiertamente opositores como Santa Cruz.
Da la impresión de que el masismo estaría buscado retornar al escenario del “empate catastrófico”, aquel que entre 2008 y 2009 enfrentó duramente al gobierno nacional con la oposición de carácter regional, representada en ese entonces por la denominada “media luna” (Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando).
En la actualidad, Santa Cruz y Potosí han demostrado ser la columna vertebral del movimiento cívico nacional que arrinconó a la administración de Luis Arce dos veces en menos de un mes, propinándole en la última batalla una derrota política difícil de olvidar para los todopoderosos del MAS cuando se tuvo que abrogar Ley 1386.
Parece que ahora la intención política del oficialismo es descabezar, amedrentar y desarticular cualquier esfuerzo que surja detrás de la idea de que las expresiones regionales son las que mejor encarnan la posibilidad de enfrentar y vencer al masismo, por ahora en las calles.
Los potosinos, autoconvocados a una reunión de emergencia en la sede de Comcipo, tras los operativos persecutorios, determinaron realizar un cabildo abierto el próximo lunes y pedir al resto de las entidades cívicas adelantar el cabildo nacional previsto para el 15 de enero de 2022.
La respuesta podría ser efectivamente una anticipación del cabildo nacional que pretende reunir a tres millones de personas en las distintas capitales de Bolivia para mostrar al masismo que haga lo que haga, la mitad del país sigue sin rendirse ante el autoritarismo y la persecución.
Desde la perspectiva del oficialismo, este es el momento para impedir cualquier iniciativa de articulación opositora destinada a la desestabilización en un año, el 2022, que no se pinta favorable en lo económico y viene cargado de incertidumbre en cuanto a la permanencia de la pandemia en el país y sus efectos sobre la sociedad agotada de las restricciones a su cotidianidad.
La reactivación de la persecución para descabezar y amedrentar también ha producido efectos en escenarios de corto plazo como el escándalo de los ítems fantasmas que podrían complicar a figuras del masismo por las estrechas relaciones que mantuvieron con los dos anteriores alcaldes de la capital cruceña y que pudieron haberse beneficiado de los cobros a gente que nunca trabajó en la Alcaldía cruceña pero tuvo sueldos como personal permanente o eventual.
El caso de los ítems fantasmas llegó a un punto alto con la decisión fiscal de que la exalcaldesa Angélica Sosa pase a ser denunciada en un presunto acto de corrupción de dimensiones incalculables y que Percy Fernández, el exalcalde de gran popularidad, también haya sido tocado por los fantasmas del pasado inmediato.
Como ocurre con temas inesperados y de gran impacto, la persecución y la aprehensión de líderes cívicos de Potosí ha provocado que los reflectores de la opinión pública dejen de apuntar al escándalo que amenazaba con involucrar al masismo en la creación de ítems para personas que cobraban sueldos en la Alcaldía cruceño sin trabajar.
Dicho esto, queda esperar la respuesta del movimiento cívico nacional a la aprehensión de Manuel y Pumari, además de la persecución a otros dirigentes cívicos potosinos, y la actitud que asumirán dos actuales autoridades regionales salidas del comiteísmo cívico: el alcalde potosino Johnny Llalli y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
