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Luego de 14 años de perpetrada y cerca de una década de ser sistemáticamente encubierta por el Legislativo, el Ministro de Justicia anunció que la Masacre de La Calancha cuyo proceso penal espera autorización legislativa para juzgamiento, sería por fin abordada por la Asamblea Legislativa, junto con otros más de 20 procesos que duermen el sueño de los injustos en aquella instancia.
Ese repentino y misterioso desempolvamiento del proceso ha suscitado para algunos cierta esperanza que por fin, alguito de justicia podría finalmente lograrse si es que realmente avanzaría el caso y… diera con la verdad real de lo ocurrido pese al abundante tiempo transcurrido –tiempo que pasa verdad que huye, dicen los investigadores- y, para muchos entre los que estoy, nuevamente ha confirmado la asquerosa re victimización que el estado a través de los gobiernos que han venido administrándolo durante esos lapsos, ha impuesto al caso, simple y llanamente para perpetuar el encubrimiento de sus autores. Los materiales y los que les ordenaron y fueron beneficiados con lo ocurrido, logrando la aprobación en un cuartel de su flamante CPE.
Más allá que ya a nadie sorprende que un miembro del ejecutivo le marque públicamente la agenda a “otro poder independiente”, queda claro además que entregar cuestiones de orden jurisdiccional o investigativo, al legislativo donde por su eminente naturaleza priman las decisiones y la lucha partidaria así sea para esa simple autorización, constituye un absurdo jurídico pues los asambleístas no están en condiciones de garantizarle a nadie el Debido Proceso ya que proceden por consignas partidarias levantando la mano según les ordenan sus jefazos. No existen vestigios siquiera de algún análisis racional basado en la sana crítica de los elementos probatorios o siquiera consideraciones de justicia o equidad, sino la vida, honra o bienes de victimas e investigados, quedan sujetos a meros intereses partidarios y coyunturales.
En el caso concreto, ya anteriores administraciones del Ministerio Público que inauguraron su vergonzoso sometimiento al partido de gobierno, habían lavado convenientemente las diligencias investigativas, extrayendo indebida e ilegalmente a quienes teniendo el poder para hacerlo y así beneficiarse con la aprobación de la Constitución ensangrentada de La Calancha, ordenaron tamaña movilización policiaca con el uso de la fuerza bruta que causó la masacre: 3 chuquisaqueños asesinados y 400 heridos aprox., algunos de los que siguen sufriendo secuelas de por vida. Sus MMSS también movilizados desde la sede, huyeron como ratas apenas la cosa se les puso fregada.
Así el estado del arte: ¿Realmente habrá voluntad política –pues de eso se trata- para avanzar y juzgar el caso hasta dar con la verdad real de lo ocurrido y hacer justicia? Sostengo que para nada, lo único que ha ocurrido es que el ejecutivo con su apéndice que es el legislativo, pretende presionar de esa manera a algunos asambleístas que no puede hacerles levantar la mano, para que autoricen el juzgamiento de otros juicios de responsabilidades que ahora son de su interés –Ej: Janine Añez- y por tanto, continuando con la re victimización de las reales víctimas de la masacre de La Calancha, las está vilmente usando para sus fines partidarios.
Incluso de darse aquella tardía autorización para juzgamiento, la masacre de La Calancha a esta altura del sistemático encubrimiento estatal, previo aquel lavado de diligencias investigativas, a cargo de un Ministerio Público que en este tipo de casos –no generalizo, conste en obrados- ha perdido completamente su razón de ser como es la objetividad y un Judicial (Tribunal Supremo) que ha sido elegido precisamente por la mayoría del partido de los que perpetraron la masacre (pues las “elecciones” judiciales las perdieron por goleada), resulta completamente improbable que estén en condiciones materiales de hacerle justicia al caso concreto. Solo cambiaría de victimizador.
Entonces ese repentino cambio radical de postura luego del sistemático encubrimiento, sólo busca forzar la autorización legislativa para los casos que si son ahora de interés del gobierno y mantendrá la re victimización de los masacrados hace laaargos 14 años, cambiando de re victimizador si finalmente se autoriza el juzgamiento, pero hacerle justicia al caso concreto… El viejo CARRARA había sentenciado: “Cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la Justicia sale disparada por la ventana”.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
